Confirmaron que una jueza federal declaró inconstitucional las retenciones

Buenos Aires.- La jueza en lo Contencioso Administrativo federal Liliana Heiland declaró inconstitucionales la retenciones móviles dispuestas por el gobierno y que son eje del largo conflicto con los productores de soja, se confirmó hoy.

Lo hizo ante el reclamo de un productor de la localidad bonaerense de 9 de Julio, tras considerar que en la modificación del  esquema que regía hasta principios de marzo pasado existió una decisión tributaria en la que debió haber intervenido el Congreso.

La presentación fue realizada por el productor Santiago Emilio Gallo Llorente, en representación del establecimiento “La Genara  SRL”, de 917 hectáreas, de las cuáles 320 están sembradas de “soja de segunda, de próxima cosecha”.

El productor explicó que, como producto de la modificación de las retenciones, del valor de mercado “para la soja, de U$S 528,  solo recibirá U$S 290,33” y que “es mayor la retención a mayor valor del producto con porcentajes abusivos y confiscatorios”.

El Estado, a través de sus abogados, pidió el rechazo de la presentación, pero la jueza replicó que “no se trata aquí de analizar si el sistema de retenciones diagramado primariamente y ajustado respecto a la movilidad es conveniente o no, si  contribuye o no a la equidad distributiva”.

“Tampoco se trata «...controlar las razones que han tenido en  cuenta los poderes políticos para adoptar determinadas  decisiones». Nada de ello incumbe al Juez”, advirtió la magistrada.

No obstante, reconoció que “los tributos en general tienden esencialmente a la obtención de fondos para el tesoro público y  que constituyen valioso instrumento de regulación de la economía”,  y que “los derechos de exportación constituyen importante fuente  de ingresos para el Tesoro de la Nación y son parte de la política  económica de la Nación”.

Pero contrapuso que “a diferencia de la evaluación de  políticas, cuestión claramente no judiciable, corresponde sin duda alguna  al Juez, garantizar la eficacia de los derechos y evitar que éstos sean vulnerados... el único punto que aquí se analizará es  estrictamente jurídico. Esto es, decidir si se ha violado o no, la Constitución Nacional y dentro de ella el principio de legalidad  tributaria”.

En ese punto, Heiland consideró que “bajo el disfraz de una reglamentación se crea un régimen de retenciones nuevo y  diferente... se deroga el régimen vigente hasta antes del 10/3/08. Por obra de fugaz cabriola, las llamadas retenciones pasan a  comportarse como un tributo muy diferente al espíritu del derecho de exportación”.

“Si a todo ello se agrega que el informe ninguna referencia hace a que la Comisión Bicameral Permanente hubiera controlado, las resoluciones ministeriales de que se trata, la inconstitucionalidad deviene aún con mayor contundencia”, añadió.

“No puede el titular del PEN, y menos aún un ministro, complementar lo que no tiene parte principal y/o no fue definido o  estructurado por la ley. No se pueden reglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de una ley que no fijó bases ni  límites”, añadió.

La jueza reprochó “la total ausencia del rol asignado al Poder Legislativo, justamente en materia tributaria”, y recordó que la  Constitución “prescribe que el Tesoro Nacional se formará con «el producto de importación y exportación» y demás contribuciones que «imponga el Congreso»”.

“La reserva Constitucional de ley formal para la imposición de tributos es, pues, absoluta, y no deja resquicio alguno para  dispensar la intervención del Congreso”, destacó la jueza.

“Dada su naturaleza, las retenciones cuestionadas no resisten el análisis de constitucionalidad, de cara al principio de legalidad y/o reserva legal”, ratificó.

La jueza admitió que “es posible que la movilidad tenga por finalidad amortiguar el impacto del aumento de los precios internacionales... en los precios internos. También es posible que la persistencia de un escenario semejante podría repercutir  negativamente sobre el conjunto de la economía”, tal como sostuvo el gobierno.

“Pero ocurre, que en el ordenamiento jurídico vigente, la solución para instrumentar las modificaciones que plasmaron las  resoluciones impugnadas, no es la correcta. Sólo el Congreso Nacional puede hacerlo; sus atribuciones son, para ello, exclusivas y excluyentes”, replicó. (DyN)