Un asunto elemental es que el Estado ya ha establecido, a través de casos que tienen sentencia, de dónde viene el dinero. Pero el Estado no muestra eficacia para que el grupo investigado lo siga generando y, fundamental, lo siga gastando. Para todos los analistas del lavado de dinero el motor de la violencia no es la pretensión de gobernar un territorio, ni de hacer daño, ni de mostrarse más fuerte. Todo ello que sí es una voluntad de un grupo es en realidad un derivado de la voluntad primera: ganar plata y gastarla.
Los investigadores que detuvieron a Lorena Verdún, ex esposa de Claudio "Pájaro" Cantero, y a su hijo Luciano Cantero, de 18 años, están meditando sobre este asunto. Verdún, decían, recibió sentencia a cinco años de prisión por narcotráfico (no está firme) en octubre de 2019. Unos meses antes de esa condena había sido procesada en una investigación de organismos federales, junto a miembros principales de la Banda de Los Monos, por lavado de activos, en un caso que llegará a juicio este año. En el inventario consignado al grupo le encontraron, según define el acta judicial, inmuebles rurales, edificios, viviendas, inversiones en plazos fijos, compraventa de moneda extranjera, acreditaciones de valores al cobro, derechos económicos sobre jugadores de fútbol y vehículos.
Sin embargo el mismo Estado que ha producido condenas y colocado tras las rejas a la mayoría de los miembros del grupo no puede ponerle freno a su capacidad de seguir generando dinero. Los hombres de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) se encontraron al entrar a lo de Verdún con una bolsa con un casi 1.500.000 pesos efectivo. En el juicio que afrontará este año la fiscal federal Adriana Saccone y el juez Marcelo Bailaque le atribuyeron a Verdún haber cumplido el rol de testaferro, inscribiendo vehículos a su nombre (entre ellos un Chevrolet Vectra, un Peugeot 206 y tres motos). También un depósito de 120 mil pesos (31.300 dólares a la fecha de la pesquisa) del Banco Galicia sobre el que la entidad remitió un reporte de operación sospechosa.
Roberto Bulit Goñi es un especialista en lavado de dinero que se preguntó en una nota con este diario. "¿Por qué lava una persona dinero del delito?". Y respondía: "Para borrar el origen delictivo que tiene su ingreso y gozar de ellos con tranquilidad. Pero en una economía marginal un delincuente puede comprar más cosas sin lavar, se siente más libre. Si un país tiene una alta tasa de marginalidad es mucho menos necesario lavar dinero. En un país con control cuando alguien compra una casa paga el 90 por ciento de su valor en blanco. Por tanto si tiene mucha plata negra deberá blanquear mucho. Pero si ese país tiene alta marginalidad usted hace un boleto en negro donde paga la mitad y después en la escritura paga la mitad restante, que es lo blanco, y rompe el boleto. En este último caso debe blanquear la mitad. En el primer país el comprador pide que le paguen vía transferencia bancaria. Acá hay mucha actividad informal y menos necesidad de blanquear. Esto favorece a las bandas".
"El mismo Estado que ha producido condenas y colocado tras las rejas a la mayoría de los miembros de Los Monos no puede ponerle freno a su capacidad de seguir generando dinero" "El mismo Estado que ha producido condenas y colocado tras las rejas a la mayoría de los miembros de Los Monos no puede ponerle freno a su capacidad de seguir generando dinero"
Hay una discusión no saldada sobre si tener dinero en mano procedente de una actividad no lícita para utilizar permite una persecución penal por lavado. El Estado no puede controlar a todos los que tienen fondos del hampa. Pero si no toma recaudos con personas que tienen condena por narcotráfico, que están ligadas a personas declaradas culpables por actos de violencia en el tiempo y que disponen de grandes cantidades de efectivo, ¿con quién debería tenerlos?
A Verdún, al igual que todos los integrantes del clan Cantero que este año van a juicio por lavado de activos, el juez Marcelo Bailaque les trabó embargo por 51 millones de pesos en el momento de procesarlos, en abril de 2019. "¿Los bienes de respaldo de esos 51 millones fueron efectivamente identificados y secuestrados? ¿El embargo es solo una declaración en una resolución judicial? ¿Alguien buscó esos bienes?", se pregunta el fiscal Matías Edery, de la Unidad de Criminalidad Compleja de Rosario.
"No sé cómo se manejaron los fiscales federales. Pero si como investigador tengo una resolución judicial que traba embargo por 51 millones de pesos a un acusado yo busco bienes por todos lados sin pausa. El método es analizar la forma en que esa persona gasta, la existencia de inmuebles a su nombre o de su círculo íntimo, levantando el secreto bancario y fiscal a ver si mueve dinero de alguna manera. También averiguando en el registro público de comercio si tiene participación en sociedades, en la Municipalidad si tiene comercios a su nombre. No es posible no hacerlo cuando tenemos probadamente que estas personas son factor de violencia", indica Edery, precisamente quien ordenó los allanamientos a Lucho Cantero y a Lorena Verdún.
Este martes a Lucho Cantero le encontraron unas veinte armas flamantes por 20 mil dólares y balas de punta hueca con capacidad de perforar chalecos de protección. Está en la mira por un acto de suprema temeridad: el azote con casi 60 balazos a una camioneta de la policía. De los allanamientos la policía se llevó además tres millones de pesos en billetes. La pregunta elemental, entonces, es qué hace el Estado para impedir esa dinámica circular. Para no verse en la situación en la que está encajado ahora: deteniendo a personas con allegados merecedores de penas por probada capacidad de daño.
"El Estado debería ponerse como meta asfixiar económicamente a personas que reiteran todo el tiempo hechos delictivos violentos y disponen claramente de dinero. Es una meta legítima de persecución penal", dijo alguna vez el fiscal jefe de la extinta Unidad de Delitos Económicos Sebastián Narvaja.
Este martes a Lucho Cantero le encontraron unas veinte armas flamantes por 20 mil dólares y balas de punta hueca con capacidad de perforar chalecos de protección Este martes a Lucho Cantero le encontraron unas veinte armas flamantes por 20 mil dólares y balas de punta hueca con capacidad de perforar chalecos de protección
Lisandro Martínez Gorostiaga es abogado especializado en lavado de activos y fue subsecretario de Asuntos Penales de la provincia. Indica que es poco útil que el Estado condene pero no controle los gastos de un grupo ligado al delito, sumado a que no se decomisan efectivamente los bienes obtenidos. Que tal cosa, como dice Bulit Goñi, se hace difícil en una economía de alta informalidad como la argentina. Pero que se puede controlar sobre todo según el nivel de alerta que despiertan determinados grupos por sus acciones probadas.
"No se debe dejar gastar y para eso se requiere mucho control en los tres niveles del Estado. Hay muchas vías de lavado. Por ejemplo, en Argentina un alto porcentaje de la plata que va a los juegos de azar es en negro o no es declarada a la familia o que no ingresa al mercado legal. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) no pregunta de dónde saca un apostador la plata que lleva al casino pero que puede retirar al salir firmando una declaración jurada. Esas cosas deben revisarse", indica.
El abogado, que fue viceministro de Justicia de la provincia, entiende que se deben hacer requisas rutinarias en estos casos basados en investigaciones legítimas. "No hay arbitrariedad ni ilegalidad cuando se trata de casos de alto perfil y de niveles de seguridad a preservar. Cuando hay personas condenadas una condena más no les importa. Como política criminal de los órganos de persecución penal cuando son criminales con entornos con condena el Estado tiene que buscar. Se debe hacer con una tarea de inteligencia genuina, un buen perfilamiento conformado sobre la base de las relaciones de las personas allegadas y averiguaciones respecto de un pasar superior al ingreso legal que tiene el grupo observado. Ahí salís a buscar los bienes o lo haces en investigaciones conjuntas".
En el caso del joven detenido el martes este chico no tiene actividad registrada pero sí tiene acceso a bienes. “Si hay una resolución que traba embargo en 50 millones a su madre hay un escalón lógico para investigar de manera legítima”.
"Cuando en 2013 detectamos por una denuncia que David Delfín Zacarias había acumulado un patrimonio llamativo, fuimos a la justicia federal. Denunciamos por ejemplo que en su grupo familiar, con parentesco de segundo grado, tenía doce cocheras entre tantos otros bienes y empresas. Y Zacarías ya tenía una condena por narcotráfico. Eso era el fundamento de una causa de lavado. Era parte de la política criminal", observa Martínez Gorostiaga.
Para eso, cree el ex funcionario, es importante una decisión política consistente. “De eso son responsables centrales el Procurador General de la Nación y el Fiscal General de la provincia. Pero se necesita del acuerdo de todas las agencias del Estado. De la Corte Suprema, Del Colegio de Magistrados, de los legisladores, del gobernador y sus oficinas claves, en especial el Ministerio de Seguridad. Las herramientas legales y los recursos humanos están. Se tienen que implementar técnicas de análisis de riesgo con criterios construidos desde la práctica local no teóricamente desde afuera de la provincia. Se requiere voluntad política, un plan estratégico para este tipo de casos, que sea programático y no espasmódico. Del otro lado hay una violencia y perfeccionamiento económico financiero que irá creciendo”.
En el manejo de este trámite los investigadores recordaron un fallo de la Cámara Penal, precisamente en la causa provincial que condenó a integrantes de la familia Cantero en la Justicia provincial en 2018, que habilitaba el decomiso de 55 vehículos, siete propiedades y cinco chapas de taxi sin sentencia firme. La resolución la avalaron Edgardo Fertitta, José Luis Mascali y Julio Kesuani. Los fundamentos para avanzar en el decomiso eran que se cumplieran tres condiciones. Una: la vinculación de los autores con actividades ilícitas o grupos o personas relacionados con ellas. Dos: lo inusual o desproporcionado del incremento patrimonial de las personas bajo proceso. Tres: la inexistencia de justificación lícita de los ingresos que permiten la posesión del dinero o la realización de operaciones de compra.
"Tenemos que determinar bien el trámite del lavado", observa el fiscal Edery. "Pero entre lo secuestrado hay una importante cantidad de piezas de oro lo que implica una inversión. Y lo mismo con las armas que son de alto valor". Lucho Cantero tenía una captura recomendada por homicidio. La pregunta que vuelve es tan circular como la violencia. ¿Cómo controlar el gasto de dinero de grupos que lo obtienen de modo cruento? "En el caso de estas organizaciones haciendo investigaciones preventivas y generando alarmas permanentes. Si uno conoce por inteligencia criminal las personas que rodean a las que tienen causas penales de alto perfil se manda un oficio a todas las agencias estatales para que cuando adquieran bienes avisen. En lugar de esperar que te manden un reporte de operaciones sospechosas (ROS) pedir que los ROS se generen automáticamente. Hay que abrir la cabeza. Lo que se hizo hasta ahora no funcionó. Hay que pensar qué hacer que sí funcione". De otro modo se deberá contar el tiempo hasta el próximo decomiso de armas y de fajos de dinero. Lo que suele dejar en medio un invariable goteo de sangre.
