El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, explicó que el gobierno nacional tomó la decisión de intervenir Vicentin porque la empresa "iba a camino a la quiebra o al desguace". Y aseguró que, aunque están a abiertos a escuchar propuestas, la expropiación es "la única alternativa que se encontró" para rescatarla y, con ella, a toda la cadena de valor que está impactada por su default. Dijo que "el modelo YPF" es el que se piensa para salvar a la agroxportadora: una empresa mixta, con liderazgo estatal, gerenciamiento profesional, y abierta a la participación de actores del sector agroindustrial y las provincias. "Sería bueno que Santa Fe tenga un representante en el directorio", señaló. Kulfas reiteró que la intervención estatal en la compañía que entró en concurso por una deuda de u$s 1.400 millones es un rescate que tiene como objetivo "salvar a Vicentin, preservar sus activos y recuperarla como una empresa nacional al servicio del desarrollo agroindustrial".
—¿ A partir de que análisis tomaron la decisión de intervenir Vicentin?
—Como dijimos el día del anuncio, la verdad es que Vicentin está con un problema muy grave. En diciembre de 2019 dejó de pagar sus deudas a gran cantidad de productores, acopiadores y acreedores financieros, incluido el Banco Nación. Tomamos esta decisión porque veníamos observando riesgos muy serios de que la empresa entrara en proceso de quiebra, de desguace. Y pensamos que es una empresa demasiado importante en la cadena agroindustrial como para que termine tan mal. En estos seis meses que pasaron, esperamos que presentaran una solución de mercado. Nada de esto ocurrió, lamentablemente, y por eso iniciamos esta operación de rescate de la empresa y de toda la cadena vinculada, que incluye crear una empresa mixta con mayoría estatal y gerenciamiento profesional para retomar una actividad importante. Es una empresa con 90 años de historia. Y pensamos que la mejor manera de honrar esa historia es rescatarla y evitar que vaya a desguace..
—Vicentin Saic, que es el objeto de intervención, tiene ramificación y vinculación con unas 20 empresas. ¿Todo ese paquete va a estar sujeto a expropiación o sólo la industria aceitera?
—Sería sobre Vicentin Saic, que es la compañía que está en concurso y tiene varias plantas productivas. El rescate apunta al sector de la empresa que está atravesando esta crisis. Una crisis que desde el punto de vista territorial termina afectando a productores en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y otros lugares del país. Este proyecto no es en contra de nadie, ni siquiera en contra de los accionistas de Vicentin. Es a favor de rescatar una cadena agroindustrial que está fuertemente afectada. Durante esta semana hemos tenido mucho diálogo, no sólo con los directivos de Vicentin sino con muchos productores, acopiadores y cooperativas. Los sectores perjudicados por la situación ven con buenos ojos esta medida. Algunos plantean sus dudas, que vamos aclarando. La idea es crear una empresa mixta, con liderazgo estatal y gerenciamiento profesional, e incorporar a algunas cooperativas, a productores. Son todas propuestas que estamos analizando. Este es el inicio de un proceso.
—¿Hubo participación del gobierno provincial en la decisión de la intervención? El ministro de Producción de Santa Fe, Daniel Costamagna, objetó el paso de la expropiación.
—Con el ministro Costamagna tenemos una relación muy buena desde el inicio de la gestión. De hecho con él hemos trabajado todas las cuestiones relacionadas con el manejo de la administración de la cuarentena en temas productivos. Nos manifestó que comparte los objetivos que planteamos pero no la herramienta de la expropiación. La verdad es que, como lo dijo el presidente, no es que nos parezca la opción superadora de todas sino que es la única alternativa que encontramos. He escuchado decir en estos días que hay ideas superadoras pero hasta ahora no han aparecido. Si aparece, estamos abiertos. Tan abiertos que hemos escuchado, junto a los directivos de YPF, a los accionistas de Vicentin. No tenemos ni ningún preconcepto ni prejuicio. El objetivo principal es salvar Vicentin, preservar sus activos y que sea una empresa nacional al servicio del desarrollo industrial.
—¿La expropiación demandará una inversión del Estado o se hará con la capitalización de acreencias tanto del Nación, como de la Afip y otros bancos públicos?
—Lo importante en este caso es restablecer la confianza y que los productores vuelvan a venderle su producción primaria a Vicentin. Que se vuelva a poner en marcha esa maquinaria. En la medida en que esto pase van a estar disponibles los recursos para el pago de la deuda. La idea es que la presencia del Estado nacional dé certidumbre a este proceso. Esto puede significar capitalizar parte de las deudas pero habrá que ver cómo se pone en práctica. Estamos ahora trabajando en la intervención, que tiene como objetivo tomar mayor conocimiento de lo que está ocurriendo en la compañía, para llevarla al mejor presente posible. El Estado es el que puede garantizar la continuidad productiva de la empresa. Una vez en marcha, las deudas podrán ser parte reestructuradas o capitalizadas. Es un tema sobre el que no tiene sentido adelantarse. Si la empresa no trabaja a su capacidad productiva, no tiene sentido plantearse nada.
—¿La empresa mixta incluiría a los acreedores comerciales, por ejemplo ACA, que es uno de los principales?
—Sí, es una posibilidad muy clara y nos interesa muchísimo que los actores de esta cadena puedan ser parte de la empresa y tener participación en un directorio. Conversamos con el gobernador Perotti que sería bueno que Santa Fe tenga un representante en el directorio. Aunque sean de sectores distintos, estamos hablando de un esquema como el que funciona en YPF, que es una empresa mixta, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, tiene un management absolutamente profesional y tiene un directorio con representantes del Estado nacional y las provincias petroleras. El modelo YPF funciona muy bien y tiene mucho para dar. Ese es el modelo pensado para esta empresa mixta. Y hay sectores que se mostraron interesados en participar.
—¿Los accionistas de Vicentin no formarían parte de este nuevo esquema?
—Estamos viendo en principio que han dejado la compañía con muchas dificultades, con un pasivo grande por el que no pudieron responder. Por motivos múltiples, que probablemente tengan que ver con la política económica de 2019. No estamos en contra de ellos. Hay investigaciones judiciales en curso, está el propio concurso. No voy a prejuzgar pero mientras se investiga, lo que nos preocupa hoy es que Vicentin no quiebre ni se desguace. Y que podamos salvar esa cadena agroindustrial an importante para santa Fe y la Argentina.
