Eduardo Martín Torres, el escribano detenido hace tres semanas y acusado junto a otras diez personas de conformar una asociación ilícita acusada de cometer estafas inmobiliarias y lavado de activos, fue procesado una vez más en una causa del viejo sistema penal por un delito idéntico a los atribuidos al grupo: un fraude con un campo de Baradero que se intentó vender mediante un poder apócrifo. Con él fue procesado otro hombre (familiar de un ex peón del campo) a cuyo nombre fue otorgado el falso poder de venta. Con esta medida, ambos irán a juicio escrito por los delitos de estafa en tentativa y falsificación de documento público.
La caída. El escribano Torres fue apresado el 12 de octubre por una investigación de la Unidad de Delitos Complejos de la Fiscalía local. Fue considerado por el fiscal Sebastián Narvaja como uno de los tres notarios que se ocupaban de darle apariencia de legalidad a las estafas con inmuebles. Luego la jueza Mónica Lamperti dispuso que permanezca en prisión preventiva. Además, el profesional había sido procesado en julio por la jueza Alejandra Rodenas en un expediente del viejo sistema penal por defraudación en perjuicio de la administración pública y falsificación de documento público.
En la causa reciente por fraudes inmobiliarios aparece mencionado en los seis hechos detectados por la Fiscalía. La maniobra más frecuente que le atribuyen es la confección de falsos poderes de venta con firmas apócrifas de los dueños de los inmuebles. Al grupo se lo acusa de actuar como una asociación ilícita que ejecutaba fraudes reiterados con propiedades de las que se apoderaban de manera ilegítima e inscribían en el Registro de la Propiedad con documentación falsa, para luego darles apariencia legal e introducirlas en el mercado pasándolas de mano en mano a través de ventas. Además les reprochan el delito de lavado de activos.
El nuevo caso. La jueza Delia Paleari procesó ahora a Torres en otra causa previa al cambio de sistema penal. El proceso se inició con la denuncia de Eduardo Federico Ansaldo, un hombre que en mayo de 2012 vendió parte de su campo "La Esperanza", una extensión de 98 hectáreas en la localidad bonaerense de Baradero. El denunciante reveló que el 7 de agosto de ese año recibió un llamado desde una escribanía de Buenos Aires para consultarlo por un poder que él supuestamente había extendido a nombre de Gustavo Migliorisi, autorizándolo a que vendiera el campo en su nombre.
Ansaldo respondió que no había otorgado mandato alguno y gestionó una reunión en la escribanía para examinar el poder en cuestión. En esa oficina le mostraron una fotocopia y constató que figuraban sus datos, aunque la firma —con la apariencia de un garabato— era falsa. En ese poder apócrifo, confeccionado con firma y sello del escribano Torres, Ansaldo autorizaba a realizar transacciones con la propiedad de Baradero a Gustavo Adolfo Migliorisi. Ese nombre le resultó familiar: según contó, en 2011 había despedido a un peón del campo y un hombre que dijo ser su primo ocupó por un breve tiempo la vivienda rural. Esa persona era Migliorisi.
Tras evaluar las pruebas reunidas en la investigación la jueza concluyó que "existe la probabilidad" de que Torres "haya falsificado un instrumento público" en el que se insertaron declaraciones falsas en perjuicio de Ansaldo: "Se falsificó un mandato de venta de un campo ubicado en Baradero que el denunciante ya había vendido y entregado posesión en fecha 29 de mayo de 2012".
Para la jueza, "Migliorisi ha participado de la tentativa de estafa y la falsificación, figurando como beneficiario" del poder apócrifo. Una pericia caligráfica constató que la firma de Ansaldo en ese documento era falsa. La jueza también tuvo en cuenta la declaración del escribano bonaerense que alertó a Ansaldo. Este profesional, al atestiguar en la causa, dijo que el 16 de mayo de 2012 recibió un llamado de Torres a quien conocía porque "fue recomendado por el Colegio de Escribanos de Rosario en hechos anteriores" y que le "merecía su confianza por haber trabajado eficientemente".
Según contó, Torres le dijo que iría a verlo un hombre interesado en comprar el campo de Baradero. El escribano se entrevistó con el comprador y recibió documentación de la propiedad y el poder de venta, firmado el 31 de mayo de 2012 ante su colega Torres. Procedió al estudio de los títulos, contactó a Ansaldo y así se enteró de que era falso. Al desbaratarse el engaño con su llamado la operación de compraventa no se hizo.
Fundamentos. Paleari además consideró que Migliorisi "no podía desconocer" la maniobra porque él mismo ofertó el campo "en una tentativa de estafa, lo que permite acreditar el acuerdo y connivencia entre ambos imputados". La magistrada también se preguntó cómo habría llegado a Torres el DNI de Ansaldo que permitió confeccionar el poder. Esto no pudo probarse, pero se conjetura que fue a través de una fotocopia certificada ante otro escribano "a fin de tramitar servicio de luz en el campo". Este trámite fue realizado por el primo de Migliorisi, el peón despedido.
En ese marco, la jueza procesó a Torres y a Migliorisi por los delitos de tentativa de estafa en concurso real con falsificación material de instrumento público y falsedad ideológica de documento público, "por haber insertado en él declaraciones falsas". Consignó que no se requiere la detención de los acusados en esta causa, aunque trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 10 mil pesos. Por último, dispuso el archivo de las actuaciones respecto del hombre que intentó comprar el campo y de un abogado allegado a Torres que actuó como intermediario, al considerar que "más allá de sus contradicciones no se encontraron pruebas fehacientes que los comprometan".
