Tras la requisa del jueves pasado a la cárcel de mujeres de Rosario denunciada como violenta por las internas, la controversia subsiste. Por un lado, la Asociación de Pensamiento Penal emitió un comunicado donde repudia y advierte sobre las "reiteradas violaciones a los derechos humanos" que sufren las mujeres detenidas en ese penal, algunas de las cuales conviven con sus hijos pequeños, mientras que otras están embarazadas o padecen enfermedades crónicas. Por otro, las autoridades provinciales anunciaron que hoy presentarán filmaciones del procedimiento ante la fiscalía de Violencia Institucional para demostrar que "no hubo tiros ni gases, nada de eso ocurrió", según indicó a este diario Pablo Cococcioni, secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia.
La requisa del jueves pasado en la Unidad Penitenciaria Nº 5, ubicada en Ingeniero Thedy al 300 bis, originó una denuncia pública de las internas que dijeron haber sufrido "violencia institucional" por parte de agentes del SP que las golpearon con las cachiporras y les tiraron gas pimienta tras haber detectado un celular en su poder. El incidente terminó con un supuesto motín y cuatro internadas trasladadas "de manera violenta", según explicaron, al Instituto de Recuperación de Mujeres de la ciudad de Santa Fe.
En respuesta a esas manifestaciones, la provincia presentará hoy ante la fiscal de Violencia Institucional Karina Bartocci registros de las cámaras de vigilancia de la cárcel. Por el incidente se abrió una investigación en la Dirección de Asuntos Internos que, según Cococcioni, no detectó actos de violencia. Según explicó Cococcioni, todo se originó porque el personal penitenciario encontró en una requisa celulares arriba de una mesa y esto desató un incidente en el que una empleada resultó con lesiones.
Según el funcionario, como la Unidad 5 no está dividida en celdas se solicitó apoyo al GEOP (Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias) apostado en la cárcel de Piñero a fin de que esos efectivos ingresaran al penal y concretaran los traslados. Estos uniformados, indicó, cuentan con cámaras GoPro insertas en los cascos cuyos registros serán suministrados a la Fiscalía.
"Hubo requisa violenta con intervención irregular de fuerzas de seguridad", afirmó la ONG Pensamiento Penal
Pedido de renuncia
En ese marco, las detenidas también insisten en reclamar que la Fiscalía avance en una investigación sobre el accionar del GEOP y el SP. Una interna dijo ayer a este diario desde la cárcel que el hostigamiento psicológico y verbal no cesó y por eso las detenidas convocaron a sus familiares para hoy a las 10, a fin de exigir la renuncia de la directora del penal, Virginia Godoy.
"Estamos en peligro de muerte, hasta las manos. Necesitamos que venga el gobernador porque van a hacer lo mismo de la otra vez. No podemos dormir y hay gente enferma. Esto es como en la dictadura", dijo la detenida.
En contraste, fuentes del Ministerio de Seguridad señalaron que la directora del penal cuenta con respaldo de la población, tiene vocación de diálogo y recibió personalmente a 205 internas en los últimos dos meses. "Las imágenes son contundentes acerca de la intervención sin armas del SP. El incidente se sofocó sin heridos", dijo un vocero del área. Añadió que de inmediato fue convocado el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal —asistió la defensora Adriana Lucero— y que también acudió la dirigente Alejandra Fedele, del Movimiento Evita.
Repudio
Tras los incidentes, en tanto, el capítulo Santa Fe de la ONG Pensamiento Penal —un organismo integrado por abogados, psicólogos, médicos, sociólogos— expresó su repudio a esas prácticas de control carcelario y a lo que consideran "violaciones cotidianas a los derechos humanos que sufren las internas".
"El suceso ocurrió durante una requisa extremadamente violenta. Denunciamos que se afectaron derechos humanos, se ejerció violencia de género por haber intervenido personal masculino, contra niños y niñas y se constituyó un claro caso de violencia institucional por la intervención irregular de las fuerzas de seguridad", refiere el documento.
Además la ONG llamó la atención sobre "la inconsistencia y falta de información oficial" ante un hecho "que sólo tomó estado público a partir de las organizaciones que trabajan cotidianamente con las mujeres privadas de su libertad y de medios de comunicación".
Para los integrantes de Pensamiento Penal "la gravedad del hecho, que lamentablemente se suma a otros similares, amerita una investigación seria e imparcial que logre llevar claridad y transmitir el mensaje de que el Estado se compromete con las problemáticas que involucran a aquellos a quienes decide privar de su libertad".
En ese sentido, los profesionales nucleados en la entidad instaron a la intervención de los organismos que tienen "el deber legal de velar por la protección de los derechos de las personas privadas de libertad y de aquellos encargados de fiscalizar la comisión de delitos por agentes estatales".
La organización planteó que la situación de las cárceles de la provincia "no hace más que evidenciar los problemas relacionados con la prisionización excesiva y condiciones de detención deplorables que caracterizan a los penales de Santa Fe, lo cual atenta contra los derechos humanos".
El comunicado recalca además que la situación es "especialmente gravosa" en la Unidad 5 ante las "condiciones poco óptimas en las que se encuentran los niños que conviven junto con sus madres", como ya lo había relevado la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe en un informe que dio a conocer en febrero.
"Varones con escudos, armas largas y gases"
Mujeres tras las rejas, una ONG que aborda distintas situaciones de la población de mujeres privadas de la libertad, presentará hoy un documento ante la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia en el cual, de acuerdo a un relevamiento propio, describe cómo ocurrieron los hechos del jueves pasado en la cárcel de mujeres y solicita la intervención del organismo.
"Decimos cómo fueron los hechos, que no fueron provocados por las internas. No fue un motín porque no existió ningún reclamo. Se originó por el supuesto retiro de celular, pero eso fue un pretexto para generar una situación incómoda y avanzar con algo más violento", adelantó a LaCapital Graciela Rojas, titular de la entidad.
"Todos varones"
La militante indicó que el grupo de policías que irrumpió en esa oportunidad eran "todos varones, con escudos, armas largas, gases, en un espacio donde hay 23 mujeres y seis niños distribuidos en seis habitaciones. Se trató de un acto de represión. Recibimos quejas por maltrato del Servicio Penitenciario y lo referente al suministro de comida y medicamentos. Lo nuestro no es un reclamo sino que en base a nuestro informe pedimos la intervención del Derechos Humanos".
