Foto: Archivo / La Capital.
La Cámara baja santafesina le dio luz verde a la llamada ley de leyes.
El jueves próximo quedará plasmado lo que la Casa Gris entiende es un logro político y si, como espera la administración de Omar Perotti, el Senado convierte finalmente en ley el presupuesto 2022 que ayer le envió en segunda revisión la Cámara baja, podrá afianzar el entusiasmo: el debut (¿preelectoral?) del reperfilamiento de la gestión habrá pasado la prueba.
Por lo pronto, quien debutó exitosamente en la siempre movediza arena de la confrontación política es la ministra de Gobierno, Celia Arena. Apenas 72 horas después que se reuniera con los diputados de las comisiones de Presupuesto y de Asuntos Constitucionales (que debían dictaminar), la Cámara baja aprobó el proyecto por 41 votos positivos, cuatro negativos y sólo tres ausencias. No hubo abstenciones.
No se trata del mismo proyecto que saliera con media sanción del Senado en diciembre pasado. Y no se sabe todavía si el gobierno ya logró en la Cámara alta el consenso que enhebró en Diputados, o si la norma volverá _una vez más_ a hacer el mismo recorrido. Sin cinco pases y, finalmente, si ambos cuerpos no logran respaldar un mismo texto, se impone aquel que apruebe la Cámara de origen, en este caso el Senado.
El diputado Rubén Giustiniani (Igualdad), uno de los cuatro votos negativos, llamó la atención acerca de lo que llamó “anomalía institucional”, en referencia a que “el proyecto de presupuesto anual ingrese por el Senado, donde sus miembros, con toda legitimidad, piensan y pelean por las necesidades de sus jurisdicciones, en lugar de hacerlo por la Cámara baja, donde se hace un análisis global y general sobre las prioridades de toda inversión o gasto, endeudamientos, plazos y cuestiones esenciales”.
Las modificaciones que los diputados introdujeron al texto son tres, en resumidísimas líneas: aumento de fondos para el Plan Incluir, de 4.000 a 6.000 millones (1.500 millones para Rosario y 750 para la capital provincial), en compensación por el desaparecido Fondo del Conurbano y un cronograma de pago de deudas a municipios y comunas.
Es decir: el eje del acuerdo que lograron sellar Arena y sus pares de Economía, Walter Agosto, y de Gestión Pública, Marcos Corach, fueron circuitos de distribución de fondos que la oposición le recrimina a la Casa Gris posee depositados sin otro fin que hacer ahorro.
Ayer volvió a recriminar esa conducta tan conservadora la diputada Clara García (Frente Progresista, FAP), la principal espalda que la oposición tiene en la materia. El presupuesto incluye recursos por un total 851.018 millones de pesos y establece gastos por 850.445 millones, de lo que se desprende un superávit financiero de casi 573 millones de pesos.
“Es el tercer año que tiene superávit”, dijo García, quien al igual que sus pares entiende que las penurias que imponen a la población la excepcionalidad que trajo, primero, la pandemia y ahora la guerra entre Rusia y Ucrania no permiten tener fondos guardados y, además, propiciar endeudamientos.
Por eso, la socialista repitió al menos una media docena de veces que “se hará un seguimiento cercano y minucioso” del cumplimiento de las promesas de fondos para municipios y comunas, luego de recriminar incumplimientos “de recursos que son legítimos de los municipios, como Obras Menores y el Programa Incluir”.
Aunque otros también fueron duros, como el radical Maximiliano Pullaro, quien celebró que la prensa “vuelva a presenciar la sesión para testimoniar que el endeudamiento dejado por la gestión anterior no era tal”, o Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), ninguno se desmarcó del clima de época que sobrevoló el recinto: una suerte de sonata armoniosa.
Esta ya había sido subrayada con esmero y énfasis por el jefe del oficialismo, Ricardo Olivera, quien saludó “el acompañamiento del proyecto, la posibilidad de lograr el consenso y la recuperación de espacios de diálogo que estaban debilitados”.
También llenó de relativismo la versión oficialista de las cifras que contiene el todavía proyecto de presupuesto: “Se caracteriza por tener un escenario de mucha incertidumbre”.
Al respecto, explicó: “En 2020 votamos un presupuesto que, a los tres meses, tuvimos que volver trabajar con leyes especiales por un fenómeno que no estaba en los cálculos de nadie (la pandemia de Covid-19). Ahora votamos un presupuesto sobre la base de una la realidad que, seguramente, en los próximos meses se modificará por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la cuestión Rusia-Ucrania y la pospandemia. Nos interesa dejar en claro que tenemos que seguir discutiendo este instrumento debido a la incertidumbre”.
Por Facundo Borrego
Por Pablo Mihal