El cura acusado de abuso infantil quedó preso en el penal de Victoria

El juez de Nogoyá, Gustavo Acosta indagó y ordenó la prisión preventiva de Juan Diego Escobar Gaviria, el cura párroco de la localidad entrerriana de Lucas González que quedó imputado del delito de corrupción de menores, en perjuicio de un nene de 11 años que, trascendió, oficiaba de monaguillo. El sacerdote se negó a declarar y fue trasladado a la Unidad Penal Nº 5 de Victoria, donde quedó detenido.

El sacerdote acusado de abusar sexualmente de un monaguillo de 11 años en la parroquia de Lucas González fue llevado ante Acosta, juez de Garantías y Transición de Nogoyá a prestar declaración indagatoria, pero hizo uso de su derecho de abstenerse de declarar. En el acto le imputaron el delito de corrupción de menores, por un hecho contra una víctima, y se dispuso una prisión preventiva por 20 días, la que deberá cumplir en la cárcel de Victoria.

El escándalo surgió a partir de una denuncia que radicaron dos monjas —una de Lucas González y otra que llegó especialmente de Córdoba—, que lo señalaron ante la Justicia como responsable de abuso. Según informó el portal entrerriano Análisis Digital, "el jueves 27 de octubre el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, viajó a Lucas González y le avisó a Escobar Gaviria que debía abandonar la ciudad. Entonces, Puiggari ya estaba enterado que dos monjas de la congregación Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas, responsables del Colegio Castro Barros, que funciona contiguo a la parroquia, se habían presentado ante el defensor oficial Oscar Rossi, y habían denunciado al cura por abuso".

El lunes pasado, el Arzobispado dio a conocer un comunicado en el que anunció que Escobar Gaviria tenía prohibido ejercer el sacerdocio, pero antes Puiggari le había pedido que buscara alojamiento en una casa religiosa. Escobar Gaviria ingresó el domingo a la Casa Padre Lamy, de la congregación Servidores de Jesús y de María, en Oro Verde, aunque, trascendió, no informó de esa situación a los responsables de esa casa.

Ante la denuncia radicada por las monjas, el lunes los fiscales Rodrigo Molina y Federico Uriburu cursaron un oficio a la curia preguntando por el paradero de Escobar Gaviria, pero no les respondieron hasta el martes por la tarde. Esa mañana, y ante el desconocimiento del paradero del cura, el juez Acosta había librado una orden de captura. "Queríamos saber dónde estaba porque pretendíamos adoptar medidas de protección para el menor. Si no estaba en Lucas González, no servía de nada la medida de protección. Recién nos respondieron el martes a la tarde", contó el fiscal Uriburu. Finalmente, Escobar Gaviria se presentó el martes después de las 21 horas y quedó detenido.

La causa se basa en el testimonio del menor, brindado mediante el sistema de Cámara Gesell, que da cuenta de una serie de situaciones abusivas de parte del cura. A los fiscales, indicaron fuentes judiciales, les sorprendió el hecho de que los menores que actuaban como monaguillos se quedaran a dormir en la casa parroquial. Eso es lo que surgió durante la jornada del miércoles, cuando se recibieron los testimonios de otros tres menores, que si bien no denunciaron abuso, sí aportaron elementos clave para la investigación, además de respaldar el testimonio de la víctima.

Escobar Gaviria nació en Medellín, Colombia, e integra la Cruzada del Espíritu Santo, la orden religiosa que preside el padre Ignacio Peries. En 2005, llegó a Lucas González y desde entonces ejerció como párroco.

La monja que lo denunció. En tanto, la monja representante legal del Colegio Castro Barros San José de Lucas González, Marta Carrizo, envió una carta a la familia de los niños que prestaron declaración en Cámara Gesell. Ayer trascendió en la prensa entrerriana parte de esa misiva donde la religiosa asegura que luego de recibir "los dichos de un alumno, asumieron la inmediata responsabilidad de notificar dicha circunstancia a las autoridades civiles, teniendo en cuenta las obligaciones derivadas del cuidado de los menores de edad a cargo".

Agregó que "en modo alguno, esas acciones tenían la intención de juzgar o anticipar el resultado de las razonables y necesarias investigaciones", pero que espera que "las autoridades eclesiásticas y civiles lleven a buen puerto la aclaración de los hechos, por el bien de las personas involucradas y nuestra iglesia local y arquidiocesana".