La defensora pública oficial de San Jorge, Patricia Hidalgo, presentó un hábeas corpus ante el juez Pablo Ruiz Steiger por sobrepoblación carcelaria en la alcaidía de la Unidad Regional XVIII con asiento en Sastre. El recinto de detención provisional posee capacidad para 12 reclusos, pero esta semana el número trepó a 39. “A través de los años, sobre todo desde 2019, la situación se viene agravando por el incremento de la población carcelaria”, dijo la defensora a Radio Cronos de la cabecera del departamento San Martín e ironizó que los detenidos “duermen parados”.
Esta problemática ya se había presentado en años anteriores y no hay solución por parte de las autoridades. La funcionaria ya había elevado un trámite similar en 2017. En aquella oportunidad explicó a La Capital que “la alcaidía de Sastre no está preparada ni estructuralmente, ni económicamente para albergar a tantos detenidos", explicó Hidalgo, quien aseguró que "se llegó a esta situación porque, además de los presos provinciales, los jueces federales constantemente ordenan que se alojen presos con prisión preventiva por delitos federales —como los relacionados al delito de drogas— pero en dependencias de la policía de la provincia”.
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“Que la población conozca la situación carcelaria que tenemos ayuda a una mayor comprensión de por qué se trata de mejorar las condiciones de habitabilidad de las personas detenidas sin condenas, es decir que están con prisión preventiva y bajo una investigación penal, o sea que aún gozan del principio de inocencia”, señaló Hidalgo.
Además, consideró que “con la Ley de Violencia de Género y los abusos sexuales, la cárcel se pobló mucho” y que los delitos contra la propiedad no se incrementaron, sino que las razones por el hacinamiento van en otro sentido. “Existe otra exigencia y valoración que hacen los jueces cuando se trata de delitos de violencia contra la mujer. Es palabra contra palabra y no hay forma de dirimir eso. Hay dos maneras de vivir el proceso, en libertad o en prisión preventiva. Con lo cual no existe manera ni garantía suficiente que uno pueda ofrecer para desvirtuar una primera aproximación para creerle ciegamente a la víctima. Entonces todos los ofensores sexuales o posibles ofensores sexuales que aún tienen el principio de inocencia que les rige hasta que una sentencia dicte lo contrario, son puestos en prisión”, explicó.
Duermen parados
Para que se dimensione la problemática, la defensora dijo que "los internos están durmiendo parados”, y reiteró su preocupación por la economía carcelaria en relación a los fondos destinados a las raciones alimentarias.
"Hay gente con prisión preventiva firme en la Alcaidía que no se mueve de ese lugar. Cada vez que llega un traslado es para los más nuevos, para los que recién ingresan”, se quejó y aclaró que en otras dependencias policiales como las comisarías no “no tienen calabozos, no hay personal capacitado para cuidar presos y no hay suficientes garantías para evitar un motín. Se hizo un relevamiento en el departamento San Martín y Castellanos y tratamos de no tener detenidos más de unas pocas horas en las comisarías hasta que se realice la audiencia y sean trasladados a la alcaidía», concluyó.
