Por Javier Felcaro
Foto: Virginia Benedetto / La Capital.
La sede Rosario de la Gobernación, donde deliberará la Junta Provincial de Seguridad, es escenario del reclamo de familiares de víctimas.
Representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Santa Fe se reunirán mañana en la sede Rosario de la Gobernación para poner sobre la mesa sus respectivas propuestas destinadas a frenar el avance del crimen organizado, en especial en la ciudad, donde el año que despunta refleja una estadística alarmante.
Encabezada por el gobernador Omar Perotti, la Junta Provincial de Seguridad deliberará, desde las 16, con la presencia de la Corte Suprema de Justicia, magistrados, integrantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), senadores y diputados santafesinos —mañana no habrá actividad parlamentaria— y las asociaciones de familiares de víctimas.
El Ejecutivo espera que todos los integrantes de la junta arriben al encuentro con propuestas, a la vez que el ministro de Seguridad provincial, Claudio Brilloni, aludirá al estado de situación y fundamentará los pilares sobre los que se asienta su flamante gestión (es el cuarto titular del área desde diciembre de 2019), que comenzó el 8 de febrero pasado.
Asimismo, se expondrán iniciativas legislativas centradas en la seguridad, marco en el cual la Casa Gris buscará cimentar el compromiso de los demás Poderes con el objetivo de paliar la crítica situación.
La convocatoria a la Junta Provincial de Seguridad llegó pocos días después de la tensión entre la administración de Perotti y el gobierno de Alberto Fernández respecto de la asignación de recursos y el destino de fuerzas federales para combatir el narcotráfico en el sur santafesino.
De hecho, Brilloni solicitó ayer “más colaboración y compromiso” a las fuerzas federales enviadas a la provincia para combatir el delito, tras la nueva reunión de la Mesa de Comando Conjunto, que también integra la Municipalidad de Rosario.
A su vez, el jefe de Gabinete nacional, Agustín Rossi, pidió un “gran acuerdo entre todos los partidos democráticos de Santa Fe” para que la inseguridad, sobre todo en Rosario, no sea una “variable de la disputa política y electoral” en un 2023 con citas en las urnas decisivas.
La previa a la cumbre de mañana incluyó una reunión dispuesta por el presidente de la Corte de Santa Fe, Daniel Erbetta, con autoridades del MPA y agencias que que investigan homicidios dolosos, principalmente en Rosario, a fin de aceitar el trabajo conjunto.
En la vereda opositora, en tanto, legisladores impulsarán que la Junta Provincial de Seguridad sea convocada mensualmente y defina un programa de gestión en la materia.
No faltarán los planteos centrados en la ley de emergencia en seguridad, uno de los cuales promueve ampliarla a un mínimo de dos años, otorgando también al próximo gobierno santafesino la chance de extender la vigencia de esa herramienta.
Con esa normativa como eje de discusión, y a raíz de la convocatoria de Perotti a la Junta Provincial de Seguridad, la presencia de Brilloni en la Cámara baja, prevista para el 22 de febrero, fue postergada hasta después de la reunión en la sede Rosario de la Gobernación.
El mensaje del Ejecutivo con el pedido de que la emergencia en seguridad vuelva a ser sancionada había ingresado el jueves al Senado de Santa Fe.
Pero la discusión parlamentaria en torno a la iniciativa quedará abierta una vez que Brilloni detalle su plan de trabajo ante todos los miembros de la Junta Provincial de Seguridad.
La Cámara de Apelaciones de Rosario resolvió excarcelar a los cuatro exdirectivos tras el pago de una fianza individual de 1 millón de dólares.
Por Rodolfo Parody