La Región

Comenzó en Entre Ríos un inédito juicio por fumigar una escuela rural

El hecho ocurrió en diciembre de 2014 en Colonia Anita y por efecto de los agroquímicos una maestra y alumnos terminaron intoxicados

Martes 19 de Septiembre de 2017

Entre Ríos es escenario desde ayer de un inédito juicio por fumigación con agroquímicos de una escuela rural, un episodio ocurrido el 4 de diciembre de 2014 en la localidad de Colonia Santa Anita que terminó con la maestra y los chicos intoxicados y que desencadenó una fuerte reacción del gremio docente de esa provincia.

"Es un caso emblemático sobre las situaciones de las instituciones educativas rurales que han debido unirse en una lucha contra la irresponsabilidad y la ausencia de control frente a las fumigaciones en la provincia de Entre Ríos y en todo el país", dice el comunicado difundido por Ctera, que recuerda que el juicio, que tiene lugar en los Tribunales de Concepción del Uruguay, busca establecer las responsabilidades del dueño del campo, del piloto fumigador y del dueño de la empresa de aviación por la intoxicación sufrida por la docente Mariela Leiva, los directivos de la escuela y cinco alumnos de ese establecimiento ese 4 de diciembre de hace tres años.

Los afectados estaban en la Escuela 44 República Argentina de Colonia Santa Anita, en el departamento Uruguay —en el este de Entre Ríos— cuando una avioneta fumigó un campo cercano al edificio "afectando gravemente la salud de docentes, alumnos y directivos".

Inmediatamente el caso fue tomado por el gremio la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) en el marco de la campaña "Paren de Fumigar las Escuelas", lo que derivó en una denuncia y posterior actuación de la Justicia que fue lo que llevó a que esas tres personas fueran imputadas y procesadas por lesiones culposas leves y contaminación ambiental.

El juicio —el primero por fumigaciones en esa provincia— tiene lugar apenas una semana después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme una sentencia sobre inadmisibilidad del pedido de excarcelación solicitado por la defensa del agricultor y el piloto, acusados de envenenar el suelo y el ambiente por uso de agroquímicos en barrio Ituzaingó y aledaños de la ciudad de Córdoba, un caso emblema de la lucha socioambiental contra las fumigaciones en la Argentina.

Sin control

De acuerdo a lo que especificó Emilio Eduardo Vitale, integrante de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Gualeguaychú, el 80 por ciento de las escuelas rurales de Entre Ríos reciben por lo menos tres o cuatro fumigaciones por año. "Sólo se salvan las que están ubicadas en campos bajos, en zona de islas o las muy urbanas".

Si bien en el hecho específico de la localidad de Colonia Santa Anita las fumigaciones eran sobre un campo sembrado de arroz, en la mayoría de los casos se trata de cultivos de soja.

Vitale denunció que "no hay registros de los campos que se fumigan ni ningún tipo de control efectivo. Se habla de buenas prácticas, pero ni siquiera se sabe quienes son los vecinos de los campos fumigados, ni siquiera está esa información disponible".

También recordó que mientras cualquier industria necesita estudios de impacto ambiental para ser habilitada, el campo está exento de esos controles y requisitos: "Hoy la agricultura se convirtió en agroindustria donde se emplea maquinaria pesada y productos químicos, pero no tiene el nivel de control que lleva cualquier otra industria", dijo.

Sentar precedente

Para el sindicato, a través de la comisión de Educación Ambiental de Ctera, el resultado del juicio puede sentar precedente "tanto para muchas escuelas rurales que se encuentran en situaciones similares a lo largo y ancho del país como para todos aquellos docentes que sufren de estos mismos abusos de la ley, para que se animen a denunciar y luchar por sus derechos".

Además, el gremio docente detalló que "la salud de los trabajadores y de los estudiantes está en peligro como lo demuestran distintos estudios científicos de nuestro país y el mundo debido a estas prácticas inherentes al modelo productivo", situaciones que —según entienden— "atentan contra el trabajo de los docentes y los derechos humanos de las comunidades educativas rurales".

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