“Además de seguir las acciones en el plano judicial, debe haber un abordaje de la crisis provocada por el default de Vicentín en el plano económico y social, y eso es tarea de los gobiernos nacional y provincial”. Así lo señaló el director del Banco Nación de la Argentina Claudio Lozano luego de reunirse con los legisladores de distintas comisiones en la Cámara de Diputados de la provincia. Durante una entrevista con La Capital, el economista que denunció las irregularidades en el tratamiento crediticio de la entidad oficial con la cerealera santafesina, pidió ir a fondo con las investigaciones administrativas y en el ámbito de la Justicia para determinar las responsabilidades de lo que considera “una clara maniobra fraudulenta”.
“Aportamos a los legisladores provinciales la información relacionada con la situación del banco en este tema”, explicó Lozano, en referencia a los préstamos por $ 18 mil millones que le fueron otorgados a la compañía agroexportadora, y que ahora quedaron entrampados en el concurso preventivo abierto por la Justicia en Reconquista.
La crisis, subrayó, fue precipitada por “un grupo empresario que no forma parte de los perdedores del modelo económico anterior, que tuvo un crecimiento superlativo de su facturación, que en 2015 ocupaba el puesto 19 dentro del pelotón de las primeras 200 empresas argentina y en 2019 ocupó el puesto número 6, y que pasó de ser la cuarta agroexportadora a la primera”.
Sus balances, prosiguió, muestran una expansión positiva de las utilidades. De modo que “resulta increíble que, con los indicadores de evolución que tiene, a partir de agosto de 2019 haya dejado de pagarle al Banco Nación y a partir de diciembre haya defaulteado con todos sus acreedores”.
Lozano está convencido de que “hay irregularidades del lado de la empresa y de la anterior administración”, que encabezaba Javier González Fraga. Y de que existió “una maniobra de carácter fraudulento, que amerita una investigación en profundidad”.
“Estamos hablando de exportaciones entre empresas vinculadas, una operación que tiene como destino triangular y liquidar menos retenciones, subdeclarar exportaciones y utilidades”, apuntó. Y señaló que “este mecanismo irregular está acompañado de otro mecanismo totalmente irregular al interior del Banco Nación, por el cual, en función de la relación de los dueños de la empresa con Macri, el directorio permitió un trato privilegiado”.
Este trato preferencial “provocó que una empresa que dejó de pagar en agosto de ese mismo año haya recibido primero un crédito de u$s 61 millones y después otro de u$s 43 millones en noviembre de 2019”. Y también que no se haya ejecutado “la garantía a la cual estaba afectada la cuenta de la empresa en la sucursal Reconquista del Banco Nación, y en la que había casi u$s 800 millones”.
—¿En qué estado están las distintas investigaciones y auditorías abiertas sobre este tema?
—Hay que ir a fondo a una investigación. A través de la Afip necesitamos conocer con claridad las propiedades, bienes y participaciones accionarias de todos los que son dueños de Vicentín. A través de la Inspección General de Justicia hay que ver el entramado societario, y la Unidad de Información Financiera debe auscultar las operaciones en el exterior. La Aduana de San Lorenzo intimó a la empresa por subdeclarar exportaciones, que es un delito. La causa penal abierta por el crédito del banco fue presentada por un particular, no por la entidad, aunque que se basa en el informe nuestro. Sí presentamos la documentación que nos reclaman y vamos a colaborar en todo. La auditoría es para deslindar las responsabilidades de la línea gerencial y del directorio anterior. Y en función de los resultados veremos la necesidad de encarar acciones legales o hacer una presentación ante la oficina anticorrupción.
—¿Qué plan de pagos ofreció la empresa?
—Luego de que esto tomó visibilidad pública, Vicentín abandonó esta suerte de default en la que no hablaba con nadie y comenzó a presentar propuestas a productores y al banco nación. Hasta el momento no han sido satisfactorias. Y esperamos que sigan mejorando las alternativas que ofrecen.
—¿Cómo queda la situación para el BNA tras la apertura del concurso de Vicentín?
—Nos presentamos, verificamos nuestros créditos. Vamos a trabajar para que el banco tenga el mejor resultado porque esos 18 mil millones de pesos son muy importantes para financiar las pymes. Hace dos semanas pusimos en marcha una línea de financiamiento a pymes por $ 10 millones pesos, el 50% de lo que llevó Vicentín. El banco quiere recuperar su dinero porque el grupo tiene la capacidad de afrontarlo. Pero insisto en que es un tema lo suficientemente serio que excede este tema. Tanto desde las áreas que tienen que ver con la producción de la Nación y de Santa Fe deben seguir el caso. Este tema no debería quedar únicamente en el ámbito del manejo de la justicia y los negocios. Hay que intervenir con cuidado. Hay que garantizar las fuentes de trabajo. No hay ninguna razón para que se discontinúe una empresa de esta naturaleza. Hay que distanciarse tanto de la idea de que la deuda de Vicentín sea asumida por el conjunto de los argentinos, así como de una solución que pase por una mayor extranjerización del comercio de granos. Para que esto no ocurra tiene que haber un tratamiento político del tema y esto excede al Banco Nación. Implica la intervención del gobierno provincial y nacional.
