El inminente inicio de la cosecha gruesa amenaza con generar múltiples inconvenientes en las rutas del cordón industrial y portuario que se extiende al norte de Rosario, pero tiene en la localidad de Timbúes un particular foco de conflicto entre la comuna y los representantes de los transportistas: mientras el gobierno local amenazó con restringir la circulación de camiones, desde el sector empresario saltaron en una rotunda oposición, aunque por ahora el tema no pasa de la discusión y los chisporroteos entre las partes.
Ocurre que, más que molesto por los inconvenientes que generan a la población los vehículos de gran porte que invaden las calles de la localidad, el presidente comunal de Timbúes, Amaro González, amagó con una ordenanza —aún no presentada ni sancionada—, por la que intentaría restringir y reorientar la circulación de camiones que deban descargar en las terminales que no están en su jurisdicción.
Aunque la medida no se puso en práctica en ningún momento, la Federación Argentina de Transportes de Carga (Fatac), que agrupa a los empresarios camioneros de la provincia, salió a cuestionar la actitud de González desde lo económico, argumentando que tal limitación a la circulación implicaría una duplicación de los costos de cada viaje. Y señaló que una medida de tales características sería de una "absoluta inconstitucionalidad" por restringir la libertad de circulación. "Una comuna no puede legislar sobre la circulación por una ruta nacional", le espetó.
La comuna busca neutralizar de cualquier modo la inminente invasión de camiones que llegarán a los puertos cerealeros y los graves problemas que esta genera. En diálogo con La Capital, González expresó que "los habitantes de Timbúes ven profundamente afectadas sus actividades cotidianas. Nuestros hombres, mujeres y niños ven disminuidas sus posibilidades de moverse dentro o hacia afuera del pueblo, con ambulancias que no pueden circular adecuadamente; trabajadores que deben caminar 5 ó 6 kilómetros para tomar los ómnibus que los llevan a otras poblaciones, docentes que llegan tarde a sus clases, peligro para los chicos por la circulación de camiones y por el estacionamiento hasta en cuatro filas. Esas son las cuestiones que nos han llevado a adoptar estas actitudes", dijo.
Una herencia. El presidente comunal por el justicialismo heredó esta problemática de la anterior gestión de Néstor Sánchez, también peronista, quien durante el período de cosecha anterior también debió batirse contra presiones de las cámaras empresarias que detuvieron una obra vital como la reconstrucción de la ruta nacional 11, la que nunca se reinició.
"La ruta está destruida, pero esto no es un reproche contra los camioneros, que también son nuestros contribuyentes. Lo único que queremos es poder desplazarnos y transitar por nuestra localidad sin peligro y con decoro", indicó el mandatario, quien destacó que los problemas de la circulación en Timbúes son responsabilidad de la provincia y de la Nación y vamos a dar una batalla con el apoyo del senador departamental Traferri.
Rechazo rotundo. La postura de González es que los camiones que no vayan a las terminales de Timbúes desvíen sus recorridos al norte y al sur de la localidad, y vayan por la autopista. Tal medida implicaría, según la Fatac, una duplicación de los costos de peaje, ya que la nueva norma no les permitiría a quienes "bajan" de la autopista desde el norte hacerlo en la zona de Monge o Maciel, obligándolos a hacerlo tras el peaje de Villa La Ribera.
Vicente Bouvier, titular de la Fatac, declaró a la emisora FM Vale de San Lorenzo: "Cómo puede ser que no nos dejen transitar en Timbúes por una ruta que es nacional. Es más; nos hacen pagar una tasa de 40 pesos de ida y 40 de vuelta, cuando algunos camiones provenientes, por ejemplo, de San Justo, ya tenemos pagados previamente un peaje en el comienzo de la zona concesionada en Videla".
No obstante, el dirigente aclaró a La Capital que la entidad "no ha iniciado ningún tipo de acción legal contra la comuna de Timbúes y estamos en permanentes conversaciones".
