El jefe de policía de la provincia ahora con licencia, Víctor Sarnaglia, se presentará este viernes a declarar como testigo en la causa que investiga a una red de juego clandestino en la provincia que delató la protección presunta de oficiales superiores de la fuerza y la complicidad del ex fiscal regional Patricio Serjal y del fiscal Gustavo Ponce Asahad. El alto funcionario policial aseguró que acudirá solo, sin abogado, a las 14 para ser entrevistado por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, para referir que es por completo ajeno a cualquier irregularidad que lo conecte con los delitos que se investigan.
Lo que motiva la citación, pero no como imputado, es el hallazgo de un apunte secuestrado a la secretaria de Leonardo Peiti, capitalista de juego ilegal, donde aparece la alusión en un papel a “Sarna”, quien recibiría un pago de “10 K” por mes por el funcionamiento de casinos. Eso generó suspicacias respecto de que podía tratarse de él. Lo que él negó en forma rotunda indicando, además, que por el tipo de funciones que cumple no está a su cargo el control del juego clandestino, lo que vuelve insustentable la idea de que alguien pueda pagarle coimas para asegurarse la vista gorda de una actividad que no es campo de su intervención.
Los fiscales no le recriminarán ninguna conducta ilegal. Solo apuntarán a buscar detalles en un marco de relaciones donde un capitalista de juego clandestino revela que hay una estructura con policías de alto rango y fiscales a los que pagaba de manera rutinaria, que tiene a dos fiscales y a un ex jefe de unidad regional preso. En la audiencia del 11 de agosto donde Serjal quedó detenido los fiscales ventilaron, en forma pública, el contenido de aquel papel del que dijeron que parece un presupuesto informal, donde Peiti nomina a quién le paga sobornos para tener el permiso estatal para la viabilidad de su negocio ilícito. Allí se hacen alusiones a jefes de reparticiones policiales, gastos para “la federal, la fiscalía y otros monos”. Y finalmente se desliza el nombre “Sarna”.
Sarnaglia señaló que no obstaculizará la acción de la Justicia, que para eso pidió justamente licencia y que por ello se presentaría. Antes de hacerlo los fiscales libraron una cédula para que comparezca no de manera espontánea sino con una citación.
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Ayer el gobernador Omar Perotti aludió a la situación sin quitarle respaldo a Sarnaglia. “El jefe de policía lo que planteó, frente a la instancia de público conocimiento, era su deseo de defender su honor y su conducta. Nos pidió autorización para presentarse a la Justicia y, obviamente, lo que le hemos dicho es que proceda de esa manera y es lo que ha hecho”, dijo.
A poco de ganar las elecciones Perotti acudió personalmente a la casa de Sarnaglia en el Fonavi del barrio El Pozo en Santa Fe a pedirle que se hiciera cargo de la policía provincial. Para entonces era un oficial superior que se había retirado hacía más de diez años de la policía santafesina para desempeñar cargos en otros lugares, como fue la creación de la Policía Metropolitana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese rol conoció al actual ministro de Seguridad, Marcelo Saín. Ambos se reencontraron en la gestión del actual gobernador. Y desde entonces hubo públicos desencuentros.
Uno de ellos fue en marzo cuando se hizo público, desde el Ministerio de Seguridad, que Sarnaglia no asimilaba la mengua de poder que significaba para un jefe, que antes concentraba todas las funciones, el haber perdido dos competencias claves, en especial la que le quitaba las investigaciones complejas, además de la del control policial.
El punto de mayor distancia con Saín fue cuando en abril el ministro decidió que Sarnaglia no participara de una reunión en la que varios funcionarios trataban el problema de que el 30 por ciento de la flota de patrulleros de la policía provincial estuviera paralizada por problemas mecánicos, algo que el jefe policial reclamó al gobernador. El desacople fue porque Saín cree que un funcionario policial debe dedicarse a cuestiones operativas de su función específica y no a dialogar con el gobernador eludiendo la instancia correspondiente, que es la Secretaría de Seguridad. El hecho de que Sarnaglia comentara esto por la prensa le pareció una deliberación intolerable. La relación nunca se recompuso.
Sobre ese distanciamiento apareció la mención de “Sarna” en la pesquisa del juego ilícito, sobre una lista de personas que recibirían dinero de coimas para sostener el funcionamiento de salas de juego clandestinas, lo que tiene preso al comisario mayor Alejandro “Pipi” Torrisi, quien entraba a la Jefatura de Policía de Rosario hasta ser detenido a principios de agosto, y a los fiscales Serjal y Ponce. El valor como evidencia de esa alusión presunta a Sarnaglia es nulo para una imputación. Puede haber sido insertado por alguien que pretende dañar al jefe policial. Pero surge en una pesquisa que, por vías distintas a la declaración del capitalista de juego arrepentido, probó la vinculación de otros implicados.
No obstante hay elementos del descargo de Sarnaglia que no son en sí una defensa contundente. El dijo que la represión del juego clandestino corresponde a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que preside otro jefe policial por lo que “según la investigación me habrían dado dinero por algo que yo no investigo”. Sin embargo los policías que están en la mira por cobrar coimas son mayormente del área de seguridad , que son los que tienen control de la calle, y no de la AIC. Esto no va en desmedro de Sarnaglia ya que no hay elementos que lo compliquen penalmente. “Pero, por ejemplo, los policías a los que pagaban miembros de Los Monos o Esteban Alvarado no eran solo del área de Drogas Peligrosas sino de secciones operativas que tienen peso en el territorio”, señalaron fuentes judiciales.
Lo que se juega en esta disputa tiene por ahora más peso político que penal. Saín pretende el reemplazo de Sarnaglia pero el gobernador no se mostró dispuesto, al menos sin elementos de peso, a dejar de lado al experimentado oficial al que eligió para ser jefe de la provincia.
