Con la sola excepción de Fabián Palo Oliver, quien en la Cámara baja integra la comisión de Seguridad Pública y piensa que debe debatirse junto a su propio proyecto, no hubo en la Legislatura más reacciones. Los diputados y senadores consultados por La Capital se excusaron diciendo desconocer la iniciativa que recién llevaba 48 horas arriba del escritorio de la Junta Provincial de Seguridad. ¿La idea que llevó el fiscal General del Ministerio Público de Acusación (MPA) podría abrir otro capítulo de rispideces entre poderes?
En el MPA entienden que es todo lo contrario. Que la solicitud que llevó en el anexo al documento que Jorge Baclini presentó en la reunión del martes pasado busca modificar la ley orgánica del MPA para terminar con esos cruces.
En otras palabras, promueve que la ley Nº 13.013 vuelva a su redacción original de 2009, cuando se sancionó. La norma fue modificada en 2017, cuando la Legislatura se arrogó la prerrogativa de contralor y sanción sobre el accionar de los fiscales.
En el MPA esperan con expectación la reacción que tendrán los dos poderes restantes. El Ministerio de la Acusación, aunque con autonomía plena, funciona en la órbita del Judicial. Baclini concluirá su mandato al frente de ese organismo y no puede ser reelecto inmediatamente (así está legalmente estipulado), por lo que se entiende que queda fuera de sospecha en cuanto a sus intenciones.
Esa misma razón lo habría convertido en el indicado para dejar el hierro candente en la mesa en la que discute cómo los poderes públicos pacificarán la provincia, restituirán el orden y disminuirán las muertes y los delitos a niveles razonablemente tolerables.
Quizás por eso el mismo Baclini había adelantado que lo haría, en la primera reunión de la junta en febrero pasado, que presidió el gobernador Omar Perotti en persona.
De ese encuentro en el salón Blanco, vedado a la prensa, las partes salieron con discursos de ocasión. La síntesis resultó pobre para la urgencia de la hora.
La segunda reunión de este martes no arrojó todavía el tan esperado programa de seguridad, pero sí puso otra vez en escena el conflicto interinstitucional en relación a quiénes deben investigar delitos. No pocos fiscales y no exentos de escándalos fueron destituidos por no hacer su deber o, en todo caso, hacer lo contrario.
“Postura institucional del MPA: implementación de un plan provincial de política criminal”, es el ampuloso nombre que el MPA le puso al dossier de doce fojas que llevó Baclini. “Tenemos que tener un plan de seguridad”, desafió ante los medios de prensa que cubrieron la reunión.
Claves
Pero la propuesta del MPA tiene un anexo denominado “propuesta de modificaciones a la ley Nº 13.013”, que propicia a lo largo de diez fojas la modificación de once artículos de la norma que regula el funcionamiento del MPA.
Sin importar el rango, los fiscales —dice el proyecto de reforma— tienen estabilidad en el cargo y sólo podrán ser removidos, suspendidos o multados por la comisión de faltas graves con intervención del tribunal de disciplina.
Es decir: vuelve a poner en manos de un órgano ajeno a la Legislatura (integrado por un senador, un diputado, un representante del Colegio de Abogados ajeno a la circunscripción del acusado, un fiscal regional, también de otra jurisdicción y electo por sorteo, y el fiscal General) el poder disciplinario.
