Las batallas laborales de la era Macri tiene pocos ganadores

Las batallas laborales de la era M tienen, como en la economía misma del país, pocos ganadores y un sinfín de perdedores. Con una reforma laboral no legislada pero sí ya en marcha, la vulnerabilidad de los trabajadores queda expuesta con cada atropello a los contratos de trabajo, paritarias a la baja, recortes, achiques, incumplimientos salariales, desguaces, retiros sin atractivo alguno y despidos implementados bajo una metodología descarnada.

Referentes de base de algunos de los conflictos más sonantes de los últimos dos años y ocho meses tanto en el ámbito público como privado refieren su experiencia desde la trinchera y coinciden en que el gran aprendizaje que les ha dado la lucha es la desconfianza en el gobierno y en la clase empresaria. Ya convencidos de que la gestión macrista nunca tuvo un plan de crecimiento sino de especulación financiera, delegados y dirigentes consultados coinciden en que es necesaria más que nunca unidad de los trabajadores, el reclamo multisectorial y la necesidad de empoderarse y sostener la lucha.

La política de achique en el sector público, viene acompañada de un desguace, maltrato, desprestigio, quita de beneficios, tercerización y hasta persecución. "Entendemos que el país está transitando sin un rumbo definido, el escenario de desconfianza generalizado se evidencia en la calle, y la baja del consumo ya no se puede esconder. Por otro lado, la devaluación, inflación e incertidumbre ponen a los asalariados en una situación de vulnerabilidad total. La suba de tarifas de los últimos meses ha terminado de cerrar ocho meses devastadores para las economías de nuestras familias", analizó Gerardo Maisler, trabajador del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) y delegado de ATE Rosario.

Por otro lado, "la paritaria a la baja en todo el Estado nacional, el maltrato y desprestigio de parte de las autoridades y el ofrecimiento de retiros voluntarios (aunque en pocos meses ya perdió su atractivo económico), hace que muchos se sientan empujados fuera del Inti; pero a su vez ven que en el mercado laboral privado la situación se tornó también muy complicada, por lo tanto cuesta encontrar oportunidades laborales, tanto en relación de dependencia como emprendimientos particulares, para los cuales estamos preparados debido a la capacidad y experiencia profesional adquiridas", señaló el dirigente.

El retroceso

En ese contexto, "inicialmente se luchó por lo salarial, luego para defender derechos y ahora directamente para intentar conservar los puestos de trabajo y lograr la reincorporación de los despedidos arbitrariamente. Ahí está la diferencia: antes se luchaba y conseguía una mejora salarial que acompañaba un poco a la inflación, junto con otros derechos, y se daba en un marco de tolerancia y diálogos. Hoy en día estamos resistiendo para que no nos dejen en la calle, en alerta para que no modifiquen los convenios y al menos poder subsistir", resumió el delegado.

A la hora de mencionar aprendizajes en este marco casi bélico, "uno muy interesante fue empaparse de la realidad del propio instituto: qué hace, para qué sirve y qué pierde la sociedad con su desguace. . Quizá en tiempos más 'tranquilos' habíamos perdido esa práctica de reconocer y difundir la importancia del Inti. No nos mirábamos al espejo, no reconocíamos nuestra importancia ni nuestras potencialidades".

"También conocimos los métodos y estrategias de este gobierno para intentar doblegar al conjunto de trabajadores, al ver cómo se replicaba una especie de 'manual de tácticas' en todas las dependencias y organismos nacionales. Fue así como se fueron sumando compañeros de otras instituciones de ciencia y técnica, facultades, políticos, prensa, referentes sociales y cámaras industriales, que empatizaron con nuestra situación y se sintieron identificados", valoró Maisler.

Senasa

En otro organismo público, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, "hay en promedio 70 y 80 bajas de contratos cada tres meses en todo el país y 300 en lo que va del año, de personal que está a un pasito de ser planta permanente. Aquí la lucha pasa por sostener el empleo", denunció Víctor Degirolamo, secretario general de la Junta Interna de ATE Rosario Senasa.

Además, en el organismo "venimos sufriendo desde hace dos años un proceso de recorte, de achique de presupuesto que lleva puntualmente a que las tareas se vayan perdiendo y tercerizando, como las tareas de control de algunos subproductos que ya pasó a manos privadas. Se da así el cierre de oficinas locales", señaló el dirigente.

"En otros años hacíamos medidas de fuerza o asambleas en algún centro regional o en la casa central, y en pocos días el gremio tenía una entrevista con la patronal. Podíamos llegar y manifestar el problema y se solucionaba. Hoy hemos tomado el organismo, hemos hecho paros, pero no se llega al diálogo. En estos más de dos años de gobierno, nos hemos sentado a hablar como mucho tres veces y no podemos creer nada de lo que nos dicen: aseguran que no habrá despidos y a los dos meses, despiden. En Senasa no sobra nadie", enfatizó Degirolamo.

Conicet

En el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), donde hubo 500 despidos de un solo saque en diciembre de 2016, aumenta la precariedad laboral con el recorte de los subsidios, de proyectos de investigación y del presupuesto. "No hay dinero para insumos ni equipamiento. El deterioro salarial es notable con una paritaria miserable (15%) que a la mayoría de los trabajadores que somos becarios, técnicos y contratados no nos alcanza: tenemos sueldos que están cerca de la línea de pobreza", renegó Martín Leonard, afiliado y militante de ATE Rosario en el organismo.

"La mayoría de los administrativos son contratados y a los becarios, que no integramos formalmente de la planta del Estado y llevamos una lucha histórica para que nos consideren trabajadores, no quisieron aumentar, siquiera ese 15%, aunque tras una ardua pelea se nos ha otorgado una parte. Esta precariedad laboral la venimos denunciándola desde hace rato, incluso desde el gobierno anterior. Y ahora por decreto presidencial, han recortado la posibilidad de hacer horas extras que permitía a algunos compañeros llegar al menos a 13 o 15 mil pesos", denunció el referente.

Por todo ello, "los trabajadores de ciencia y tecnología hemos salido a la calle a denunciar esta situación, a pelear por nuestros derechos y la posibilidad de hacer ciencia pública de calidad para el país, mediante paros y movilizaciones, ferias de ciencias en espacios públicos, volanteadas, ruidazos dentro de los institutos, choripaneadas, ollas populares".

Históricamente "hubo organización gremial dentro del Estado y en particular en el Conicet. Siempre hubo cosas por las que pelear y derechos por defender o conquistar. Pero hoy notamos que el mayor problema es el recorte del presupuesto, lo cual nos lleva a una situación crítica", alertó Leonard.

En la historia de esta lucha, Leonard destacó el alto grado de involucramiento y compromiso no sólo de los militantes de ATE dentro del organismo científico sino de todos los compañeros. Es que "si no nos movilizamos y peleamos como trabajadores del sistema público, no tenemos nada garantizado. Perdemos cada vez más derechos y se deteriora la posibilidad de hacer ciencia en el país", advirtió.

"Desde el gremio debemos fomentar esta necesidad de sentirnos trabajadores: el hecho de estar en un ámbito científico no nos otorga un aura inmune a los problemas sociales. Vivimos de un sueldo que depende del Estado y desde ese lugar debemos solidarizarnos entre nosotros, como trabajadores, y otros sectores de lucha y salir a pelear por esto, además de disputar nuestro rol en la sociedad y pensarlo críticamente", remató.

Fabricaciones Militares

Fabricaciones Militares, una de las empresas estatales más castigados por cientos de despidos, vaciamiento, recorte de presupuesto y quita de beneficios, fue noticia nuevamente en estos últimos días ante una nueva tanda de desvinculaciones, 49 de éstas en su planta de Fray Luis Beltrán. Pese a tener más de 15 años de antigüedad, los despedidos son contratados. Hoy quedan en esa fábrica 309 empleados, de los cuales apenas entre 25 y 30 están en planta permanente.

Precisamente el blanqueo de los trabajadores fue la deuda pendiente del gobierno kirchnerista, que de todas maneras "logró entre 2005 y 2015, la reactivación productiva y ampliación de la plataforma de personal, después de los despidos de 1996", recordó Fernando Peirano, trabajador de la planta beltranense y delegado gremial.

"La producción hasta el 2017 fue llevada a cabo con el stock de insumos y materia prima de la anterior gestión. Desde diciembre del 2015 se fueron recortando inversiones vitales, se dejaron de tramitar convenios con las provincias para la compra de nuestros productos, viene todo importado de China, Estados Unidos, e Israel", detalló Peirano entre una serie de denuncias por precarización, flexibilización y falta de seguridad en lo que se sospecha como una maniobra para privatizar el rubro.

Desde 2004, la lucha pasa por el pase a planta permanente, el blanqueo de dinero en negro, pelear por puestos y por planes productivos, por fomentar el compañerismo porque la patronal divide. Se siente mucha tristeza porque juegan con la necesidad de los trabajadores, con el miedo, la desidia, la polifuncionalidad, los aprietes psicológicos, la incertidumbre y todo lleva a un desgaste. No estamos hablando de una fábrica de caramelos sino de explosivos, con la peligrosidad que ello implica".

"El gran aprendizaje de todo esto es que no podés confiar en nadie. Las patronales tienen un ADN que no piensan en el trabajador. Hay que luchar: la unidad y organización es necesaria, porque el sálvese quien pueda es el mejor método que tienen para implementar sus medidas. Debemos aprender a ser más duros y firmes con algunas cosas. Ese es el camino", remató Peirano.

Industria en crisis

Referentes de batallas laborales en el ámbito privado hacen un llamamiento a la reflexión y a un mea culpa. "Cómo llegamos a esto? ¿Cómo no tuvimos la fuerza o para competirle al marketing de la derecha, que llevó a que muchos compañeros a los que los afecta todo esto la hayan votado, y que hay muchos incluso que no sé si cambiaron de postura?", inquirió Marco Pozzi, delegado del sindicato de Aceiteros y referente de la lucha por la reincorporación de 45 despedidos en las plantas de Alvear y Villa Gobernador Gálvez.

El dirigente apuntó directamente al individualismo "que cala hondo".

"Como dirigentes nuevos debemos prestar más atención a eso: un trabajador no puede votar a la derecha, a los empresarios, a los patrones, no puede salir nada bueno de eso, nada colectivo. Hay una clara persecución a los que menos tienen para sacarles el mayor jugo posible, para mantener el bienestar de una clase social muy reducida y van por una destrucción del empleo con un ataque al trabajador público y privado", disparó.

Silvio Acosta, delegado gremial de la CTA Autónoma Villa Constitución y miembro de la comisión interna de Acindar, recordó que "muchos compañeros de la fábrica votaron a este gobierno".

"Hoy muchos dicen que no lo votaron para esto, que se equivocaron, que nos está llevando al abismo", agregó. Y describió que "empieza a sonar más fuerte la necesidad de enfrentar y defender nuestros salarios y puestos porque claramente la reforma laboral no es algo que quedó en el pasado, sino que ya está vigente".

"Hace mucho tiempo que se viene implementando por rama y el gobierno lo que quiere es que quede bajo un andamiaje legal para aplicarlo en todos lados", advirtió Silvio Acosta, delegado gremial de la CTA Autónoma Villa Constitución y miembro de la comisión interna de Acindar, que en Rosario concretó 150 despidos y cerró la planta Navarro. En los dos últimos años se contabilizan 2.500 puestos menos en el sector metalúrgico de Santa Fe, principalmente en la línea blanca, agrícola y carroceras).

"La comisión interna de Villa Constitución tiene una lucha de años y muchas conquistas dentro de la empresa y de la seccional. Producto de esa lucha de muchos compañeros, incluso desaparecidos durante la dictadura, ese sentimiento lo tiene el trabajador villense y es importante que entienda que hay que defender estos derechos logrados. También es bueno valorar y tomar la pelea de los aceiteros y los docentes, por ejemplo", destacó.

"A diferencia de otros años, cuando cada sector impulsaba lo suyo, hay que aprender a unificar los criterios y saber quién nos quiere barrer. Dejar de lado algunas diferencias que tienen que ver con la política en general y entender que el gobierno tiene 200 funcionarios que son miembros de empresas multinacionales. Claramente quieren hacer negocio y vienen por las conquistas del movimiento obrero. Nuestra tarea por eso es lograr la más amplia unidad para defendernos. Es importante el papel que va a jugar cada gremio para ir a fondo en esta discusión. Porque en este caso, nos une el espanto", remató Acosta.