Karina Milei dio marcha atrás con el recurso judicial que había presentado para evitar la difusión de los audios donde Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, revelaba supuestas coimas dirigidas a la funcionaria. "No afectaría mi seguridad, ni los derechos de terceros ni la seguridad nacional", retrucó la hermana del presidente.
Fue el juez en lo civil y comercial federal Alejandro Patricio Maraniello quien levantó la censura previa que se había dispuesto a estas grabaciones. De todas formas, este martes a las 9.30 se vencía el plazo para sostener la demanda por la difusión de esos audios o desestimarla.
En los audios, que habían sido difundidos por Jorge Rial y Mauro Federico, se escuchaba a Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, hablar sobre supuestos sobreprecios en la compra de medicamentos y que parte de eso era destinado para Karina Milei. También apuntaba contra Eduardo “Lule” Menem.
La presentación de Karina Milei
A través de Santiago Viola, su abogado, Karina Milei desistió de la medida cautelar y contestó un recurso de revocatoria de la medida, realizado por Jorge Fontevecchia, director del diario Perfil.
Fontevecchia, según la hermana del presidente Javier Milei, “se presenta como defensor del derecho de prensa y/o como una víctima de una supuesta censura (que no es tal) pero en realidad no explica que se ha dedicado únicamente a atacarme a mí y a mi familia a través de noticias falsas (tanto personalmente como a través de sus medios), intentando torcer el rumbo elegido democráticamente por los argentinos”.
“Creo firmemente en la libertad de prensa, pero ese derecho no puede ser confundido con un derecho a desinformar o utilizar medios de comunicación como presión política o para desestabilizar un Gobierno elegido democráticamente”, agregó Karina Milei y defendió la medida cautelar que se había impuesto por considerarla debidamente justificada, ajustada a derecho y constitucional.
Por otro lado, Karina Milei remarcó que esos audios son parte de una maniobra de inteligencia ilegal y reconoció que la cautelar del juez Mariniello puede afectar esa investigación. Además, sostuvo que el contenido de los audios, que medios de Uruguay difundieron, “no afectaría mi seguridad, ni los derechos de terceros ni la seguridad nacional, al menos con la información con la cuenta actualmente”.
Renunciaron los abogados de Diego Spagnuolo
La causa por presuntas coimas vinculadas a la provisión de medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó el viernes la renuncia de los abogados del extitular del área, Diego Spagnuolo, y, además, se desarrollaron nuevos allanamientos.
Con el secreto de sumario prorrogado hasta el 19 de septiembre, el fiscal federal Franco Picardi dispuso una serie de allanamientos simultáneos en distintos barrios privados donde residen los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, propietarios de la droguería Suizo Argentina, y Spagnuolo.
En esos procedimientos, se solicitó información sobre ingresos y egresos de los countries desde principios de este año, así como datos de una caja de seguridad vinculada al exdirector de la Andis, en la que se hallaron 80.000 dólares. La Fiscalía entiende que el flujo de dinero es clave para reconstruir la presunta ruta de sobornos que habría beneficiado a funcionarios nacionales en acuerdo con la empresa proveedora de medicamentos.
En paralelo, Spagnuolo deberá conseguirse nuevos representantes legales ya que sus abogados renunciaron a continuar como defensores del exfuncionario.
Tanto Juan Aráoz de Lamadrid como Ignacio Rama Schultze se apartaron de la representación del exfuncionario alegando motivos personales.
Más allanamientos
Los allanamientos más recientes también alcanzaron a los domicilios de los Kovalivker, de Spagnuolo y del exfuncionario Daniel Garbellini, con el objetivo de acceder a registros de ingresos, egresos y documentación comercial. En particular, se secuestraron expedientes relacionados con compras de medicamentos.
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La continuidad de la pesquisa estará marcada por el análisis de la documentación bancaria y fiscal que aún debe ser remitida a la Fiscalía, en lo que se perfila como una de las investigaciones más sensibles para el gobierno en materia de corrupción.