Cansados por "todo el tiempo que se demora para tener un poco de paz", los familiares de David Campos y Emanuel Medina se retiraron sin ocultar la frustración de la crucial audiencia preliminar que iba a hacerse ayer por el caso de gatillo fácil del 23 de junio de 2017, cuando los dos amigos fueron asesinados tras una persecución. Es que por una falla burocrática, la falta de citación a profesionales de una junta especial en salud mental, la medida se suspendió por segunda vez en cuatro meses. En este trámite debe definirse si el principal acusado, un policía que disparó siete balas a las víctimas, debe ir a juicio oral o es declarado inimputable. Pero habrá que esperar al menos otras dos semanas para saberlo.
La audiencia convocada para las 8 de ayer en la sala más amplia del Centro de Justicia Penal permitió palpitar el clima de lo que será el juicio oral por el caso. Los 20 policías acusados ocuparon media sala en el sector del público mientras que el equipo del fiscal Adrián Spelta, los querellantes y una decena de abogados defensores colmaron escritorios alrededor del estrado. En otro sector se ubicaron los familiares de Campos y Medina, quienes instalaron fotos y banderas en el playón de entrada al edificio.
"Tercer hijo. Siempre sonriendo. Hacía siete años que trabajaba en una fábrica metalúrgica", recuerdan esos carteles a David, un joven de 28 años que hacía tres meses había comprado su primer cero kilómetro, jugaba a la pelota los sábados con amigos de la infancia y "tenía dos sobrinos que eran la luz de sus ojos". De Emanuel, un vendedor de celulares de 32, "segundo hijo, solidario y buen pibe", rescatan que "le gustaba juntarse con amigos" y hacía poco "no había dudado en ayudar a una señora que había quedado empantanada en el arroyo Saladillo".
En una especie de cuadro sinóptico sobre el demencial ataque impreso en panfletos, sus allegados remarcaron que "ese día estaban festejando un campeonato de Boca. Estaban siendo felices". Iban en un Volkswagen Up por la zona sur cuando un móvil policial comenzó a perseguirlos en Grandoli y Gutiérrez. Unos 40 minutos después el auto se estrelló contra un árbol en Cazadores y Callao y fue rodeado por varios patrulleros de donde bajaron uniformados que comenzaron a disparar a mansalva.
Medina recibió nueve plomos y Campos cinco. Según las pericias, siete balas fueron disparadas por el policía del Comando Alejandro Rubén Bustos y una por su colega Leonel Emiliano Mendoza. Ambos están detenidos e imputados de homicidio calificado por abuso de la función policial, delito que prevé perpetua. Otros 18 efectivos del Comando y la PAT que acudieron a la escena están acusados en libertad de encubrir la acción y falsear el acta, ya que a las víctimas les plantaron armas.
Controversia
Los acusados, salvo Bustos que está internado en una clínica psiquiátrica, se presentaron ayer ante el juez Hernán Postma. Era la audiencia preliminar al juicio, instancia donde debe formalizarse la acusación y discutirse las pruebas que se presentarán en el debate. La medida ya se había suspendido en junio a pedido de la defensa de Bustos ante el dictamen de una junta de salud mental de la provincia que concluyó que el policía no estaba en condiciones afrontar el juicio. Y que nunca debió portar armas porque acarreaba secuelas de dos tiroteos ocurridos en 2006 y 2013 que tendía a revivir al quedar expuesto a situaciones similares.
"Tiene afectados la comprensión y valoración de los hechos", dice esa pericia. En cambio, informes recientes de otros profesionales recomiendan su externación de la clínica Avenida para que siga cumpliendo su arresto preventivo en una institución penitenciaria, tal como reclaman la fiscalía y la querella.
Esa es la controversia que iba a discutirse ayer. Si bien asistieron los médicos del Consultorio Médico Legal, de la clínica psiquiátrica y dos peritos de parte, el trámite se suspendió porque los profesionales de la Junta en Salud Mental no fueron convocados.
De acuerdo
Apenas arrancó la audiencia el defensor de Bustos, Juan Ubiedo, planteó que la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) omitió notificarlos a pesar de un pedido expreso para que los citaran. Por eso pidió suspender el acto y los demás abogados estuvieron de acuerdo. El fiscal coincidió en que no era conveniente desdoblar la audiencia. En la misma línea el querellante Santiago Bereciartúa añadió que lo más conveniente sería "escuchar a todos los profesionales juntos". Ante ese panorama el juez concluyó que la situación de Bustos debe definirse sí o sí antes del juicio y por lo tanto "lo ideal sería obtener una visión global de todos los profesionales intervinientes" en un mismo día. Como él tiene pautada su asistencia a un juicio en los próximos días, la audiencia volverá a agendarse para la semana del 11 de noviembre.
Asimismo Postma avaló que Bustos no presencie la audiencia por razones médicas. Y autorizó a que las imputadas Roxana R. y Jésica L. tampoco asistan al trámite. Su defensora, Sara Marcos, planteó que ambas viven a más de 500 kilómetros y están en un programa de protección de testigos tras haber declarado en la causa y denunciado "coacción, amedrentamiento y abuso de poder" por parte de otros policías.
Por último el juez avaló un acuerdo de partes para morigerar la situación del acusado Leandro Javier C., quien deberá presentarse una vez al mes a firmar en la OGJ de Santa Fe y podrá salir sin avisar de la localidad de Nelson, donde vive, siempre que no abandone la provincia.
Para el próximo encuentro el juez exhortó a la OGJ a cumplimentar con las citaciones al personal de la junta médica, ya que su presencia es de "suma importancia para valorar su testimonio". Y pidió disculpas a los otros profesionales que acudieron ayer, que volverán a ser convocados para la próxima cita en dos semanas.
"Se siguen burlando"
"Nos vamos frustrados porque hace mucho tiempo que venimos luchando para llegar a juicio y sentimos que se siguen burlando de nuestra familia", dijo Germán Campos, hermano de David, al reunirse frente al CJP junto a otros allegados a las víctimas y referentes en la lucha contra el gatillo fácil. Muchos debieron pedir el día en sus trabajos para participar de la audiencia luego suspendida.
"Es un proceso muy desgastante. Esta no es la vida normal que llevábamos, cambió mucho después de aquel 23 de junio", explicó Campos, quien cuestionó que la audiencia no avanzara al menos sobre los otros temas pendientes, como la presentación de las acusaciones al resto de los implicados.
