El juez federal Rafael Stinco aceptó el pedido de la Superintendencia de Salud. Involucra a 23 firmas. Deberán acreditar lo que cobraron de más
Heterodoxia. El ministro de Economía, Luis Caputo, fue el primero en el gobierno en advertir el impacto de la desregulación en la base electoral del oficialismo.
La Justicia le dio luz verde a la cautelar que había impulsado el Ministerio de Salud, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, y ordenó a las prepagas limitar los aumentos de las cuotas a la evolución del Indice de Precios al Consumidor (IPC).
El juzgado civil y comercial federal Nº 3, a cargo del juez Juan Rafael Stinco, aceptó el pedido de la Superintendencia y dejó sin efecto los aumentos desde el 1º de diciembre en adelante.
Además les ordenó a las empresas retrotraer los valores de la cuota a ese momento y, desde allí, aplicar los aumentos de acuerdo al índice de inflación.
Además, el magistrado ordenó que lo pagado en exceso quede como crédito a favor de los usuarios. Y les fijó a las prepagas un plazo de cinco días para que presenten un plan donde digan cómo le van a devolver lo cobrado de más a la gente.
El impacto de la medida alcanza a un universo de 23 empresas que estaban en la cautelar de la Superintendencia, las cuales representan el 95% de los usuarios de entidad de medicina prepaga.
Un día antes, el gobierno había detallado cómo se deberán ajustar las cuotas de la medicina privada: el valor de cuota de referencia para la aplicación de los aumentos máximos será el correspondiente a la cuota de diciembre de 2023, independientemente de su fecha de pago o facturación.
Estos valores no podrán superar la cuota del plan de salud médico asistencial del mes de diciembre de 2023 multiplicada por (1 + la variación porcentual entre el Indice de Precios al Consumidor nivel general con cobertura nacional elaborado por el Indec vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo índice correspondiente a diciembre de 2023), indicó la Secretaría de Comercio.
De esta manera, para calcular el valor máximo de la cuota actual (dependiendo el caso podría ser de abril o de mayo), se deberá aplicar un ajuste, cómo máximo del 93,3% para la cuota de abril (es decir la inflación acumulada entre los meses de noviembre a febrero). Mientras que para la cuota de mayo se deberá aplicar como máximo un ajuste del 114,6% (es decir, la inflación acumulada en los meses de noviembre a marzo).
Por ejemplo, si la cuota es de abril, se deberá multiplicar el valor de la cuota de diciembre por 1,933 (si la misma se facturó después del 17 abril). Si la cuota es de mayo se deberá multiplicar el valor de la cuota de diciembre por 2,146.
El gobierno aclaró que si se comprueba el incumplimiento por parte de las empresas de medicina prepaga “se aplicará una multa diaria equivalente al 0,1% de la facturación del grupo económico, de acuerdo a lo establecido en la ley de defensa de la competencia.
Cabe recordar que el origen del enorme aumento de las cuotas de la medicina prepaga fue el decreto 70 que firmó el propio presidente Javier Milei, bajo la hipótesis de que la desregulación de precios permite que el mercado encuentre un equilibrio virtuoso entre la oferta y la demanda de financiamiento para las prestaciones de salud.
De hecho, la decisión de Stinco significó un salvavidas para el gobierno, que había encontrado resistencia en el Poder Judicial para conseguir un fallo favorable para la presentación de la Superintendencia de Salud. Es que ante cada aumento anunciado desde diciembre, las empresas de medicina prepaga indicaban que lo hacían debido a la decisión tomada vía decreto de necesidad de urgencia.
En ese sentido, la jueza Mercedes Maqueira se había declarado incompetente al sostener que la presentación oficial debía sumarse a un proceso colectivo que reclama la inconstitucionalidad de dos artículos del megadecreto. O sea, transformarse en una presentación del Ejecutivo contra sus propias medidas.
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Más de tres mes después de liberar los precios del sector, y ante el espanto de los clientes por los aumentos de las prepagas y el creciente malhumor de un sector que forma parte de la base electoral de LLA, el ministro de Economía, Luis Caputo, guardó los libros libertarios e intervino en el mercado. Primero dijo que las empresas se sobregiraron con la devaluación y el cambio de modelo económico, y luego tomó una presentación de la Coalición Cívica ante la Comisión de Defensa de la Competencia, para presionar a las firmas a que moderen los incrementos.
Esa decisión lo enfrentó con uno de los gurúes que más escucha el presidente, el economista Federico Sturzenegger, quien le vendió a Milei su programa de desregulación total de la economía. Es el que guio el megadrecreto de diciembre y el proyecto de ley Bases, que recién obtuvo media sanción en Diputados la semana pasada luego de haber sido recortada en un 75%.
Una moderación en el valor de las cuotas de la medicina prepaga es funcional a la intención del ministro Caputo de presentar un sendero de desinflación luego del fogonazo de precios provocado por su propia devaluación. Con ese objetivo, que a su vez es clave para ganarse la confianza del FMI, atrasó el tipo de cambio, administró las subas de tarifas, abrió importaciones y presionó a las cadenas de supermercados para modificar sus promociones.
Por Juan Iturrez
