Uno de los escollos con que se encontró Ramón Casco cuando quiso saber dónde estaba su hijo, que en octubre de 2014 había llegado desde Florencio Varela a visitar a unos familiares de Rosario, fue que lo "criminalizaron y culparon de su muerte". Por eso ayer, además de recordar que su hijo Franco fue "detenido de manera arbitraria y torturado en una comisaría de la que desapareció", para ser hallado en el río 22 días más tarde, recordó quién era su hijo antes de "toparse" con la policía santafesina: "Franco tenía 20 años, era peón de albañil e hincha de River. Tenía un hijo pequeño y sueños como cualquier pibe".
Lo dijo en el cantero central de bulevar Oroño al 900, frente a los Tribunales Federales, donde se concentró la Multisectorial Justicia por Franco Casco y contra la Violencia Institucional para acompañar un pedido que los abogados querellantes realizaron por escrito ante el juez Carlos Vera Barros. Dos años y diez meses después del crimen, pidieron que se indague a 31 policías y 5 civiles por desaparición forzada de persona y encubrimiento agravado.
La presentación se realizó un día después de un planteo similar realizado por el fiscal federal Marcelo Di Giovanni, quien también requirió indagatorias a 24 personas aunque no solicitó detenciones como sí lo planteó la querella. Y allí figuran los integrantes de las dos guardias presentes en la comisaría 7ª los días 6 y 7 de octubre de 2014, cuando Franco estuvo detenido ilegalmente allí, además de personal de Asuntos Internos y del Instituto Médico Legal.
La medida fue acompañada por un acto en el que estuvieron familiares de otros casos de gatillo fácil: María Elena Herrera, madre de Jonatan, el joven de 22 años ultimado al quedar en medio de un tiroteo mientras lavaba su auto en enero de 2015; y los hermanos de David Campos, de 28 años, y Manuel Medina, de 32, acribillados por policías tras una persecución en Callao al 5700 el pasado 23 de junio.
Todos ellos, junto a familiares de Franco, leyeron un documento donde fue inevitable la referencia a la desaparición reciente de Santiago Maldonado en el sur argentino.
"El gatillo fácil, la desaparición forzada y todos los crímenes de los aparatos represivos del Estado son un eslabón más en la cadena de persecución a los pibes de las barriadas populares", dijeron. Cuestionaron el "discurso político de mano dura" y reclamaron condenas ejemplares para que "sirvan como precedentes" en un contexto nacional donde han tomado fuerza "prácticas del terrorismo de Estado nunca erradicadas".
Franco Casco fue visto con vida por última vez en la comisaría 7ª de Rosario entre el 6 y 7 de octubre de 2014 y no se supo nada más de él hasta que su cuerpo fue encontrado 22 días más tarde en el río Paraná por agentes de Prefectura Naval. Había viajado a visitar a unos primos afincados en Empalme Graneros y el día 6 abordaría un tren de regreso a Retiro donde su madre, Elsa, lo esperó sin éxito. El caso se empezó a investigar entonces como averiguación de paradero.
Al día siguiente su papá viajó a Rosario y se presentó en la comisaría 7ª, donde le dijeron que Franco había estado el 6 a la noche, pero le negaron toda otra información. Más adelante les dijeron que Franco había sido detenido por resistencia a la autoridad y que al ser apresado "estaba drogado, como perdido". En la Fiscalía les exhibieron fotos de su hijo en las que se lo veía muy golpeado y un acta de otorgamiento de la libertad. Tras el hallazgo del cuerpo, la familia y la Multisectorial promovieron el traspaso de la investigación a la Justicia federal por desaparición forzada de persona, lo que se concretó en diciembre de 2014.
Instrucción casi cerrada
Luego de numerosas medidas (entre otras una nueva autopsia que arrojó como causa de la muerte un fuerte golpe de la cabeza contra una pared, hecho en el que perdió tres piezas dentarias) se llegó ahora al pedido de indagatorias. La instrucción está "prácticamente acabada" y contiene "relatos muy sólidos", dijo el abogado Salvador Vera, que representa a la querella. Esos testimonios demostraron que a Franco "se lo detuvo durante la tarde-noche del 6, se lo sometió a vejámenes durante la noche hasta su muerte y luego se lo hizo desaparecer fondeándolo en el río", donde apareció amarrado con sogas que le fueron quitadas al presentar el cuerpo.
En la pesquisa figuran también declaraciones de otros presos que contaron que "Franco gritó mucho, pedía auxilio, lloró, pedía agua, le echaban baldazos de agua fría y se turnaban para golpearlo". Por ésto, los querellantes entienden que ninguno de los integrantes de las guardias de la seccional pudo desconocer lo que pasaba con el joven en la seccional. "Entendemos que este es un acto trascendente en la investigación por un delito gravísimo, cometido por el Estado. Franco fue torturado, vejado y asesinado dentro de un calabozo", dijo Vera.
Pedidos y pericias
El pedido de las querellas es que se indague a 26 agentes de la comisaría 7ª hoy en otras áreas (entre ellos quienes eran los jefes) y a tres oficiales de Asuntos Internos por privación ilegítima de la libertad agravada por homicidio, como se denomina en el Código Penal a la desaparición forzada. A otros dos policías de Asuntos Internos pidieron que los indaguen por encubrimiento. "por la forma en que presionaron y coaccionaron a los presos al tomar las testimoniales".
Además reclamaron que se acuse al forense Félix Rodríguez, del Instituto Médico Legal (IML); a dos odontólogos que habrían falseado una pericia; a una médica que revisó a Franco en la seccional sin constatar lesiones; y a un vecino que habría "mentido para sostener la versión policial". Las críticas al IML se basan en que a Franco le faltaron tres dientes que según Rodríguez los habría perdido post mórtem, producto de la putrefacción. Pero una pericia en sede federal "constató que los perdió en vida y de manera traumática". Tras un allanamiento, el instituto de Avellaneda y 3 de Febrero presentó una pericia odontológica que los querellantes consideran falsa porque habla de dos piezas y no de tres.
Los familiares reclamaron asimismo la detención de la mayoría de los acusados "para evitar que se fuguen" y "por entender que se trata de un delito gravísimo, en el que hay sobrada evidencia de entorpecimiento judicial y con una expectativa de prisión perpetua". También pidieron que el fiscal Ricardo Appanowicz "deje de entender" en una causa contra la médica de policía María Zelaya, quien revisó a Franco sin advertir lesiones. Pretenden, en cambio, que también se la indague en el ámbito federal. "La desaparición forzada es el más grave de los delitos porque vulnera todos los derechos de la persona, a la que se deja en un estado de indefensión total, no se le brinda asistencia jurídica, material, ni humana, como sucedió con Franco".
La presentación del fiscal, en tanto, recae sobre 18 agentes de la 7ª, los cinco efectivos de Asuntos Internos y la médica Zelaya, aunque no incorpora al vecino ni al personal del IML. El juez tiene un plazo formal de tres días para expedirse.
pedido. El papá de Franco vino de Buenos Aires para encabezar el reclamo y leyó el comunicado de la Multisectorial.
