Las firmas de Marcelo Lemoine y Jorge Fedeli eran clave para emitir credenciales de legítimo usuario a nombre de cómplices de Lucho Cantero.
Las armas fueron secuestradas a fines de octubre de 2024 en múltiples allanamientos.
La última gran causa sobre el mercado negro de armas de fuego de Rosario sumó este viernes dos sentencias simultáneas. Un psiquiatra y un instructor de tiro fueron condenados mediante un juicio abreviado como integrantes de una organización conectada con Lucho Cantero.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la defensa acordaron una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional. Tanto el médico Marcelo Lemoine como Jorge Fedeli habían sido imputados a fines de diciembre dentro de una asociación ilícita encabezada por Lucas P. y Rodrigo S..
El juez Facundo Becerra aceptó la propuesta de las partes para dictar las condenas junto con una inhabilitación especial de 10 años. La prohibición rige de acuerdo a los diferentes roles que cumplían en el trámite de los permisos de tenencia de armas, realizados en más de una oportunidad para autorizar a miembros de la banda del hijo de Claudio Ariel "Pájaro" Cantero.
Lemoine tiene 50 años y es un profesional registrado en el Sistema Abierto y Federal de Emisión de Certificados Psicofísicos (Siaf). Así se dedicaba a realizar evaluaciones clínicas y psicológicas requeridas por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).
De acuerdo a la investigación del fiscal Gastón Ávila, el psiquiatra cumplió un rol "esencial" en la empresa criminal montada desde noviembre de 2021 hasta octubre pasado. Según la teoría del MPA, los organizadores de la asociación ilícita y Javier H., otro de los imputados, le derivaban clientes para conseguir la credencial de legítimo usuario (CLU). Estas personas pagaban y conseguían el certificado de aptitud sin realizar el test ni la entrevista que impone el protocolo correspondiente.
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La firma del médico era un paso fundamental para crear testaferros en el sistema de "compras de paja" en los negocios investigados. De hecho, el propio Rodrigo S. y Flavio P., hermano de Lucas, recorrieron ese camino para conseguir sus respectivos permisos.
La causa que tomó estado público por los allanamientos de fines de octubre comprende a una docena de sospechosos en busca de unas 200 armas volcadas al mercado negro. A modo de ejemplo, Ávila recordó que uno de los acusados compró 35 pistolas calibre 9 milímetros en 15 meses y gastó más de 28 millones de pesos cuando su salario apenas ronda los $600.000 mensuales.
Paulo Jorge Fedeli cumplía una tarea similar a la de Lemoine. El instructor de tiro con armas largas y cortas de categoría ITB se encargaba de los certificados de idoneidad en el manejo de armas de fuego.
El imputado de 40 años reconoció haber declarado aptas a personas que no tenían los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para conseguir una CLU. "Evaluaba la idoneidad con total liviandad", concluyeron los especialistas del MPA.
De acuerdo a la evidencia presentada por la Fiscalía, Fedeli completaba las respuestas a las preguntas del examen que forma parte de la solicitud ante Anmac. Incluso aprobó a postulantes que no acertaron ningún disparo en la prueba de tiro.
El procedimiento abreviado que homologó el juez Becerra determina que los dos condenados tienen prohibido ir a armerías, clubes o polígonos de tiro. Durante el plazo de la sentencia condicional tampoco pueden contactarse con las otras seis personas imputadas a fines de diciembre.
Lemoine quedó inhabilitado en el registro de Profesionales Habilitados para la Emisión de Certificados Psicofísicos del Siaf. Fedeli no podrá trabajar como instructor de tiro por el mismo período de tiempo ni certificar la idoneidad en el manejo de armas ante Anmac.
Luego de la intervención de estos profesionales, la banda realizaba otras maniobras para evitar que la Justicia rastreara a los dueños formales. Por ejemplo, Flavio P. fue imputado por eliminar los números de serie de las pistolas que compró con ese fin.
El MPA detectó que la reventa en el mercado negro se realizaba a precios exorbitantes. Los falsos usuarios que prestaban su nombre cobraban un dinero por su colaboración y algunos eran personas en situaciones vulnerables, de modo que también salían ganando en el circuito clandestino que alimentaba a la banda del heredero de un exjefe de Los Monos.
La histórica empresa láctea negocia un acuerdo con una firma cordobesa para volver a producir en la localidad de Lehmann. Los trabajadores acumulan meses sin cobrar. La compañía arrastra deudas por casi 120 mil millones de pesos.
Por Facundo Borrego
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