Cristina Fernández y sus seguidores quieren imponer un llamado “salario básico universal” (aparte de todos los planes sociales existentes y que no son pocos realmente). Pero es comentario general en relación a este nuevo plan de “ayuda social” que no se sabe de dónde saldrá la plata para sustentarlo. A raíz de esto, todos los argentinos que no estamos de acuerdo con este proyecto tenemos derecho de exigir que el costo del mismo no recaiga una vez más sobre los que desde la actividad privada pagan toda clase de impuestos, retenciones y demás quitas. Así que si es verdad que lo quieren imponer a toda costa, lo lógico y justo es que entonces sea ahora el Estado el que ajuste sus gastos. En concreto, que en esta oportunidad paguen el costo de este proyecto los que lo promueven: en primer lugar la señora vicepresidente/presidente que gana por mes cerca de 4 millones de pesos, entre jubilaciones de privilegio y su sueldo (gana muchísimo más que lo que ganamos los jubilados que hemos trabajado toda la vida para cobrar un salario que apenas nos alcanza para vivir), y junto con ella que hagan un aporte mensual todos los funcionarios nacionales, provinciales y municipales de todo el país. Más los empleados públicos jerárquicos, descontando de sus sueldos no menos de un 30% (o más si hace falta), y así con esos descuentos crear un fondo “solidario” para poder pagar ese “salario básico universal” que tanto entusiasma a la señora y a los señores dirigentes de los llamados “movimientos sociales”. Compatriotas, hoy más del 70% de los argentinos no compartimos las políticas de este gobierno, tenemos derecho a oponernos a ella, y pedir a la oposición que al menos en el Congreso se opongan a este proyecto y
