Créditos e infraestructura para sostener la actividad productiva. Por ahí parece caminar la estrategia del gobierno provincial para aguantar la crisis y sentar las bases de un despegue cuando, eventualmente, cambie el ciclo económico. Con una moderada expectativa de tocar piso tras el derrumbe de la producción industrial y la construcción, desde la administración de Maximiliano Pullaro buscan acelerar una serie de iniciativas que converjan con ese objetivo. Esto incluye la negociación de nuevos créditos internacionales para financiar obras de infraestructura, próximos anuncios para ampliar la red de gasoductos en Santa Fe, la ampliación de la oferta crediticia para las empresas, rondas de negocios para ganar mercados en otras provincias y otros países y la confección de un nuevo pliego de licitación para el puerto de Rosario.
Un capítulo de este programa se desplegó durante la intensa agenda de reuniones que tuvo el gobernador durante la última semana en Buenos Aires. Acompañado por los ministros de Economía, Obras Públicas y Producción, intentó destrabar un conjunto de temas pendientes con la Nación. Desde el financiamiento de la Caja de Jubilaciones hasta la reparación de las rutas nacionales y la “cesión” de la gestión de los accesos viales a puertos, pasando por la posibilidad de acceder a créditos de organismos internacionales que la Nación no tomará porque tienen como contrapartida planes de inversión pública.
La suerte de esas conversaciones fue dispar. En materia de las obras públicas nacionales, y a pesar de los acuerdos firmados a mediados de junio para retomar y/o traspasar a la provincia los proyectos que el gobierno de Javier Milei dejó de financiar, las propuestas chocaron contra los problemas de gestión que enfrenta la administración nacional.
Cierto entusiasmo surgió de la reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien se mostró interesado en acelerar el diseño propuesto por Santa Fe para que le ceda la potestad de hacer obras y gestionar a través de un sistema de peajes los tramos de las rutas nacionales que llegan al cordón agroexportador. Esto es parte del plan que tiene la administración santafesina para mejorar y ordenar ese caos de logística y transporte. En definitiva se trata que la Nación firme un decreto que habilite esa suerte de traspaso del mando para que sea el Estado subnacional el que se haga cargo de las obras. La fórmula parece sencilla pero no lo es.
Los funcionarios que acompañaron a Pullaro dicen haber encontrado en Caputo un interlocutor con capacidad de decidir sobre la agenda que plantea la provincia, siempre y cuando no signifique un desembolso de plata de la Nación. En ese aspecto, una de las conversaciones que más los entusiasmó fue la posibilidad de gestionar créditos de organismos internacionales, como la ex CAF y el BID para obras de infraestructura. Hay convenios por unos u$s 1.500 millones que tienen como contrapartida planes que el gobierno nacional no tiene, y que podrían ser utilizados por las provincias. Para eso, necesitan autorización de la Nación, en tiempos en que los dólares escasean.
Gasoductos en Santa Fe
Santa Fe aspira a conseguir por esa vía unos u$s 400 millones que, en buena parte, irían a financiar el tendido de seis gasoductos para conectar a los troncales que atraviesan la provincia y llevar el fluido a decenas de localidades del centro y sur provincial. Es un plan que comenzó a idearse en la gestión de Antonio Bonfatti como gobernador y que, durante la administración Lifchitz, llegó a la etapa de confección de los pliegos. “Es el proyecto que está en condiciones de comenzar más rápido y, además de beneficiar a los usuarios domiciliarios de las localidades que va a abastecer permitirá ampliar la infraestructura para las industrias”, señalan desde la cartera productiva de la provincia, dentro de la que se creó desde el inicio del mandato un sector destinado a articular con Obras Públicas los trabajos relacionados con el sector productivo. En ese sentido, consideran clave el tema energético y, en esa línea, buscan avanzar también en la gestión de la EPE, bajo su órbita, para ampliar la conexión de las empresas a la red eléctrica. Pronto anunciarán líneas de crédito para ello.”La industria de Santa Fe necesita potencia”, señalan casi como una consigna.
En rigor, hoy gran parte de la industria santafesina está trabajando a un nivel muy inferior a su capacidad instalada, producto de la crisis. No es mucho lo que pueda hacer el Estado provincial para revertir ese drama macroeconómico pero, mientras confían en una reversión del ciclo económico, construyen herramientas de contención que, a su vez, sirvan de plataformas para tiempos mejores.
Créditos para obras
En ese sentido, las pocas respuestas nacionales que encuentran en materia de flujo de fondos e infraestructura, crecen en buena proporción a la hora de articular un menú de oferta de créditos para que las empresas santafesinas tengan acceso al crédito para inversión y, fundamentalmente en la actualidad, capital de trabajo. Ya hay acuerdo con el Banco Nación para sacar una nueva ronda de préstamos con subsidio provincial de la tasa, y con el Bice para avanzar en una línea para el sector lechero.
Esto se complementa con el menú de créditos del Banco de Santa Fe y un esquema de financiamiento territorial basado en las 22 agencias de desarrollo y fondos rotatorios armados con municipios y comunas. En algún momento, todo ese entramado formará parte de un fondo de desarrollo productivo.
La crisis y las inversiones
El combo ofertista sirve para aguantar en un contexto de caída vertical de la demanda. Hay cierto optimismo dentro del área de Industria de la provincia de que el derrumbe de la actividad estaría tocando un piso. Así lo recogieron, dicen, del contacto permanente con algunos de los rubros que enfrentaron las situaciones más límites en la primera mitad del año, como el mueble y la línea blanca. En este mapa, calzado y textil siguen en un rojo vivo, mientras que la maquinaria agrícola tuvo un moderado repunte desde Agroactiva.
Un dato relevado por la Secretaría de Desarrollo Industrial en la primera mitad del año es que entraron pedidos para acogerse a los beneficios de la promoción industrial santafesina por el equivalente u$s 824 millones. Los orígenes de estos expedientes son proyectos de inversión de distinta envergadura. Desde esa dependencia también aseguran que el porcentaje de caída del empleo es menor que en otras provincias, por la decisión de sostener la obra pública local. Y consideran que, con el saneamiento y crecimiento logrado en la bonanza de 201 y 2022, las empresas productivas de Santa Fe no arrastran mochilas que las puedan llevar a la insolvencia. Sin dejar de ser una situación compleja, no ven en esos ámbitos “el riesgo de una destrucción de la actividad industrial en la provincia”.
Parte de la estrategia de contención construida desde el Ministerio de Producción es la promoción de comercio exterior y la inserción de las empresas locales en la cadena de proveedores de los escasos sectores que hoy muestran expansión: petróleo, gas y minería.
Al mundo y más acá
Hay ya un centenar de empresas santafesinas, entre metalmecánicas, constructoras y de otros rubros, que están proveyendo bienes y servicios a esos segmentos. La mesa que los nuclea tiene previsto realizar a mediados de agosto una rueda de contacto con las grandes empresas de ese segmento, para ampliar las posibilidades de negocios.
En materia de comercio exterior, la gran apuesta de este año es la misión inversa organizada para septiembre. En ese ámbito, las empresas locales tendrán contacto con potenciales compradores de 30 países que hoy son destino de exportaciones santafesinas. Fiel a su estilo, Pullaro navegó entre la gran grieta global y visitó en un mismo viaje a Buenos Aires a los embajadores de China y Estados Unidos. Parte de las agendas tuvo que ver con la promoción de estas jornadas.
Hidrovía y puerto
No lejos de los entretelones de la geopolítica internacional, los funcionarios provinciales también tuvieron conversaciones con los contactos nacionales encargados de llevar adelante una nueva licitación internacional para concesionar los trabajos de dragado y mantenimiento en la hidrovía. Como es característica de la administración Milei, se llevaron la promesa de que está próximo a firmarse un decreto autorizando los primeros pasos destinados a la confección de un pliego, y el compromiso informal de tener presente a la opinión de la provincia en ese proceso.
Mientras tanto, también a la vera del río, en el Ministerio de Producción comenzarán a trabajar en breve en la confección de un pliego para convocar a una licitación para concesionar las terminales portuarias de Rosario uno y dos, que hoy gestiona TPR.
El contrato de concesión vigente culmina en 2032 y el incumplimiento de las inversiones comprometidas por la empresa fueron motivo de objeción tanto por el gobierno anterior como por este. La concesionaria ofrece invertir a cambio de una extensión del contrato. Para la provincia no hay antecedentes que avalen que esa promesa se cumpla y, de hecho, está en estudio la situación legal por los incumplimientos. Para la administración provincial, el grupo que controla la terminal “se jacta de ser uno de los más importantes y eficiente del mudo pero parece que no tiene interés en trabajar así en el puerto de Rosario”. En este proceso, no se descarta el escenario de una salida anticipada.
A diferencia de lo ocurrido en otros distritos, en el gobierno de Santa Fe señalan que no recibieron una exigencia del gobierno nacional para adherir al Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (Rigi). La falta de adhesión al polémico régimen aprobado con la ley Bases fue la excusa utilizada para birlarle un preproyecto de inversión en una planta de GNL a la provincia de Buenos Aires. Pero a Santa Fe esa presión parece no haber llegado por ahora. En cambio, señalan los funcionarios santafesinos, prestaron oídos a una serie de recomendaciones que desde la cartera productiva provincial acercaron para mejorar a posición de las pymes nacionales como proveedoras de esos emprendimientos. También llevaron a Buenos Aires sugerencias para el nuevo proyecto de ley pymes que el Ejecutivo nacional elabora para presentar al Congreso.
La hidrovía Paraná-Paraguay.
