A las ocho horas de que acribillaran el carrito Jorgito Jr en 27 de Febrero y Maipú y la parrilla El Establo de Pellegrini al 1700, hace diez días, desde la unidad fiscal de balaceras le pidieron al Ministerio de Seguridad datos acerca de cómo estaba dispuesta la cobertura de la zona en la noche del hecho. Se requirió información al extremo elemental: la cantidad de patrullas en el lugar, los efectivos policiales que trabajaban en la zona, la disposición según el rastreo satelital que permiten los GPS de los móviles, cómo se impartió la orden de servicio de tal cobertura, el funcionamiento del 911, de las cámaras de seguridad y de la comunicación de los hechos a las fuerzas federales apostadas en Rosario. Lo que se presumió es que el operativo de seguridad no había funcionado.
En esa reunión estaba el ministro Jorge Lagna y varios funcionarios jerárquicos de la cartera. La respuesta no pudo ser proporcionada ese día por lo que se remitió a la fiscalía al día siguiente. Fue con una nota de media carilla que asombra por la pobreza documental, la falta de precisiones y lo raquítico de los datos. Solo se consignaba que a las 21.52 había 34 móviles operativos, 14 móviles fijos y 13 en servicio de corredores. Se añadía que a esa hora había 7 operadores de cámaras y que estaba activo un operador del Destacamento Móvil 2 de Gendarmería Nacional.
Eso informativamente significa que tras uno de los atentados de mayor gravedad del tiempo reciente, la balacera a un restaurante lleno de público, no había prácticamente seguridad en los alrededores, o algo peor: no se podía precisar de manera eficiente y precisa el estado del servicio. En Rosario llegó a haber 160 móviles recorriendo sus casi 90 cuadrantes. La forma de detectar el movimiento era ver el mapa dinámico que marca la referencia satelital. El modo de asegurar esa presencia no es otra que el control político. La respuesta a la fiscalía no es un modo de comunicar ni una pauta de estilo. Es una manifestación de los problemas de una gestión.
El estado de la criminalidad y la violencia urbana es una trama histórica de enorme complejidad y la situación que recibió Perotti fue muy difícil. Pero no es una manifestación partidizada señalar que la gestión de seguridad provincial carece de una dirección apreciable. Por eso la afirmación del gobierno de que hay una ratificación del rumbo tras el relevo de toda la plana jerárquica que acompañó al ministro Sain empuja al desconcierto. ¿Más de este rumbo?
Perotti llega a la mitad de su mandato sin algo que mostrar en el campo al cual consagró durante la campaña electoral su principal lema proselitista. Se pueden no tener resultados porque la violencia urbana es pandémica y endurecida. Pero no se puede no tener programa. El gobierno quemó dos años de gestión sin programa. Sin una política reconocible en lo preventivo y en lo operacional (como lo marca la respuesta sobre la orden de servicio el día del atentado a El Establo) y sin un anclaje territorial que impulse desde el primer día acciones no tradicionales, con recursos de áreas sociales y de obra pública, para moderar la violencia urbana.
La que sufrió fue una sociedad que ya sufría. Rosario se perdió una transición ordenada entre la gestión que se iba y la que llegaba. Por esa renuncia a la coordinación hubo problemas serios con el servicio policial y con los móviles. El treinta por ciento del parque de patrullas quedó desafectado en el primer semestre de gestión por problemas de mantenimiento que se habían anticipado que ocurrirían. Más allá de los planteos sobre el control civil de las fuerzas de seguridad estas quedaron en una notoria autonomía que implica, como se dijo, cruce de brazos y omisiones de servicio. Hubo siete cambios de jefe de la Unidad Regional II en veinte meses. Y además hubo reproches jamás contestados sobre que el gobierno ejecutó apenas el 11 por ciento en gastos de capital del presupuesto en seguridad en 2021. También porque no empleó los 3 mil millones de pesos derivados por Alberto Fernández en septiembre de 2020 para el área. Con lo que ese dinero perdió la mitad de su capacidad de compra.
El PJ descubre que gobernar la seguridad es más que cuestión de discursos. El hecho de que la Casa Gris no defina al equipo que debe reemplazar en funciones jerárquicas a todos los funcionarios que llegaron con Marcelo Sain expresa un extravío. O quizá que no es nada fácil conseguir y ubicar personal político capacitado para un área donde no abundan los expertos y donde la demanda de respuesta no es diferible.
Perotti arrancó su mandato acusando a mansalva sobre un pacto entre Estado y delito. En las tramas delictivas claro que hay esas sociedades que se verifican en causas judiciales activas y frenadas. Pero él mismo mandó hace un mes el pliego de un vocal del Tribunal de Cuentas que tiene escuchas por dar cobertura a un jefe de policía de provincia que va a juicio por estafar al Estado. Con aquel bombardeo indiscriminado del primer minuto torpedeó zonas de acuerdo que, dada la enorme fragilidad del gobierno en la Legislatura, requerían de otra cosa que sermonear a todos por igual.
La reunión de hoy es buena ocasión para dejar atrás inmovilidades muy costosas. Eso debería captarlo toda la representación política. Hay una buena posible plataforma con la recepción del gobernador a líderes de las bancadas opositoras para explorar acuerdos. Nada cambiará sin la capacidad de organizar transiciones, mirar menos a la próxima elección y más a largo plazo.
Hubo un muy publicitado boicot del elenco principal del Ministerio de Seguridad que respondía a Sain a Jorge Lagna. Es una gran incógnita por qué no se lo cortó de cuajo desde el primer momento en el campo más sensible de la gobernabilidad. También lo es por qué se puede demorar las designaciones de todos los equipos. Sin chances para otra cosa Perotti finalmente parece haber cortado amarras con Sain. La acusación de retención indebida de información con más de mil personas perfiladas aún no se conoce porque la evidencia no fue rendida. Pero los costos de algo así le impedían al mandatario ensayar ningún sostén discursivo sin incendiarse.
En la fiscalía que investiga el caso dicen que se tomarán todo el tiempo necesario para una acusación solvente. Solo se apurarán a imputar en dos motivos. Uno es si el gobierno, que ya parece retroceder en esa teoría, presionara con la insistencia de que la acusación es una mueca conspirativa o una operación. La segunda es si alguno de los sospechados exigiera ver la evidencia. Ante eso habría negativa pero el procedimiento obligaría a imputar en diez días consecutivos.
Todo sigue en un marco de ebullición. Tras encontrar cinco bolsas de papel mutilado en el Ministerio de Seguridad el viernes pasado, cuando el fiscal Ezequiel Hernández recibió el aviso de que se estaba destruyendo presunta evidencia, una medida del lunes no causó menos sorpresa. Fue cuando un agente de la fiscalía encontró a Maximiliano Novas, ex secretario de Coordinación Financiera, adentro de su oficina del Ministerio de Seguridad de la que había renunciado forzosamente tres días antes. Le secuestraron el celular.
Entre las discordias, un viento desolador y sanguíneo afuera sigue soplando. El lunes hubo cinco muertes en Rosario por violencia homicida. Dos de ellas fueron frente a un bunker de drogas en barrio Ludueña. Los vecinos miraban a uno de los muertos, Gerardo Miqueo, 43 años, trabajador del albañilería, conocido habitante del barrio. Su gran desgracia fue estar a metros del lugar donde vivía. Un hombre querido al que, consignó la crónica de ayer en este diario, mataron con la pala en la mano.
