Dos hombres y una mujer quedaron presos luego de ser detenidas el lunes pasado en Los Pumitas, en el marco de la pueblada tras el asesinato de Máximo Jerez. Se trata de familiares de "El Salteño", sindicado transero de la zona, a quienes la policía aprehendió luego de que los vecinos destruyeran su casa y otras viviendas señaladas como puntos de venta de drogas.
El lunes pasado, luego del velorio de Máximo Jerez, el niño de 11 que murió baleado al quedar en medio del ataque de una banda narco a un grupo rival, la situación en Los Pumitas se tensó. Una vez que familiares y vecinos del chico lo despidieron, comenzaron a reunirse alrededor de una vivienda señalada como punto de venta de drogas. Allí viven los familiares de Cristian "Salteño" Villazón, preso desde 2020 por un homicidio y sindicado por los vecinos como un administrador del narcomenudeo para quien trabajan sus allegados.
En ese marco fue que los vecinos intentaron detener a estas personas, momento en que uno hombre vinculado al "Salteño" mostró un arma de fuego desde arriba del techo de la vivienda. Minutos después, ante la llegada de la policía al lugar, fue detenido junto a otro hombre y una mujer.
Este jueves la fiscal del caso, María de los Ángeles Granato, de la Unidad de Flagrancia, le atribuyó distintos delitos a estas personas. A Claudia C. y Juan V. los acusó de, luego del crimen de Máximo Jerez, haber amenazado a su familia "con el propósito de causar temor". En relación a lo sucedido el lunes pasado los acusó de haber tenido en la vivienda una pistola calibre 22 largo y 15 cartuchos de municiones calibre 38.
En tanto, a Walter S. le atribuyó haber recibido en marzo de 2020 una moto que tenía pedido de captura por robo desde el 31 de diciembre de 2019. También lo acusaron de haber ingresado, este lunes en medio del conflicto vecinal, a una vivienda de San José al 2500 con un arma de fuego en mano para amedrentar a sus habitantes y así "poder refugiarse del accionar policial que se encontraba en su búsqueda".
A Claudia C. y Juan V. la fiscal les imputó el delito de amenazas coactivas y tenencia ilegal de arma de fuego. Mientras que Walter S. fue imputado por encubrimiento agravado por ánimo de lucro, violación de domicilio, amenazas coactivas calificadas y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. La Jueza de Primera Instancia Silvana Lamas ordenó la prisión preventiva por el plazo de ley para los tres, es decir, por dos años.