En relación a la nota publicada por La Capital en su edición del domingo 26 de junio titulada "Los edificios históricos no resisten el auge de la construcción", que se ilustra con una foto del inmueble ubicado en la esquina de Dorrego y 9 de Julio, en clara relación a que este será demolido para la construcción de un nuevo edificio, es nuestra intención como profesionales a cargo de la obra precisar datos que aparecen en dicha nota y aclarar algunos temas que la misma plantea, que consideramos deberían ser cuestiones de debate y reflexión entre todos los actores involucrados en la construcción de nuestra ciudad.
En primer lugar queremos señalar que hemos sido contratados por las propietarias del inmueble a los fines de su puesta en valor, recuperando y conservando la estructura arquitectónica del mismo, realizando las adecuaciones necesarias a tales fines según la reglamentación vigente en la materia, lo que consta en el permiso otorgado oportunamente por la Municipalidad de Rosario.
Si bien el inmueble presentaba un alto grado de deterioro producto de haber estado usurpado durante largos años, fue una voluntad explícita de las propietarias -Marcela y María Inés Rodríguez Aguilar- llevar adelante esta inversión, priorizando las razones afectivas y de compromiso con la preservación para la memoria familiar y social, de un testimonio de nuestro pasado inmigratorio laborioso del S XIX para el S XXI, frente a otras opciones orientadas por motivaciones económicas, muy atendibles por cierto.
Pero, al mismo tiempo, la nota infiere que se trataría de un edificio catalogado por el Programa de Preservación Patrimonial de la Municipalidad de Rosario y por lo tanto "protegido". La explicación que se da acerca del "buen negocio que la especulación inmobiliaria tejió sobre los edificios protegidos", comprándolos a bajo precio para abandonarlos y luego solicitar la "declaración de ruina", induciría a pensar que dicho inmueble estaría siendo objeto de tales maniobras.
En este sentido, queremos dejar aclarado que dicho inmueble no se encuentra en el listado de edificios catalogados, como se nos informo oportunamente en la Oficina del Programa de Preservación Patrimonial de la Municipalidad de Rosario, ante nuestra requisitoria de poder acceder a algún tipo de subsidio para llevar adelante las tareas de recuperación de la fachada, pedido que por lo tanto fue denegado.
Este hecho puntual deja en evidencia la necesidad de instalar un debate amplio en la sociedad acerca de la ciudad que queremos, del rol que le cabe a los actores involucrados, fundamentalmente el Estado local, y de la responsabilidad profesional de los arquitectos frente al "hacer ciudad".
No cabe duda que la rentabilidad que ofrece hoy el sector de la construcción, produce una presión sobre el suelo urbano, lo que queda de manifiesto en las permanentes operaciones de "sustitución", sobre todo en el área central. Este proceso que tuvo sus orígenes en la década del 60 dio como resultado la conformación de un espacio urbano heterogéneo, desordenado, confuso y cambiante.
Queda en manos de profesionales y clientes una "toma de posición" frente a la cuestión: o mantener lo existente como huella histórica de la ciudad readaptándolo a los nuevos usos que la vida urbana impone, o hacerlo desaparecer.
Un tema pendiente entonces, que excede a este artículo, es producir un debate profundo acerca de qué significa "valor patrimonial" y cual deberían ser los criterios para su evaluación, los que hasta ahora se fundan en una valoración externa de los edificios sin considerar las cuestiones que hacen a la memoria colectiva de nuestra sociedad.
Entendemos que en la construcción de la ciudad convergen múltiples actores -Estado, mercado y sociedad-, con sus lógicas e intereses propios y con diversas cuotas de poder para tomar decisiones y que la ciudad necesita del mercado porque la ciudad es fundamentalmente un lugar de intercambio y el mercado es una forma efectiva de asignar bienes y servicios, pero lo que tiene que haber entonces, es un poder público que regule este mercado, generando instrumentos de gestión que pongan freno a la especulación inmobiliaria que los mismos funcionarios municipales denuncian en el artículo mencionado.
Los arquitectos tenemos en esto, una responsabilidad social ineludible ya que el acto de resolver "lo privado" lleva implícito el compromiso con "lo público", o sea con la ciudad, donde se amalgama lo colectivo y lo privado, la sociedad y el individuo. La cuestión no es "que" se construye sino "como" se hace, es decir la lógica que asume el proyecto frente a la construcción de la ciudad. No es criticable entonces que se construyan edificios nuevos demoliendo lo existente si no hay una regulación que lo impida y, por otro lado, no todo lo "viejo" es sinónimo de "bueno"
Aun desde la pequeña intervención, el desafío del proyecto de arquitectura debe contribuir al rescate del valor colectivo y la dimensión cultural del espacio público, reelaborar el imaginario que tiene la ciudad acerca de cada lugar, reinterpretando la memoria urbana. Producir la conjugación entre tradición e innovación, encuentro entre pasado y presente.
