Somaglia: "Jueces de Capital Federal no comprenden la realidad que vive Rosario"

El secretario de Justicia de la provincia de la Santa Fe, Gabriel Somaglia, dijo que la decisión de la Justicia Federal de dejar en libertad a acusados de narcocriminalidad, como en el caso del triple crimen de Ybarlucea, “lesiona el interés público y el necesario orden de la administración pública“.

En diálogo con LT8, el funcionario apuntó directo al origen del crimen: “La causa del hecho (es) una reunión magnífica de un casamiento en que los contrayentes están procesados por ser parte directa, integrante de una empresa narcocriminal vinculada al traslado, acopio, fraccionamiento y distribución de drogas”.

Agregó: “Lo que más nos sorprende es que una Cámara de Casación con sede en Buenos Aires, muy liviana, sostiene que no hay riesgo (de obstrucción a la Justicia) y (los contrayentes) estaban en libertad condicional como procesados, a excepción de la mujer, Brisa Leguizamón, que tenía prisión domiciliaría porque tiene dos hijos menores a quienes cuidar”.

Sobre la cuestión de fondo, Somaglia afirmó que “hay que terminar con ese cliché de la grieta entre garantistas y no garantistas. Tenemos que dejar de teorizar sobre las garantías constitucionales”.

“No me tiembla la voz para decir que si no ajustamos las garantías constitucionales a lo que sucede en la realidad y jueces de Capital Federal, que no comprenden la realidad que está viviendo Rosario, y dejan en libertad a personas que dentro de dos meses van a ser sometidas a juicio donde hay acabadas pruebas de su participación en empresas narcocriminales”, dijo el funcionario provincial.

Somaglia redundó: “Nos lesiona. Las garantías constitucionales deben ser tuteladas, y nadie puede ser inculpado sin juicio previo y su inocencia se presuma hasta que no haya sentencia, pero otra cosa distinta es el curso del proceso si lo hace en libertad y en prisión preventiva”.

Finalmente sostuvo que “más allá de que si había o no obstáculos al proceso, hay que tener en cuenta la gravedad de los hechos y la naturaleza de los mismos, porque no sólo se lesiona a la comunidad y a su vínculo con la administración pública, y además el hecho de que la narcocriminalidad atraviesa toda la comunidad también a la salud y a la educación”.