La Región
Miércoles 30 de Noviembre de 2016

A un paso de terminar con despidos arbitrarios en la educación privada

El proyecto de ley que impulsa esta medida volverá a tratarse hoy en la Cámara de Diputados de la provincia.

El proyecto de ley que pone fin a los despidos arbitrarios en la educación privada santafesina está a un paso de aprobarse. La última palabra la tienen hoy los diputados santafesinos. Mientras tanto el Sadop ya habla de un "día histórico" no sólo para la provincia, sino para el país y Latinoamérica: será la primera norma en sancionar a los colegios que despidan a los educadores sin explicar las causas y hagan un mal uso de los recursos que reciben del Estado. Desde hace siete semanas las seccionales del Sadop Santa Fe y Rosario reclaman por este pedido con una carpa frente a la Legislatura santafesina.

"Es una reivindicación histórica del Sadop. Es un paso importantísimo para evitar las arbitrariedades en la educación privada, y también debatir sobre el mal uso que se hace de los fondos públicos", dijo a La Capital, el titular de Sadop Rosario, Martín Lucero. El dirigente afirma que la norma además busca frenar medidas "dedocráticas" comunes en el sector.

No hay norma similar. El principio es un antecedente muy valioso para los derechos laborales de los docentes, no sólo de Santa Fe sino también del país y de Latinoamérica, ya que no hay otra norma similar. Un proyecto parecido al presentado en la provincia es impulsado por el Sadop nacional en las distintas jurisdicciones. Sin embargo, el paso adelante en este pedido lo lleva Santa Fe.

La iniciativa propone la quita de subsidios a los colegios que echen a sus docentes arbitrariamente, porque sí. La idea es retirarles el aporte estatal al cargo de ese docente despedido por un período determinado. La iniciativa original fijaba una sanción de 30 meses, sin embargo la semana pasada Senadores aprobó el proyecto general, pero bajando la pena a 18 meses. Ahora el planteo vuelve a Diputados y si hoy le dan el aval final, los docentes de la educación privada contarán con un valioso instrumento legal para defender sus derechos laborales.

La iniciativa de esta ley es del diputado del PJ, Luis Rubeo, quien lo presentó por primera vez en 2012. En esa oportunidad logró la media sanción de los diputados pero como los senadores no la trataron perdió estado parlamentario. Cuando comenzó este año, Rubeo volvió a ingresarlo y enseguida le dieron curso los demás legisladores con su apoyo, menos los representantes del PRO que optaron por abstenerse.

Los senadores lo aprobaron la semana pasada, con amplia mayoría. Sólo se abstuvo el senador justicialista José Baucero (San Javier) y votó en contra el senador radical del Bloque del Frente Progresista, Lisandro Enrico (General López). Ahora todas las miradas están puesta en que los diputados cumplan con la palabra inicial y aprueben el proyecto.

El Sadop mantiene desde hace siete semanas una carpa frente a la Legislatura. La intención principal es seguir haciendo público este pedido histórico y que los representantes de ambas Cámaras lo traten.

Unos 40 casos. Los despidos "porque sí" son moneda corriente en la educación privada. En el último año ya son unos 40 los casos que llegan bajo la denominación "sin causa", y más de cuatro millones de pesos lo que se ha pagado en indemnizaciones.

La norma se propone sancionar a las instituciones que deciden a gusto propio quién enseña y quién no, y que mientras reciben subsidios estatales para pagar salarios, cobran cuotas a las familias, terminan usando ese dinero para las indemnizaciones.

Causas. Las mayores razones por las que maestras y profesoras son echadas de las instituciones privadas son para desplazarlos y dejarles el cargo a un "docente amigo", por sumarse a una medida gremial, por reclamar por diferencias salariales y por motivos ideológicos, de orientación sexual y de género (tal el caso de las mamás que deben cuidar a sus hijos pequeños y son consideradas "faltadoras"). Nunca estas cuestiones son explicitadas en los motivos del despido, simplemente se resumen en "sin causa".

La aprobación de la ley significa también un justo avance en el derecho a la estabilidad del trabajo docente.

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