Un juez de segunda instancia de Venado Tuerto revocó la libertad otorgada al abogado Antonio Di Benedetto, uno de los implicados en la apropiación de 32 inmuebles urbanos y rurales mediante documentación apócrifa que le permitió a una banda quedarse con alrededor de mil millones de pesos. El camarista Tomas Gabriel Orso dispuso para el abogado de 60 años, acusado de integrar una asociación ilícita, prisión preventiva domiciliaria por 30 días. Ese plazo se duplicará en caso de que haya constituido querellante.
El pasado 20 de octubre el juez Benjamín Revori había dispuesto el beneficio de la libertad con restricciones para los 16 imputados, entre ellos Di Benedetto, en 32 casos de apropiación de inmuebles rurales y urbanos de personas fallecidas o mayores de edad pero sin herederos. La revocación fue la respuesta a la apelación presentada por el fiscal de Delitos Complejos del departamento General López, Matías Merlo.
El miércoles 17 de octubre fueron detenidas 14 personas en el marco de una serie de allanamientos en Venado Tuerto, Rosario, Buenos Aires, Armstrong y Las Rosas en el marco de una causa donde se investiga una estafa inmobiliaria de grandes proporciones y que tiene al gobierno provincial como principal denunciante. La organización tenía base en Venado Tuerto pero contaba con ramificaciones en distintos lugares dentro y fuera de la provincia.
El diseño de las maniobras era variado pero consistía, básicamente, en apropiarse de inmuebles de personas de avanzada edad o fallecidas sin herederos, mediante la constitución de poderes otorgados de forma ilícita a terceras personas que luego concretaban operaciones de compraventa. En esto participaban abogados, escribanos y hasta un médico que tenía como rol constatar la idoneidad mental de las personas que eran desapoderadas de sus bienes.
Al día siguiente Merlo imputó a 16 personas por los delitos de estafa, consumada o en grado de tentativa, falsedad ideológica de documento público, uso de documento falso y falsedad de documento privado. Di Benedetto fue sindicado como jefe de una asociación ilícita y el juez Revori resolvió otorgarle la libertad.
Merlo apeló la libertad del imputado y el lunes fundamentó su pedido en una audiencia. Planteó que el juez de primera instancia había interpretado "erróneamente los elementos que indicaban la existencia de peligrosidad procesal" y enumeró circunstancias en las que Di Benedetto entorpeció el proceso judicial.
Mientras su defensa pidió confirmar la resolución que lo dejaba en libertad, el propio Di Benedetto hizo uso de la palabra. Dijo que "colaboró con la investigación e intentó conciliar con los denunciantes". Discrepó con la calificación legal escogida por la fiscalía y señaló que la mayoría de las imputaciones en su contra se basan en expedientes civiles tramitados en Melincué y Firmat, muchos de los cuales poseen sentencia ya. Negó que haya habido intentado extorsionar a una de las víctimas.
En su resolución Orso realizó una valoración diferente a la del juez Revori sobre la peligrosidad procesal y el posible entorpecimiento de la investigación.
El camarista dispuso que se imponga la preventiva del hombre investigado por 30 días bajo la morigeración de prisión domiciliaria. Ese plazo se duplicará en caso de que haya constituido querellante. También habilitó "un recurso de apelación horizontal" que le permite a la defensa de Di Benedetto la posibilidad de recurrir la medida cautelar.
