Policiales

Piden 21 años de cárcel para un joven que asesinó a otro en una picada

Un joven de 20 años que hace dos está detenido e imputado de matar a balazos a César Maximiliano Morales en medio de un picada clandestina que se realizaba en bulevar en Oroño y Olegario Víctor Andrade, en enero de 2017, atravesó ayer la audiencia preliminar al juicio durante la cual la Fiscalía pidió una pena de 21 años de cárcel.

Miércoles 19 de Diciembre de 2018

Un joven de 20 años que hace dos está detenido e imputado de matar a balazos a César Maximiliano Morales en medio de un picada clandestina que se realizaba en bulevar en Oroño y Olegario Víctor Andrade, en enero de 2017, atravesó ayer la audiencia preliminar al juicio durante la cual la Fiscalía pidió una pena de 21 años de cárcel. Su defensa, en tanto, promulgó la inocencia, solicitó la libertad o que espere el juicio en prisión domiciliaria. Pero un juez le prorrogó la medida cautelar hasta el debate.

Según el fiscal Florentino Malaponte, el hecho imputado a Marco Alejandro L. se desarrolló en "cuasi flagrancia", es decir que fue apresado escapando de la escena del hecho y con varios testigos viendo que disparaba contra Morales.

Sobre esa base giró el discurso de la Fiscalía respecto de un incidente donde los disparos bien podrían haber quedado disimulados por el repiqueteo de los cortes de los caños de escape de las motos o el rugir de motores de autos que la madrugada del 20 de enero de 2017 corrían en Oroño y Olegario Víctor Andrade.

Entre corridas

Aquel día el fiscal César Maximiliano Morales, de 25 años, estacionó su Chevrolet Corsa en Oroño y Olegario Víctor Andrade junto con varios amigos para ver las picadas. Pero en un momento agentes de Infantería que estaban en la zona observaron a un joven con remera negra y bermudas de jeans sacar un arma de fuego y disparar varias veces contra Morales alcanzándolo en el cráneo y el tórax, lo que le ocasionó la muerte un rato más tarde.

Según los policías y al menos dos amigos de la víctima, el tirador corrió hacia pasaje Arlt, donde lo esperaba otra persona en una moto. Al intentar escapar, el rodado perdió estabilidad y sus ocupantes cayeron al piso. El conductor se escabulló y Marcos Alejandro L. fue apresado.

Si bien no se secuestraron armas, las evidencias contra el acusado fueron muchas. Es que ya reducido en el suelo, varios jóvenes que dijeron haber estado con la víctima acusaron directamente a Marco.

Otro testigo indicó que vio "cómo le disparaba al muchacho desde cerca y después comenzaba a correr. A las pocas cuadras los policías lo agarraron. A esta persona no la vi nunca en mi vida pero no tengo la menor duda de que fue quien tiró. Y vengo a declararlo porque me dio mucha bronca", aseguró.

Tras repasar el hecho ante el juez Juan Andrés Donnola y del acusado junto a sus abogados defensores, José Ferrara y Marco Caniglia, el fiscal recordó que en el lugar había cámaras que no registraron el ataque, pero si los momentos previos y el paso de los móviles, además de las grabaciones del 911 y las declaraciones de los amigos de la víctima.

Testigos

"Lo vieron todos a pocos metros de distancia. No hay dudas para la Fiscalía de que se trata de esta persona asesinó a la víctima", ratificó Malaponte al pedir una pena de 21 años de cárcel para el imputado como autor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación de arma de fuego de guerra de uso civil, se eleve el caso a juicio y se prorrogue la prisión preventiva hasta el juicio.

Al repasar fechas de distintos momentos procesales, el defensor José Carrara criticó que la requisitoria de elevación a juicio recién se formalizó el 26 de abril de 2018, "un año y tres meses después de la audiencia imputativa". Luego rechazó el pedido de prórroga de prisión preventiva tras opinar que se está ante un hecho "sin pluralidad de imputados", que no tiene la complejidad requerida para eso.

Y atacó la veracidad de las declaraciones de los testigos. "La causa se reduce al acta de procedimiento y a lo que cuentan los policías. Poco aportan las declaraciones de los testigos, y llamativamente al supuesto autor no le secuestraron ningún arma". Por ello el abogado solicitó el sobreseimiento de su pupilo, se le otorgue la libertad con firmas semanales en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), o el arresto domiciliario con control de tobillera.

El juez aclaró que se tomaría los plazos de ley para resolver los planteos de las partes, sin embargo prorrogó la prisión preventiva que solicitó el fiscal. "Es razonable, hay proporcionalidad con la gravedad de lo hechos", puntualizó Donnola.

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