El juez federal Marcelo Bailaque procesó a Esteban Lindor Alvarado y a su ex esposa Rosa Natalí Capuano por lavado de activos en el marco de una causa impulsada por la Fiscalía Federal 1 de Rosario. El procesamiento fue resuelto este martes y refiere al período que abarca la pesquisa, de 2012 a 2019. La fiscalía estableció que en ese lapso, la mayor parte del cual Alvarado estuvo preso, se concretó en forma habitual y organizada la acumulación de activos basada en actividades delictivas para ocultar ese verdadero origen.
La novedad podría suscitar una controversia judicial teniendo en cuenta que ambos ya fueron recientemente condenados por este delito en el ámbito de la Justicia provincial. En este marco la defensa de Alvarado estudia apelar la resolución por considerar que no puede volver a ser juzgado por lo mismo, aunque desde la Justicia Federal sostienen que si bien el delito es el mismo, este caso está basado en otros hechos.
"Actos simulados"
Bailaque sostiene en su resolución que para encubrir el patrimonio ilícito el grupo comandado por Alvarado se valió de “actos simulados, de operaciones coordinadas a partir de la interrelación entre los investigados y del despliegue de maniobras para dificultar el control estatal”. Las operaciones habrían consistido en comprar, administrar y vender bienes muebles e inmuebles, inscriptos en los registros correspondientes a nombre de los investigados, de terceros o de sociedades comerciales. Así, al menos hasta 2015, “se pusieron en circulación en el mercado bienes de origen ilícito con un valor aproximado de 10.367.000 pesos”.
Para el juez el perfil patrimonial de Alvarado no se condice con los movimientos de dinero que se le detectaron a él y a su entorno, entre ellos a su ex. En tal sentido, los investigadores hacen constar un informe de la Afip del periodo 2012/2019 donde el acusado no registra alta de actividades económicas, impuestos activos ni participaciones societarias, pero sí una relación de dependencia como empleado de la firma Sagrado Corazón de María SRL. También se lo confirma como usufructuario a título gratuito de la quinta de “Los Muchachos” donde, según la Justicia provincial, mataron al prestamista informal Lucio Maldonado en 2018, hecho que le valió a Alvarado la condena a prisión perpetua como ideólogo.
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Sobre Capuano, ex esposa de Alvarado y madre de sus dos hijos, el procesamiento indica que si bien Alvarado no presenta muchas exteriorizaciones patrimoniales en el período comprendido en la imputación sí lo hace Capuano. En ese lapso, según la pesquisa, compró 19 vehículos de los que vendió diez. Algunos de esos rodados se usaron para los fines de la empresa Logística Santino cuyo control se adjudica a Alvarado a través de Capuano.
Bailaque procesó a Alvarado y Capuano “como autores responsables del delito de lavado de activos de origen delictivo realizado como miembros de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza”. La Unidad de Información Financiera (UIF) entendió que las personas investigadas en esta causa “evidenciaron un incremento de sus patrimonios sin poseer una actividad lícita que permita justificarlo y, además, se encuentran vinculadas con una serie de actividades delictivas”.
Por estos hechos el fiscal de la Procunar Diego Iglesias y su par de la fiscalía federal 1 de Rosario Javier Arzubi Calvo volvieron a pedir la prisión efectiva de Capuano. La mujer está con domiciliaria por esta causa luego de que el año pasado aceptara en un juicio abreviado en la Justicia provincial una condena a tres años de prisión condicional como miembro de asociación ilícita y también por lavado de activos.
Toda esta pesquisa proviene de una causa que en estos días es motivo de polémica: la investigación presentada por el ex jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Emilio Lencina, iniciada a partir de una denuncia de 2013 que atribuía relaciones por comercio de drogas a Alvarado, Medina y oficiales de la policía de Santa Fe.
¿Es lo mismo?
Alvarado fue condenado a 15 años de prisión hace dos semanas por la Justicia Federal de Rosario como responsable de una carga de casi 500 kilos de marihuana incautada en Río Negro en 2017. Para entonces ya cumplía prisión perpetua por otra condena, también este año pero en el ámbito de la Justicia provincial, como líder de una asociación ilícita, como instigador de un homicidio y también por cinco hechos de lavado de activos.
Para uno de sus defensores, Pablo Morosano, esta nueva imputación por lavado realizada por la Justicia Federal es “claramente lo mismo” por lo cual Alvarado y Capuano ya fueron condenados. En el caso de la mujer, que el año pasado se hizo cargo de su responsabilidad penal mediante un juicio abreviado, junto con la pena de prisión en suspenso aceptó pagar una multa de más de 50 millones de pesos equivalente al doble del monto que le achacaron haber lavado.
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“Se le atribuyen los mismos hechos y el mismo periodo de tiempo por el que fue condenado en la provincia. Uno de los dos procesos deberá ser declarado nulo por incompetencia”, dijo el abogado, quien avizoró un conflicto de competencia para que la Justicia provincial investigue y enjuicie por lavado de activos.
“Estas cosas deberán resolverse en tribunales superiores”, agregó en alusión a un posible conflicto de competencia judicial que va más allá de este caso, mientras evalúa apelar esta nueva resolución de Bailaque.
