Fue a puerta cerradas y a su término no hubo anuncios específicos. Aún así, dos datos que la convirtieron en una reunión que sobresalió en la agenda oficial. Fue la primera vez que todos los poderes de Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- se juntan en la presente gestión de gobierno para discutir la situación de inseguridad en la provincia en la que campean a diario hechos violentos con numerosas víctimas.
El otro dato que signó la reunión de la Junta Provincial de Seguridad que al caer la tarde del jueves convocó y presidió en el salón Blanco de la Casa Gris el gobernador, Omar Perotti, es que fue en el mismo día en que frente al palacio gubernamental hubo una concentración de familiares de víctimas, algunos venidos desde Rosario. Todos exigiendo que cese la tragedia de muertos, heridos y daños en toda la gama posible de delitos.
Además dejaron un petitorio que reclama una declaración de emergencia en seguridad, políticas de Estado con amplios consensos y de aplicación a largo aliento con efectivos policiales capacitados y suficientes.
La reunión de la Junta se extendió aproximadamente tres horas y sólo trascendió como dato concreto que volverá a reunirse una vez por mes aunque el senador, Armando Traferri, al salir, dijo que propuso encuentros quincenales dada “la gravedad de la situación”.
Dentro del salón Blanco no se puede saber cuál fue el eje que prevaleció en torno al que giraron los análisis y opiniones de fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) o de senadores y diputados representantes de los bloques de distintos partidos que integran las Cámaras.
Afuera pareció predominar el eje político-partidista entre algunos de los hablaron con la prensa. Los hubo quiénes adujeron que se trató de la primera y demorada convocatoria desde que asumió este gobierno en 2019. Quienes, no dejaron pasar que las gestiones anteriores reunieron dos veces al Consejo sin obtener cambios significativos en los indices y estadistas delictivos y/o criminales.
Otros subrayaron que la promesa de campaña de paz y orden sigue pendiente, pero les valió el retruque de que la crisis comenzó en 2007 y fue incrementando sin solución de continuidad desde entonces por lo que el gobierno actual heredó una situación peor de lo que imaginó.
Ese ping pong de acusaciones cruzadas se advirtió en los legisladores de la oposición y el peronismo, que accedieron a hablar con la prensa. No obstante todos los asistentes cumplimentaron en declararse ante los micrófonos satisfechos por la reunión y saludaron la iniciativa, cumpliendo así con el manual de corrección.
El titular del MPA, Jorge Baclini, dijo que planteó que el control político a los fiscales “no es conveniente, es desacertado porque afecta a la autonomía condicionando su trabajo” y que se habló mucho del fortalecimiento de las áreas de criminalísticas.
Por el gobierno, hablaron al término del extenso cónclave la ministra de Gobierno, Celia Arena, y su par de Gestión y Función Pública, Marcos Corach.
“Este encuentro es continuidad del diálogo que se iniciara a fines del año pasado cuando el gobernador convocó por este tema a legisladores nacionales, provinciales, al Consejo Económico Social para avanzar en las acciones que se llevan adelante y a esta junta que fue incluida en la ley de emergencia de seguridad y el sistema penitenciario que es la institucionalización de este espacio con representación de los tres poderes con responsabilidad en el tema", señaló Corach.
"El objetivo es avanzar en el diálogo efectivo que ya venimos teniendo, priorizar las acciones, mucho se habló de los operativos multiagenciales que se vienen desarrollando en el territorio y del diálogo con los gobiernos locales. La seguridad en un sentido integral entendiendo que la iluminación de las calles, determinados dispositivos, el acceso a la educación, distintos programas de distintos tipos tienen impacto. Entonces, cada uno planteó una agenda para la próxima en reunión en base a la puesta en común que hoy se hizo”, añadió.
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Corach se desentendió de la crítica que hizo el senador Traferri, que había asegurado que el ex ministro Marcelo Saín había “mal asesorado” al gobierno de Perotti en materia de seguridad entre otras cuestiones sobre la gravedad de lo heredado de las gestiones del socialismo que el propio Sain había integrado.
El ministro de la Función Publica dijo que la autocrítica no está ausente en el análisis del gobierno. “La apertura es para lograr un mayor consenso y trabajar aquellas cuestiones en las hay disenso”, dijo Corach negando que hubiera sido una mesa de reclamos cruzados sino que fue un “dialogo con ida y vuelta en el que todos hicieron aportes. Intentamos trabajar con todos los poderes para formular políticas de Estado”, afirmó.
El diputado Juan Cruz Cándido confió en que para la próxima reunión haya un temario decantado. “Fue un buen primer paso, faltan los que vienen”, dijo con cautela. Su par, Carlos Del Frade apostó a que “la expectativa es que acá hay un acuerdo multipartidario en el ninguno se va a hacer el distraído. Todos somos responsables y la violencia es una gran negocio que hay que cortar poniendo una presencia virtuosa del Estado en los lugares mas violentos”.
El diputado Ricardo Olivera, titular del partido de gobierno, puso el acento en la “trascendencia de la convocatoria y la participación de todos los sectores lo que nos deja la sensación de que vamos por buen camino”.
El socialista, Joaquín Blanco, también dijo que fue “positivo reunirse y que hasta el gobernador admitió que se fue lento en comenzar”, a la vez que interpretó que ese tiempo perdido coincide la gestión de Saín.
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