Las condenas a dos empresarios por más de treinta estafas millonarias con la venta de autos y propiedades quedaron sin efecto a partir de un fallo de la Cámara Penal que ordenó volver a dictar sentencia en el caso contemplando una reparación a las víctimas. Dos jueces de segunda instancia hicieron lugar a un planteo de dos damnificados y consideraron no sólo que la pena era exigua, sino que debe analizarse el caso con “perspectiva de la víctima”, ya que al menos en estos dos casos “la reparación fue nula”.
Así lo entendieron los camaristas Gabriela Sansó y Daniel Acosta, mientras que la tercera integrante del tribunal, Georgina Depetris, se abstuvo de votar. Los jueces respondieron a un planteo de dos querellantes que cuestionaron las penas dictadas en un juicio abreviado de 2022 a un empresario y un martillero del Grupo Praga SRL, ambos acusados junto a un abogado de concretar una gran estafa a partir de sus vínculos con familias de buen pasar económico.
“Reclamamos que se juzgue con perspectiva de las víctimas. Así como existe la perspectiva de género o de niñez, esta es una forma de interpretar situaciones e incluso el derecho. En este caso hubo una estafa de casi 2 millones de dólares, se recuperaron bienes, se cobraron costas del proceso, pero nunca se ofreció devolverles dinero a algunas víctimas”, dijo Pablo Morosano, uno de los abogados que realizó el planteo, para quien el fallo “marca un precedente interesante”.
Según la investigación que llevó adelante la fiscal Valeria Haurigot, los empresarios “administraban irregularmente” tres sociedades distintas, “confundiendo sus recursos materiales, patrimoniales, financieros y económicos al amparo de un único interés societario y con relevancia criminal”. Los hechos se cometían “aprovechando el perfil que les daba la pertenencia a círculos sociales de alto poder adquisitivo”.
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En octubre de 2022 el juez Gonzalo López Quintana avaló un acuerdo abreviado entre partes y condenó al empresario Bruno Poletti a 3 años de prisión efectiva por 28 hechos de estafa. El martillero y ex rugbier de Duendes Leandro Damián “Tanque” González recibió una pena de 3 años de prisión condicional por su participación en nueve hechos de estafa y cuatro de administración fraudulenta.
En tanto que el abogado Jorge Daniel Fornaroff aceptó la misma pena por 22 hechos de estafa y cuatro de administración fraudulenta. En su caso, la pena quedó firme ya que las víctimas que apelaron no lo habían denunciado. Entre las maniobras atribuidas al grupo figura la captación de dinero a manera de préstamos por los que ofrecían altos intereses que nunca pagaron.
La investigación determinó que gestionaban cuatro sociedades. El Grupo Praga SRL, con oficinas en Sarmiento al 400 y dedicado a negocios inmobiliarios; Integral Motors, con sede en Juan José Paso al 5000 para la compraventa de motos; Integral Automotores, de Eva Perón al 5100 dedicada a la compraventa de autos de alta gama, y por último Ortopedia Técnica SRL, para el comercio y fabricación de artículos de ortopedia.
El abogado Morosano, en representación de un hombre damnificado en 60 mil dólares con la falsa venta de una propiedad, apeló la condena planteando que el monto era “sumamente bajo” frente a 32 hechos de estafa, el daño ocasionado a todas esas personas y “el perjuicio económico aún mayor, de alrededor de un millón y medio de dólares”. El querellante planteó que su cliente no obtuvo reparación económica y que en el proceso “no tuvieron en cuenta a la víctima en ningún sentido”.
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Por su parte Joaquín Fraga, abogado de una docente jubilada que confió dinero al grupo, dijo que como querellantes no fueron tenidos en cuenta en el acuerdo y remarcó que se trató de una estafa “milimétricamente pensada” en la cual “creaban sociedades, generaban movimientos económicos y luego las vaciaban por completo”. La mujer contó en audiencia ante los jueces que le había entregado dinero a Poletti por la confianza que tenia en él pero resultó estafada, perdió la posibilidad de un emprendimiento, quedó “devastada económicamente” y a raíz de este problema tuvo conflictos familiares.
Si bien 31 damnificados dieron su conformidad al juicio abreviado y se devolvieron algunos objetos considerados fruto del delito, los jueces verificaron en estos dos casos “una afectación de los derechos de las víctimas en el acceso a una justicia efectiva”. Plantearon que “ni en el dictamen de la Fiscalía Regional ni en la sentencia se ha dado debida respuesta a los puntos de oposición de los apelantes”, es decir, respecto de la falta de resarcimiento y de una pena que consideraron “baja e infundada”.
Al respecto señalaron que los derechos de las víctimas están contemplados en la legislación de la provincia e instaron a “velar por una adecuada participación en las instancias judiciales y administrativas”, además de reforzar mecanismos que les permitan obtener reparación de los delitos.
