En la Cámara de Diputados fracasó el tratamiento de la ley ómnibus.
La Cámara de Diputados retomará este martes la discusión del articulado de la ley ómnibus, que fue aprobada en general el viernes, en una sesión que podría demandar dos o tres días. A pesar de que los bloques denominados “dialoguistas” ayudaron con sus votos al oficialismo, por estas horas las negociaciones volvieron a enturbiarse por la resistencia del gobierno en coparticipar el impuesto País, el tributo que se paga por la compra de divisas.
No es el único punto que tensa la relación entre el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) con la UCR, Hacemos e Innovación. Estos bloques, a diferencia del PRO que votará a favor en todos los artículos, siguen discutiendo los capítulos que involucran las facultades delegadas (superpoderes), privatizaciones y el Fondo Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Ansés.
Si bien hay intercambios de opiniones diarias entre los gobernadores y la Casa Rosada, con el ministro del Interior, Guillermo Francos, como uno de los principales arietes de la negociación, la relación no pasa por el mejor momento y justo en la antesala del debate parlamentario de la ley en particular.
Los mandatarios provinciales, que actúan en forma coordinada con sus diputados, persisten en la cuestión fiscal para compensar en sus arcas lo que dejaron de percibir cuando se eliminó la cuarta categoría del impuesto a las ganancias en el último tramo del gobierno del Frente de Todos.
Esa compensación viene de la mano de la coparticipación del impuesto País y de la discusión de otros impuestos internos. Pero el presidente Javier Milei, al retirar el capítulo fiscal del megaproyecto, hizo saber que lo discutirá aparte de la ley ómnibus, dentro del período de sesiones ordinarias que inaugurará el 1º de marzo.
Francos fue el encargado, esta mañana, de avisarle a los gobernadores de la resistencia de Milei a coparticipar ese impuesto. Incluso dijo que si es incorporado en el debate en particular, el presidente se encargará de vetar ese artículo.
Fue un mensaje directo a la estrategia que encaró todo el fin de semana el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. En la misma sintonía que el cordobés se mueven el resto de los mandatarios provinciales.
La otra vía que habilitó Llaryora para destrabar el conflicto es el FGS y hace hincapié en que el Ejecutivo se comprometa a regularizar el flujo de dinero a aquellas cajas previsionales armonizadas, es decir, las que cumplen con los estándares que les solicita la Nación. Si bien son 13 las cajas, Córdoba y Santa Fe pertenecen al selecto grupo que cumple con estos estándares.
Si la Casa Rosada no concede este pedido, los legisladores cordobeses juntarían los votos necesarios para darle luz verde a la coparticipación del impuesto País, tras la redacción de un nuevo artículo.
Las diferencias persistían en el artículo sobre privatizaciones. La UCR propone que sea la Auditoría General la Nación la encargada de cotizarla las empresas, ya que el Ejecutivo pretende someter la tarea a la jefatura de Gabinete y la Sigen.
Las empresas que no quedarán sujetas a privatización, según esa propuesta, son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A; Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.
El gobierno mantiene la privatización parcial de Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT.
A su vez, el radicalismo quiere la continuidad de la ley Guzmán (tomar deuda solo con la autorización expresa del Congreso), algo que Milei aspira a modificar y tener autonomía a la hora de tomar o restructurar deuda externa.
Por su parte, el PRO se mantenía alineado en su totalidad con el gobierno nacional, mientras que el bloque Hacemos Coalición Federal, de Miguel Angel Pichetto, mantenía reuniones en una oficina de las inmediaciones del Parlamento. La Libertad Avanza tendrá su propio cónclave mañana a las 12.30, a pocos minutos antes del inicio de la sesión.
En cambio, sí hay acuerdo en aprobar el artículo que establece la emergencia que quedó limitada a seis materias que son administrativa, económica, financiera, de seguridad, tarifaria y energética, y sobre biocombustibles y los entes referidos a la cultura.
Pero donde hay disidencia es en algunos artículos donde se delegan facultades y donde algunos diputados piden que el gobierno no tenga atribuciones para poder eliminar fondos fiduciarios que son importantes para las provincias.
Por Matías Petisce