A pesar de que la Municipalidad ha querido mostrar al nuevo Código Urbano que quiere implementar como una medida popular y a favor de los vecinos de Rosario, tiene muchos aspectos negativos. En primer lugar la génesis de este proyecto, que diseño la Secretaría de Planeamiento, arrancó mal, ya que no fue consensuada con nadie. Seria lógico que una medida que va a afectar cuestiones económicas, urbanísticas y sociales se haga teniendo en cuenta la opinión y el interés de todos los participantes. También el objetivo de esta ordenanza, que indudablemente es la de frenar la construcción, es muy reprochable. Todos sabemos que esta industria fue el motor principal del despegue de Rosario. Si se produce una caída de este sector, significaría una perdida multimillonaria en inversiones que iban a venir; y las inversiones son una inyección de dinero al circuito económico de la ciudad. Lo otro importante a tener en cuenta es la cuestión laboral. La construcción es el sector que más mano de obra demanda (si tenemos en cuenta la forma directa e indirecta). Cualquier retroceso en la actividad (y este sería de envergadura) se traduciría en miles de personas que perderían su trabajo. También hay que tener en cuenta la pérdida monetaria que sufriría el municipio. Esta industria aporta fuertes sumas de dinero al erario municipal en concepto de impuestos. Pero además aporta indirectamente, ya que una vez finalizada una obra, cada departamento u oficina pasan automáticamente a tributar el impuesto municipal. Sinceramente, no creo que en las arcas del municipio haya tanto dinero como para darse estos lujos. Finalmente, la cuestión de los propietarios. El que en este momento posea una vivienda antigua o una casa a demoler o un baldío en el centro o el macrocentro sabe que cuenta con un bien que esta altamente valuado en el mercado, gracias a su ubicación. El hecho de que, con el nuevo código, la mayoría de esas propiedades no se pueda demoler o no se permita levantar un nuevo edificio, o cuando se permite es concediéndole una altura ridícula que no da rentabilidad, es como si la municipalidad pasa a confiscar o congelar el capital de esas personas. Porque esas propiedades solo valen por el terreno donde están asentadas. Creo que la Municipalidad debería tener en cuenta todos estos aspectos negativos de la ordenanza y pensar si no es pagar un precio demasiado alto por algo que, en apariencia, no traería ningún beneficio para la ciudad.
