En estos días el Concejo tratará un nuevo proyecto de ordenanza que derogaría las que están vigentes y rigen sobre la instalación y regulación de las antenas de telefonía celular. La inmisión de las ondas producidas por estas antenas es nociva para la salud y el ambiente (mortal con la acumulación en el tiempo). Distintos barrios nos estamos movilizando para solicitar y exigir a nuestros representantes que no deroguen las ordenanzas vigentes y que hagan un estudio técnico y epidemiológico sobre la población que se ve obligada a convivir con estas antenas. Existe omisión de las autoridades locales que en forma arbitraria e ilegal permiten el irregular funcionamiento de las antenas con inobservancia de las disposiciones legales y reglamentarias dictadas en su propio ámbito, vigentes al efecto y cuyo cumplimiento incumbe en razón de su competencia.
Por desgracia para los ciudadanos, a nuestros gobernantes la legalidad urbanística, la legalidad legal y la salud de los ciudadanos les importa poco o nada. ¿Quién protege nuestra salud y derecho a un ambiente sano? ¿Cuántos años más tendremos que esperar para que la OMS diga algo al respecto? Por encima de los requerimientos del mercado, cada vez más ambicioso e inescrupuloso, debe primar la salud de la población y, en no menor medida, el respeto a las leyes del Estado que en el sistema democrático representan la voluntad y el interés general.
