La Asamblea Legislativa santafesina trató más de 80 pliegos para cargos en el Poder Judicial y órganos de control, entre ellos los controvertidos 36 aspirantes a jueces comunitarios, de los cuales tres fueron rechazados, uno quedó en reserva judicial y los restantes aprobados, algunos por unanimidad y muchos otros en votación dividida. Un proceso que fue duramente cuestionado por algunas bancadas de la oposición y defendido por sectores del oficialismo y también por algunos bloques no peronistas.
Previo a ese acalorado y extenso debate (en el que se mantuvo el quórum), el plenario conjunto de diputados y senadores aprobó los pliegos para cubrir vacantes en el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) y el Tribunal de Cuentas.
El ex ministro de Seguridad provincial Jorge Lagna, propuesto por el Ejecutivo para ocupar un lugar en el Enress y objetado por un sector de la oposición, logró la aprobación de su pliego por una diferencia de dos votos: 32 afirmativos, 30 negativos y cinco abstenciones.
Al Enress también llegará Jorge Hurani (ligado al diputado del PJ Oscar Cachi Martínez). Consiguió 48 votos positivos y 19 negativos.
Asimismo, senadores y diputados avalaron a Marcelo Terenzio como integrante del Tribunal de Cuentas (62 votos a favor y 5 en contra).
Tras la aprobación de varios pliegos de jueces Penales, la Asamblea pasó a cuarto intermedio para permitir el inicio de la sesión de Diputados y en el Senado, que tenían en agenda el debate por el presupuesto 2023.
Luego de cumplir esa formalidad, la Asamblea retomó el tratamiento de los polémicos pliegos de magistrados de Pequeñas Causas, algunos de los cuales fueron judicializados por presuntas irregularidades.
Tres pliegos de los 36 candidatos a jueces comunitarios fueron rechazados por la mayoría de los integrantes de la Asamblea: René Alzugaray (propuesto Llambi Campbell), Martín Ceschi (La Criolla) e Ignacio Cristiani (Puerto Gaboto). Sí quedó sin tratamiento, y en reserva mientras dure una cautelar de la Justicia, el pliego de Pablo Rangel (Empalme Villa Constitución).
Argumentos
El primero en tomar la palabra fue el diputado Fabián Palo Oliver (Radicales Libres): afirmó que el proceso estaba “viciado de nulidad” por contradecir todos los decretos que reglamentaron el proceso de selección de las ternas de candidatos. En esa mismo posición estuvo Carlos Del Frade (Frente Social y Popular)
“Hubo una absoluta falta de transparencia en todo el concurso”, dijo Oliver y señaló, sin dar nombres propios, casos de candidatos que en la primera etapa del concurso quedaron primero en el orden de mérito, pero que luego ni siquiera fueron nominados en la terna. Y también al revés: abogados que pasaron raspando el examen y que luego figuraron primero en la lista.
Oliver atribuyó estas “irregularidades” a pactos políticos entre el gobierno de Omar Perotti y sectores de la oposición (aludió elípticamente al socialismo).
Fabián Bastía (Evolución) dijo que su bancada iba a acompañar con el voto favorable solo a los pliegos de candidatos que respetaron la legalidad del proceso. Cuestionó el accionar en el concurso del Consejo de la Magistratura y cargó duramente contra el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, a quién acusó de haber “actuado en las sombras”, por lo que pidió la renuncia inmediata del funcionario.
La misma posición adoptó su colega Juan Cruz Cándido (Evolución). Dijo que iban a dar acuerdo a los que respetaron el proceso legal para que “no paguen justos por pecadores”.
El socialista Joaquín Blanco dijo que se politizó el tema por posicionamientos electorales para 2023" El socialista Joaquín Blanco dijo que se politizó el tema por posicionamientos electorales para 2023"
“Es un papelón lo que está haciendo esta Asamblea, por eso muchos acá no levantan la cabeza” de sus bancas, fustigó el radical, en referencia a sus ex aliados del Partido Socialista (PS), a los que acusó, apenas asomaba este conflicto, de “contubernio” con el gobierno de Perotti.
La primera voz que se alzó para defender el proceso fue el peronista Leandro Busatto. Defendió la legalidad de todo lo actuado y enumeró todos los decretos que reglamentaron la selección de jueces, desde las gestiones de Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz.
Busatto señaló que salir primero en la prueba de oposición (examen escrito basado en el sistema múltiple choice) no significaba puntear en la terna, ya que la evaluación era más integral con las etapas de antecedentes y las entrevistas a los candidatos postulados. “Seguramente hay que mejorar el sistema, pero todo el proceso está basado en la legalidad”, enfatizó.
Julián Galdeano (Juntos por el Cambio, JxC), más allá de algunos reparos, también defendió la legalidad del proceso de selección para los juzgados comunitarios. Y, al igual que Busatto, dijo que los decretos reglamentarios de los sucesivos gobiernos del Frente Progresista establecieron cierta agilidad para seleccionar a los candidatos que se presentaban al concurso. Habló de 1.066 participantes, de los cuales más de 200 pasaron a las siguientes etapas del proceso. “La prueba de oposición (examen escrito) no implicaba ningún orden de mérito”, refirió.
Joaquín Blanco (bloque Socialista) adelantó que la bancada que preside iba a votar en contra de tres pliegos enviados por el Ejecutivo y se iban a abstener o votar en contra en otros. Luego viró su discurso a una contestación más política. Habló de “sobreactuación” de algunos sectores para tratar de sacar rédito electoral en 2023. Fue una obvia alusión a las críticas que le hicieron desde el sector radical que comanda Maximiliano Pullaro.
Otro pico de tensión
La tensión creció más tarde con el tratamiento de los pliegos de fiscales para distintas circunscripciones. En especial con el de Matías Edery (para ascender de adjunto a titular).
El bloque de senadores Juan Domingo Perón, al mando de Armando Traferri (enfrentado a Edery por la causa del juego ilegal), se abstuvo de votar el pliego. En cambio, el senador oficialista Miguel Rabbia lo hizo por la afirmativa. Finalmente, hubo acuerdo parlamentario por el pliego de Edery.
