Por Carina Bazzoni
En noviembre del año pasado, otro juez había resuelto archivarla por prescripción, pero la fiscalía apeló la medida y reclamó que se siga adelante por homicidio culposo y se convoque a declarar a cuatro personas con presunta responsabilidad en el trágico incidente.
El 8 de junio de 2011, Julio Lucero, un operario de 54 años, y Ceferino Crespo, de 24, murieron ahogados al derrumbarse las paredes de tierra de la excavación en la cual trabajaban para realizar la extensión de la red cloacal en la zona noroeste de la ciudad.
La obra estuvo a cargo de una unión transitoria de empresas compuesta por las firmas Pecon SRL y Del Sol SRL, que ganó la licitación convocada por la Dirección de Vivienda de la provincia.
La causa abierta en los tribunales provinciales quedó caratulada como doble homicidio culposo, un delito con una pena máxima de cinco años de prisión.
En octubre de 2013, la fiscal que llevaba adelante la investigación pidió que se cite a declarar a cuatro personas. Se trataba de un socio de la firma contratista, un empleado de la misma con responsabilidad en la conducción de la obra, el encargado de seguridad laboral y el capataz. Todos, con presunta responsabilidad penal en el siniestro.
Sin embargo, las indagatorias no se concretaron. Una situación que llevó al juez Juan José Alarcón, que quedó a cargo de las causas tramitadas en el viejo sistema penal, a decretar el archivo por prescripción de la investigación penal. Esa decisión fue apelada por el fiscal de Cámaras, Guillermo Corbella.
Cuestión de plazos
El juez Alarcón había dispuesto el archivo de la causa bajo el argumento de que transcurrieron los plazos legales para la citación a indagatoria de los presuntos involucrados.
Sin embargo, el fallo del tribunal superior cuestionó "el escueto tenor argumentativo" de la resolución que promovió el archivo de la causa. Y apuntó que se soslayaron la reiteración de los pedidos de la fiscalía para que se citara a declaración indagatoria a las personas consideradas con alguna responsabilidad en el siniestro.
Salvador destacó que "la fiscalía mantuvo a lo largo de todo el proceso el impulso de la causa, manifestando en reiteradas oportunidades su interés en la efectivización de las declaraciones indagatorias ordenadas oportunamente".
En consecuencia, avaló el pedido del fiscal para revocar la resolución que dispuso el archivo de la investigación por prescripción de la acción penal y ordenó la prosecución del trámite.
Es más, exhortó para que el juez competente continúe con la tramitación de la misma en el plazo de diez días hábiles y resuelva sobre los "reiterados" pedidos de la fiscalía.
El fallo alcanza a las cuatro personas convocadas a indagatoria en 2013, a excepción de un empleado de la contratista que nunca había sido citado a declarar y sobre el cual no existían pruebas suficientes para imputarlo como responsable del siniestro.
El día del accidente se dijo que Crespo habría fallecido cerca de las 15.30 al quedar tapado por el lodo tras el desmoronamiento de las paredes de la zanja de seis metros de profundidad y un metro de ancho en la que cavaba. Según voceros de Assa, ese derrumbe habría provocado la rotura de un caño maestro e inmediatamente inundó el pozo donde se encontraba también Lucero, aún con vida. Vecinos y policías pelearon junto a él para rescatarlo pero, según los testigos, "el lodo lo chupó en menos de diez minutos" y desapareció bajo el agua.
La investigación comenzó tras una denuncia de organizaciones de la comunidad judía. La Policía Federal identificó al acusado y encontró una pistola calibre 22, municiones y material antisemita y antisionista
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