El gobierno, el dólar y las paritarias del mercado

La experiencia mata al relato. Las teorías de la crisis asintomática heredada y del crecimiento invisible alcanzado sucumben contra la reaparición de un viejo fantasma: una crisis cambiaria derivada de una extrema tensión del sector externo, potenciada, a su vez, por un endeudamiento demencial cuyo destino fundamental fue financiar una fuga masiva de capitales.

La mítica "salida del cepo", como se llamó a la primera megadevaluación del gobierno de Mauricio Macri y al inicio de la desregulación total del mercado de capitales, fue un éxito para los ceócratas embuchados de dólares atesorados en el exterior y para las corporaciones que representan dentro del gabinete. El costo fue construir, sobre algunas tensiones puntuales del anterior modelo económico, un crisis de proporciones que no se puede atribuir a otra razón que las decisiones de política económica tomadas por la actual administración.

El vertiginoso endeudamiento externo es un ejemplo concreto, y clave, de esa responsabilidad. Heredero de una economía desendeudada, sólo el gobierno nacional emitió deuda por más de 70 mil millones de dólares en dos años, una cifra apenas superior al volumen de dólares fugado en el mismo período. Y por ese nivel de endeudamiento, el déficit de cuenta corriente se triplicó en los dos años del macrismo. La cobertura de esa salida explica más la política de reendeudamiento que el financiamiento del déficit fiscal primario. De hecho, la reducción de subsidios a la población y el recorte de obra pública, que achicaron el déficit primario, tienen como contracara el aumento de las partidas destinadas al servicio de deuda y la suba del rojo financiero, el más peligroso para una economía abierta al mercado financiero global.

Sin hacer traspolaciones automáticas, el patrón de la actual crisis tiene características similares a los shocks externos que padeció la economía argentina en su corta historia. Para no remontarse a Juárez Celman, basta recordar los cimbronazos más cercanos ocurridos en la segunda mitad de la dictadura y el estallido de la convertibilidad en 2001.

Este escenario fue advertido en forma temprana por muchos economistas de distintos espacios ideológicos y por instituciones internacionales. Pese a la coartada del gobierno, la migración de capitales desde los mercados emergentes a los bonos norteamericanos, que se dio en el último mes, constituye una fase aguda de un proceso que se viene configurando desde hace más de dos años.

Un mínimo repaso por los archivos permite recopilar estas advertencias sobre la creciente vulnerabilidad de la economía argentina, bajo la política de la nueva administración, frente a un mundo más áspero. El gobierno respondió despectivamente a esos alertas, amparado en su "regreso al mundo" y el endiosamiento del hombre que jugaba en la "championleague", Luis Caputo.

La trampa de la ceocracia, a los efectos de la sustentabilidad política, es precisamente la identificación de los intereses de los encargados de controlar las crisis. Los blanqueos a medida, las off shore, el atesoramiento en el exterior, los conflictos de intereses, dejan de ser, en la crisis, un simple "prejuicio ideológico" de parte de la oposición y adquieren su real dimensión.

Los mismos bancos de inversión cuyos "ex" funcionarios diseñan la política financiera y monetaria, son los que se bajaron de la bicicleta de las Lebac y comenzaron a llevarse los dólares. Y el Banco Central le entregó en cuatro meses 9 mil millones de dólares a un precio de barata para que pudieran hacerlo. Un subsidio que, al parecer, genera en el oficialismo menos ruido que los destinados a moderar los aumentos de tarifas.

En quince días de corrida, la paritaria de estos bancos con el gobierno llevó la tasa de interés al 40%, y con cláusula gatillo, porque todavía no se conoce el techo. La CGT debería tomar en cuenta la candidatura de algún empleo del JP Morgan para integrar su secretariado.

La subasta de reservas que abrió Federico Sturzenegger enterró también el relato que sustentó la causa judicial por los contratos en pesos del mercado de futuros de dólar que utilizó la anterior conducción del Banco Central para enfrentar otras corridas. No sólo eso, el propio Federico Sturzenegger repuso esa operatoria, dos años después de la controvertida denuncia.

Desde que Wall Street le cerró el crédito a Caputo, a principios de año, la bicicleta financiera entre las tasas de Lebac y el dólar comenzó a tener problemas de funcionamiento. Se profundizó la dolarización de carteras por parte de "inversores institucionales", hasta que se convirtió en una corrida abierta. Automutilado en su capacidad de regulación, el gobierno finalmente recurrió al Fondo Monetario Internacional, jugada que de movida es una señal de debilidad.

Este final fue también varias veces pronosticado, pese a que la misma directora del organismo descartó prematuramente la necesidad de un paraguas crediticio para la Argentina, cuando vino hace unos meses a cenar con Nicolás Dujovne. El nuevo blindaje no será, seguramente, muy distinto al de aquellos viejos tiempos de Sturzenegger y Cavallo. El FMI actuará como prestamista de última instancia para garantizar la fuga de capitales, a cambio de reducción del gasto público, privatizaciones, el desmantelamiento de instituciones de protección laboral, más reformas en el sistema previsional y techos a los salarios. Algo adelantó el organismo en su último informe sobre la Argentina.

El impacto será más de lo que ya se siente en la calle. Menos actividad, menos ingreso para los asalariados, recorte de prestaciones estatales y subas de tarifas, conviviendo en este caso con una inflación desatada. El primer capítulo ya se vivió en diciembre con la reforma de la movilidad jubilatoria. Y le siguió el freno en la obra pública durante el primer trimestre del año. Este ajuste fue blanqueado hace una semana por el ministro de Hacienda.

Sin caja para seducir y/o disciplinar, el gobierno nacional enfrentará seguramente una nueva paritaria con los gobernadores. A la salida temprana de La Pampa del pacto fiscal, se sumaron en las últimas semanas chispazos por el componente impositivo de las tarifas de servicios. "Nos echan la culpa de todo a las provincias", se quejó entonces el gobernador Miguel Lifschitz, quien sigue reclamando una propuesta aceptable de la Nación para pagar la deuda de coparticipación y que deberá congelar la salida al mercado de deuda, previo aval legislativo, para tomar otros 500 millones de dólares destinados a financiar su ambicioso plan de infraestructura.

Entre principios y finales de los años 90, los pactos fiscales pasaron de ser la imposición territorial de los planes económicos nacionales a negociaciones diarias para distribuir «morlacos» de supervivencia. El futuro dirá si este será el destino del compromiso fiscal firmado a fines del año pasado.

Los realineamientos políticos tensionan aún más esa cuerda. En medio de la tormenta, la CGT volvió de sus vacaciones e interpela al gobierno. La oposición dialoguista se vuelve más oposición y articula con los reclamos de la calle. La pelea en el Congreso por las tarifas expresa esta coyuntura política. Los funcionarios del Ejecutivo contraatacan responsabilizando al "populismo" de la crisis de confianza de "los mercados". Un truco conocido que ya fue descubierto en 2001.