Los policías Cristian "Chamuyo" Di Franco, Javier Makath y Luis Quevertoque, apresados el jueves en el marco de la causa que investiga una asociación ilícita para la comisión de diversos delitos comandada por el sindicado empresario narco Esteban Lindor Alvarado fueron acusados ayer de ser parte de esa organización y por ello la jueza María Melania Carrara les dictó la prisión preventiva por el plazo de ley (dos años) o hasta que se realice la audiencia preliminar al juicio oral y público en que desembocará la investigación. En tanto, el comisario Gustavo Spoletti, ligado al grupo sólo por una operación inmobiliaria, quedó en libertad bajo una fianza de 3 millones de pesos aunque sigue vinculado a la causa. La misma suerte corrió Nadia Toledo, una mujer que llegó al banquillo en estado de libertad y seguirá en esa condición bajo una fianza de 50 mil pesos y reglas de conducta. Por su parte, el abogado Claudio Tavella, que representó históricamente a Alvarado, quedó en prisión preventiva hasta el próximo 10 de diciembre, cuando la Justicia revea su situación. Finalmente, tanto para Alvarado como para el policía Marcelo "Puchero" Rey y Jorge Benegas, considerado un hombre de extrema confianza del principal acusado, no se dictaron medidas cautelares ya que vienen cumpliendo prisión preventiva por el plazo de ley desde que se realizó la primera audiencia de la causa, el pasado mes de junio.
El inicio
16 de junio de 2012. Ese es el mojón de inicio que tomaron los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, de la Unidad de Delitos de Gravedad Institucional, y el Organismo de Investigación (OI) a cargo de Marcelo Sain para reimputar a Esteban Lindor Alvarado como jefe de una asociación ilícita que también se dedicaba a lavar activos proveniente de diversos delitos. Entre el viernes y ayer, cuando se dictaron las medidas cautelares, el grupo que secundaba al sindicado jefe narco fue acusado de integrar una poderosa organización delictiva que trabajó, al menos para la acusación, hasta el 18 de octubre último.
La investigación sobre la asociación ilícita fue atípica. Es decir que fue de adelante hacia atrás. Y se nutrió de datos surgidos en al menos cinco expedientes de la Justicia Federal que no prosperaron o fueron archivados; parte de 150 CD's de escuchas aportados por el fiscal federal de San Isidro Patricio Ferrari, quien llevó adelante la causa en la que Alvarado fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión por el robo de autos en el conurbano bonaerense; y escuchas y testimonios recuperados del juicio en el cual la Justicia provincial condenó a los miembros más relevantes de la banda de Los Monos, organización rival de las huestes de Alvarado.
Como cada vez que Alvarado se sienta en el banquillo, la sala de audiencia del Centro de Justicia Penal se vio colmada por fiscales, abogados penalistas, empleados judiciales, funcionarios, familiares de víctimas y testigos protegidos. En la primera parte de la audiencia (el viernes) pudo verse entre el público al hermano de Lucio Maldonado, el financista cuyo asesinato en noviembre de 2018 motorizó la pesquisa sobre Alvarado, detenido finalmente en Embalse Río Tercero en febrero de este año. También estuvo Rodrigo Ortigala, un testigo protegido que había pertenecido al círculo íntimo de Alvarado; y el mencionado Marcelo Sain, cuyo nombre parece puesto para suceder a Maximiliano Pullaro al frente del Ministerio de Seguridad en la gestión provincial a partir del 10 de diciembre.
Imputados
En ese marco, en las audiencias de las últimas 48 horas fueron reimputados el condenado Alvarado, el policía Marcelo “Puchero” Rey y los civiles Nadia Toledo y Jorge Benegas, este último presentado como hombre de máxima confianza de Alvarado. Asimismo fueron acusados los oficiales Cristian “Chamuyo” Di Franco, Javier Makath y Luis Quevertoque; y el abogado Claudio Tavella. A todos ellos los fiscales le achacaron ser parte de una asociación ilícita dedicada a la comisión de delitos y el lavado de activos de origen ilícito agravado por ser miembro de una banda que tuvo un accionar contínuo. A los policías les sumaron los delitos de omisión de promover la persecución y represión de delincuentes e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Con lo ocurrido ayer, ya son al menos veinte las personas acusadas por sus vínculos con “El Esteban” como se reconoce en la calle a Alvarado. De ellos, siete son policías.
El comisario Gustavo Spoletti, quien había sido detenido el jueves, no fue imputado por los fiscales como participe de la asociación ilícita sino que llegó al banquillo después de que la acusación reabriera una causa por enriquecimiento ilícito que había sido archivada en 2017 y en la cual consta la venta de una casa a otro de los imputados. Ante ello su defensor, el abogado Paul Krupnik, pidió la libertad bajo fianza y la magistrada se la otorgó (ver página 40).
Audios comprometedores
En duelos de fiscales y defensas, en medio de dúplicas y réplicas, hubo espacio para sobresaltos de la mano de una serie de audios que los fiscales fueron exponiendo como prueba de la acusación. El viernes se presentó una conversación entre Alvarado y el policía “Chamuyo” Di Franco, registrada en julio de 2012, en la que debatían sobre la idea de impulsar al por entonces comisario mayor Cristian Sola como jefe de la policía de provincia.
Tres meses más tarde, el 19 de octubre de ese año, el entonces ministro de Seguridad Raúl Lamberto puso en funciones a Sola tras la renuncia de Hugo Tognoli, caído en desgracia por una denuncia de complicidad con narcos del sur santafesino en la que fue absuelto tras un extenso juicio oral en la Justicia Federal de Rosario. Ayer, en tanto, los acusadores expusieron otra serie de audios. Esta vez fue un diálogo entre el abogado Claudio Tavella y el propio Alvarado. En uno de ellos se escucha al principal acusado de la causa diciendo: “...que me dé una mano la Rodenas”, en alusión a la ex jueza de Instrucción y actual vicegobernadora electa.
Información valiosa
En el transcurso de la audiencia, al solicitar las medidas cautelares, los fiscales Edery y Schiappa Pietra contaron cómo recuperaron información para poder extender el margen de tiempo en el que operó la banda de Alvarado.
Los fiscales marcaron que luego de transitar la primera etapa de esta investigación, en la que fue vital el hallazgo de más de 4 mil audios y mensajes del Iphone que tenía Alvarado al momento de ser detenido en febrero pasado, tomaron dimensión de que la estructura de la organización era muy superior a la visualizada en la hipótesis inicial.
Así comenzaron a recabar información de otras causas en la Justicia Federal y también en la de la provincia de Buenos Aires en las que se mencionaba a Alvarado. Eso les permitió llegar hasta el 16 de junio de 2012. Ese día la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le solicitó a la Justicia Federal de Rosario la intervención telefónica de Alvarado al entender que era la punta de un iceberg narco. Esta semana Alvarado debió ser indagado, por primera vez, en los Tribunales Federales de bulevar Oroño al 900, pero la medida se suspendió para los próximos días.
Los representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) mencionaron que en el sistema federal Alvarado aparecía mencionado en al menos tres expedientes. Uno de ellos, de 2013, tenía en la mira al asesinado empresario narco Luis Medina como cabeza de una organización en la que asomaba Alvarado como colaborador estrecho. Esa causa fue incorporada íntegramente a la investigación actual. Otro expediente tenía como referencia al policía Luis Quevertoque y a Jorge Benegas y su relación marcada por la propiedad de caballos de carrera que compraban, supuestamente, con dinero proveniente de los ilícitos. Y una tercera carpeta en la que el eje de la pesquisa federal era el asesinato de Claudio “Pájaro” Cantero, que fue ventilada parcialmente durante el juicio a la banda de Los Monos en diciembre pasado.
También hicieron referencia a escuchas que se ventilaron en ese juicio, donde Quevertoque fue testigo y Schiappa Pietra fiscal, en la que una charla entre miembros de la División Judiciales de la policía santafesina se preguntaban “quién tenía llegada a Luis Medina”, y uno de ellos contesta: “A Luis no, pero si a Alvarado”, explicaron.
El camión cargado
Otra causa de la que recabaron información pertenece a la Justicia Federal de General Roca (Río Negro) y terminó con cuatro rosarinos condenados por tráfico de estupefacientes. Esas cuatro personas fueron defendidas por el ahora apresado Claudio Tavella.
Los condenados habían sido detenidos el 24 de noviembre de 2017 cuando en un camión trataron de ingresar a Río Negro 493 kilos de marihuana. El vehículo, que fue interceptado unos 15 kilómetros al norte de General Roca, estaba inscripto a nombre de la empresa Toia SRL, una firma controlada por Alvarado. Y los condenados estaban registrados como empleados de otras empresas de Esteban, quien puso una casa escriturada a su nombre como capital social para la constitución de esa empresa donde tenía su domicilio legal.
Los fiscales indicaron también que en el contexto de la investigación del asesinato de Luis Medina, ejecutado junto a su novia Justina Castelli el 29 de diciembre de 2013 en inmediaciones del acceso Sur y Ayolas, una de las hipótesis marcaba a Alvarado como posible instigador del hecho. Dentro de esa investigación, comentaron los fiscales, existen audios que marcaban que Medina (con Alvarado bajo su sombra) tenía vínculos con policías de la provincia. “Ya está arreglada la gorra, me van a dar hasta Santa Fe”, referenciaron los fiscales que dijo Medina en uno de esos audios refiriéndose al territorio en el cual podría operar.
Cambio de rubro
Otro lugar donde buscaron información los fiscales fue en una serie de audios, concentrados en 150 CD’s, que el fiscal federal Patricio Ferrari aportó a la Justicia santafesina a mediados de 2012. El fiscal de San Isidro encarceló a Alvarado en agosto de ese año luego de catalogarlo como jefe de una asociación ilícita dedicada al robo de autos de alta gama en el conurbano bonaerense. Los medios bautizaron a esa gavilla como “La banda de los rosarinos”.
En su investigación Ferrari detectó que Alvarado había construido una red de complicidades con distintas reparticiones de la policía rosarina para asegurarse impunidad en su accionar ya que los vehículos eran traídos a esta ciudad para su desguace.
Ferrari acudió personalmente a los Tribunales de Rosario, se entrevistó con los fiscales Marcelo Vienna y María Eugenia Iribarren para entregarles más de 100 CD’s de escuchas que, a su criterio, eran una evidencia poderosa de dos cosas: que Alvarado estaba implicado en delitos de comercialización de estupefacientes, y que tenía a buena parte de la policía local comprada.
Esos audios fueron enviados a la Justicia Federal de Rosario y se perdieron de vista. Los investigadores que pusieron tras las rejas a Alvarado tuvieron que buscar nuevamente en San Isidro parte de esos CD’s.
Otro aspecto que remarcaron Edery y Schiappa Pietra fue que el entramado de nueve empresas legales con las que se sospecha que Alvarado daba cobertura financiera a la asociación ilicita que lideraba, fueron constituidas mientras estaba detenido. Se consolidaron durante 2014 y por ellas pasaron muchas personas que aún están bajo la lupa de la investigación. El caso Alvarado amenaza con tener nuevos capítulos en breve y sus tentáculos extenderse a diversos poderes del Estado.
Por Aníbal Fucaraccio
