Once personas, entre ellas el subjefe de la Unidad Regional XI de policía, fueron imputadas en una audiencia oral y pública por cohecho y tenencia ilegítima de arma de fuego y el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) Jorge Pegassano les dictó la prisión preventiva. La acusación fue realizada por las fiscales Mariela Jiménez y María Laura Urquiza, quienes llevaron adelante la investigación que entre el miércoles y el jueves deparó en una serie de allanamientos y detenciones en cuatro localidades del centro provincial para sacar de circulación una red dedicada al juego clandestino bajo el amparo policial. En tanto, otras seis personas seguirán siendo investigadas pero en libertad.
Según trascendió oficialmente, a los acusados en la audiencia les imputaron explotación, administración, operación y organización de juegos de azar con pago de apuestas sin la autorización correspondiente; cohecho pasivo y activo, respectivamente; y tenencia indebida de armas de fuego de uso civil.
Las principales acusaciones recayeron en el subjefe de la Unidad Regional XI (Esperanza), el comisario Dante Marcelo Giménez, a quien le achacaron cohecho pasivo reiterado (seis hechos); y al agente A.D.W., que cumplía funciones como cocinero y chofer de la misma repartición y fue acusado de cohecho pasivo reiterado (seis hechos) y tenencia ilegítima de armas de fuego.
En cuanto a los civiles detenidos las imputaciones fueron principalmente las de explotación, administración, operación u organización de juegos de azar sin la autorización correspondiente de la autoridad competente y cohecho activo reiterado administración, operación u organización de juegos de azar sin la autorización correspondiente de la autoridad competente.
El operativo que derivó en la detención de 17 personas, dos de ellos policías, se realizó entre miércoles y jueves y deparó en 19 allanamientos en la ciudad de Esperanza y la localidad de Pilar (departamento Las Colonias), en Recreo (La Capital) y en Rafaela (Castellanos). Además de los arrestos, la policía secuestó ocho autos de distintas marcas y modelos, 21 teléfonos celulares, 72 computadoras, 13 máquinas de juegos, dos notebooks, cinco tablets, diez armas de fuego, un sinúmero de municiones y cerca de 174 mil pesos en efectivo producto de las apuestas.
Una regional en la mira
Esta fue la segunda vez en poco tiempo que la Unidad Regional XI de policía es centro de la atención informativa ya que tres meses atrás nueve efectivos de la misma fueron detenidos por delitos que van desde el peculado y el cohecho hasta la malversación de fondos y el incumplimiento de los deberes de funcionarios. Entre los acusados estaba quien era Inspector de Zona a cargo de las comisarías de Esperanza, Humboldt y Empalme San Carlos; su secretario y el jefe y la subjefa de la comisaría 1ª de la ciudad cabecera del departamento. Cinco de esos policías acordaron, en procesos abreviados, una condena a 3 años de prisión en suspenso reconociendo que fueron parte de una asociación ilícita que le exigía dinero a personas allegadas a imputados por delitos para no involucrarlos en causas penales inventadas o, en otros casos, ocultaban elementos secuestrados. Los otros cuatro efectivos (uno de ellos de alto rango y preso como jefe de la banda) van camino a un juicio oral.
"Las tareas investigativas se iniciaron hace tres meses a partir de información que surgió en la otra pesquisa", explicó en rueda de prensa el Fiscal Regional, Carlos Arietti. La fiscal Giménez, en tanto, explicó que los allanamientos se llevaron adelante en "locales que estaban habilitados como cíber y salas de video juegos y en los domicilios de los acusados. En los locales se detectaron máquinas tragamonedas, de ruletas y de videojuegos además de computadoras. El delito está en jugar y apostar sin la debida autorización de la autoridad pertinente".
Finalmente la funcionaria indicó que "se investiga la administración, organización y explotación de estos juegos por apuesta y además el cohecho en el que tiene participación la policía. Es decir, su accionar de amparar la actividad ilegal a cambio de dinero". También aclaró la fiscal que "entre los detenidos no hay clientes sino los encargados de explotar esos lugares".
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