Sobre control de usuarios y de expendio de balas

El hecho de que la pistola usada en el doble crimen frente al Congreso la semana pasada perteneciera a un usuario fallecido es indicativo de los caminos que nutren ese mercado negro. Autoridades de Seguridad provinciales pidieron varias veces a la Anmac (la agencia de control de armas, ex Renar) que informe los legítimos usuarios vencidos con más de diez armas registrados en Santa Fe. La idea es ajustar los controles, porque los fiscales sospechan que en algunos casos el acopio legal de armas en cantidad es para alquilarlas; o porque las balas adquiridas por un usuario legítimo pueden terminar en uno ilegítimo.

Lo que se pretende es cruzar datos de la tarjeta de consumo de municiones con que los usuarios compran balas con vainas levantadas en hechos delictivos. Si las vainas son de fabricación industrial y no casera se puede presumir que un comprador legal de balas en una armería las pudo facilitar al usuario de un arma ilegal.

En general la Anmac es renuente a brindar estos datos. La agencia considera que si intima a regularizar las armas a sus usuarios o los incrimina, al ser cada trámite por arma caro (5 mil pesos) es posible que en vez de actualizar el tenedor pueda deslizar el arma hacia el mercado ilegal. Por eso la Anmac incentiva que en casos de posesión vencida sus usuarios se desprendan de las armas mediante entrega voluntaria, por el cual reciben 3 mil pesos.

El MPA también reclama auditorías a armerías de Rosario por sospechar que los inventarios no siempre coinciden con las existencias. Se cree que a veces se adulteran tarjetas de consumo a espaldas de sus dueños. "La idea es examinar los consumos y citar a los dueños de esas tarjetas. Si éstos nieguen haber comprado se abre una vía para investigar si se usaron sus tarjetas para vender a compradores ilegales", dijo una fuente de la provincia.