Una audiencia solicitada por el fiscal de Investigación y Juicio Fernando Dalmau para proponer un cambio de calificación a cuatro imputados por el robo de una retroexcavadora terminó exponiendo un abanico de falencias del nuevo sistema procesal penal. La audiencia imputativa se realizó el 5 de octubre y ayer vencían los plazos de las prisiones preventivas. Entonces, una vez que el juez Hernán Postma dio comienzo a la audiencia (con una hora de demora), los defensores advirtieron que no habían recibido la totalidad del legajo. Y que la parte que faltaba correspondía a las escuchas telefónicas en las que el fiscal basa su acusación. Tras una hora de intenso y acalorado debate, el juez ordenó a la Fiscalía que entregara la totalidad del legajo a las partes y dictó un cuatro intermedio prorrogando la detención de los acusados.
Si bien se trató de un tecnicismo para el gran público, el debate fue rico para entender el diario vivir en Tribunales. El 5 de octubre Pablo Alberto S., de 56 años; Julio Ricardo V., de 63; Rolando Heriberto D.C., de 52; y Luis Daniel P., de 30 años, fueron imputados por asociación ilícita y defraudación. En esa audiencia el juez Postma les dictó la prisión preventiva que vencía ayer.
El hecho. El golpe ocurrió el 24 de septiembre cuando un grupo armado ingresó al predio de la firma Peitel, dedicada a montajes de estructura y de cañerías, en la ciudad de Pérez. Tras raptar al sereno, al que horas más tarde liberaron sano y salvo en San Nicolás, rompieron los candados de varios galpones y se llevaron máquinas y herramientas por unos 6 millones de pesos.
Al comenzar la audiencia el juez advirtió a las partes que debían ser breves en sus alocuciones y comentó que en breve el Colegio de Magistrados realizaría un pronunciamiento para oficializar un protocolo a los fines de que las audiencias no fueran extensas hasta el agotamiento. Luego le preguntó al fiscal por qué había pedido la audiencia. Y antes de que Dalmau explicara su deseo de solicitar un cambio de calificación, la defensora oficial María Laura Cecilia Maenza (por Pablo S.) le advirtió al juez que le habían provisto una copia parcial del legajo.
Una parte para todos. "Tengo 456 fojas que me ocupe de foliar personalmente, pero faltan las copias de las escuchas realizadas en la causa. El fiscal decretó el secreto de una parte del legajo", indicó la profesional en tono vehemente.
Dalmau indicó que desconocía eso y que había mantenido en secreto (reserva parcial) algunas de las escuchas para no comprometer la investigación de otros robos de máquinas viales aún no imputados y con medidas en proceso. Entonces Maenza le salió al cruce y el juez le preguntó a los otros defensores si habían sufrido la misma situación. Fue así que José Ferrara, por Luis P.; Germán Mahieu y María Julia Fantín, por Julio V.; y Eduardo Sosa, por Rolando D.C., confirmaron no haber recibido las escuchas en cuestión.
Mahieu apoyó los dichos de Maenza, salvaguardando la honestidad del fiscal ante la omisión. "No se trata sólo de las transcripciones de las escuchas. Sino que es necesario conocer cómo se obtuvieron, qué juez las avaló, quién las realizó y quien las transcribió. Eso también hace a la interpretación del hecho", indicó el letrado. Ferrara, por su parte, le achacó al fiscal "las continuas desprolijidades del legajo" y el juez impulsó un cuarto intermedio para acordar con las partes.
Orden e intermedio. Quince minutos más tarde ordenó al fiscal la entrega en carácter de urgente de la parte del legajo omitida y aclaró que las defensas son parte en el proceso, motivo por el cual no se le puede negar acceso al expediente.
Cuando el magistrado quiso cerrar la audiencia la defensora Maenza entabló un duró debate con el juez. La abogada advirtió de un eventual pedido de nulidad y ante el inminente vencimiento de las preventivas planteó un hábeas corpus para su defendido. En pocas palabras, planteó la libertad automática del hombre por el vencimiento del plazo de prisión.
Eso encendió a Postma, quien expresó duramente que no era admisible. Y ordenó que los cuatro imputados fueran trasladados a la cárcel de Riccheri y Zeballos, y que sean alojados en el pabellón sanitario para que les realicen exámenes físicos pendientes, aunque uno de los imputados solicitó quedarse en la seccional 24ª. Hoy amenaza ser el día en que esta audiencia por cambio de calificación llegará a su fin.
