Hebe de Bonafini reclamó la detención de dirigentes agropecuarios
La presidenta de la Asociación de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, pidió esta
mañana a la Justicia que ordene la captura de los cinco dirigentes ruralistas que
lideran la protesta del campo contra la política agropecuaria del Gobierno nacional.
10 de junio 2008 · 10:49hs
Buenos Aires-
La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini,
pidió hoy a la Justicia que ordene la captura de los cuatro dirigentes de la Mesa de
Enlace rural y el entrerriano Alfredo De Angeli porque, según dijo, “incitan a la
violencia” y “utilizan perversos métodos terroristas”.
El pedido consta en una denuncia por supuesta “asociación
ilícita” contra De Angeli, Eduardo Buzzi, Fernando Gioino, Mario Llambias y Luciano
Miguens, que un abogado en representación de Bonafini presentó esta mañana en la Cámara
Federal y, luego del sorteo de rigor, recayó en el juzgado de Claudio Bonadio.
“Ejercen acciones tendientes a desestabilizar al Gobierno nacional,
tal como fue tradición en las entidades que presiden”, sostuvo Bonafini, que en ese
punto no hizo distinciones entre la Sociedad Rural y las cooperativas de Coninagro y la
Federación Agraria, la cual nació como entidad exigiendo una reforma agraria.
La titular de la Asociación consideró que los dirigentes rurales “como
lobos hambrientos pretenden dirigir la economía nacional por el derrotero de sus ganancia
personal desdeñando el bien común”.
La madre de dos desaparecidos en la dictadura militar también acusó a los
ruralistas de organizarse en grupos “articulados celularmente”, que utilizan
“perversos métodos terroristas” y desde los cuáles, acotó, “incitan a actos
de violencia”.
Según Bonafini, los titulares de gremios de agricultores y hacendados
“no desdeñan la diatriba y la extorsión lisa y llana” contra el gobierno, así
como, según su visión, “se han alzado para impedir la ejecución de normas
constitucionales”.
Por todo ello, la presidenta de la Asociación reclamó a la Justicia que
ordene “la detención de los denunciados y sus cómplices”, y que “sean
condenados a 15 años de prisión”, aunque el Código Penal establece de tres a diez años
de cárcel por el delito de asociación ilícita.