Interpol Colombia detuvo el jueves pasado en la ciudad de Medellín al argentino Juan Carlos Bossi, quien participó en los llamados "vuelos de la muerte", cuando la última dictadura militar arrojaba a los detenidos políticos al río de la Plata desde aviones. Integraba la lista de represores por los que la Justicia federal ofrece una recompensa de 100 mil pesos, en el marco de la causa caratulada "Guerrieri, Pascual Oscar", por el coronel retirado que fue protagonista de la represión ilegal en el área del II Cuerpo de Ejército, con sede en Rosario.
Bossi fue detenido cuando iba a tomar un taxi para dirigirse a una cita médica, según anunció Interpol de Colombia. Al represor, que formaba parte del personal civil del grupo de inteligencia militar (PCI), se lo conocía como "el doctor" porque abordaba los vuelos de la muerte vestido con bata de médico y a sus víctimas las torturaba por asfixia por medio de los cauchos que en los procedimientos médicos son usados como torniquetes para las tomas de muestras de sangre, entre otros.
Sobre Bossi pesaba un pedido de captura ordenado el 4 de abril de 2011 por el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, por delitos de lesa humanidad como secuestro, tortura, desaparición y homicidio.
Bossi, según el expediente, fue identificado como "la persona que inyectaba y mataba a los detenidos". Sin embargo, mucho antes de que ordenaran su detención, huyó en 1981 a España, abandonando a su esposa e hijos. En ese país se escondió por casi tres décadas.
Bossi, de 67 años y nacido en la ciudad de Santa Fe, vivió por largo tiempo en Barcelona, hasta que un viaje a Colombia, en 2008, lo hizo tomar la decisión de mudarse.
A Colombia entró clandestinamente por la frontera con Panamá y estuvo en Medellín, donde se quedó. En ese país logró obtener documentos de identidad fraudulentos con su nombre de pila.
Bossi se afilió a la Entidad Promotoras de Salud porque sufre cáncer pulmonar, y precisamente el jueves, a las 12.40 y cuando abordaba un taxi para ir a una cita médica, agentes de Interpol lo detuvieron.
En ese momento, el represor no pronunció palabra alguna y simplemente presentó la cédula que portaba, mientras se aferraba al tanque de oxígeno que le ayuda a respirar.
Dos agentes lo acompañaron al consultorio médico y estuvieron presentes durante la cita. Ante las preguntas del médico, "el doctor" tuvo que hablar y respondió con acento argentino. Entonces, le reconoció a Interpol que era el hombre que buscaban.
De inmediato, se activó el proceso de extradición del represor a la Argentina, donde ofrecían 32 mil dólares por información que diera con su paradero .
Los agentes de Interpol que le seguían la huella desde hace año y medio determinaron que Bossi estuvo haciendo gestiones para legalizar su presencia en el país en varios municipios de Cundinamarca.
En una de esas poblaciones logró conseguir la declaración jurada de dos testigos que, frente a un notario, dieron fe de que era un colombiano al que sus padres no habían registrado al nacer. De ese modo, obtuvo su registro civil y, posteriormente, tramitó la cédula de ciudadanía.
Con sus documentos en mano, Bossi, quien gusta de la buena vida, se estableció en un lujoso apartamento del sector de El Poblado, en el sur de Medellín, rodeado de un grupo de al menos cinco empleados.
"Curiosamente, los mantenía compartimentados y entre ellos no se conocían ni sabían de su existencia. A cada uno le tenía una misión diferente: uno, le pagaba los servicios; otro, le movía las cuentas de banco. Tenía un tercero, que aparecía en los documentos de alquiler del apartamento, y había un empleado que lo acompañaba a hacer diligencias. Y uno más que estaba pendiente de mantener al día su afiliación de medicina prepagada", reveló el coronel Juan Carlos Gómez Arias, jefe de Interpol en Colombia.
Balance. Con la captura de Bossi, suman 44 los ofrecimientos de dinero por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para quien pueda brindar datos sobre los paraderos de represores denunciados por delitos de lesa humanidad que continúan prófugos.
Entre otros, se ofrecen recompensas para quien aporte datos sobre el paradero de Carlos Gabriel Jesús Isach y Rubén Eduardo Alcuri, quien era personal civil del Destacamento de Inteligencia Militar 121 de Rosario y con pedido de captura por los crímenes de los militantes peronistas Eduardo Pereyra Rossi y Osvaldo Cambiaso.
