Los colombianos: cómo actuaban los violentos prestamistas en el Mercado de Productores

“¿Vos sos Ezequiel? Esto es una recomendación de los colombianos”. Eso escuchó Ezequiel M., de 21 años, un instante antes de que, desde una moto ubicada a dos metros, le dispararan un balazo en el abdomen. Ocurrió hace cinco meses, el 25 de agosto pasado, luego de que la víctima se atrasara una semana en el pago de una cuota de un crédito informal de 8 mil pesos que había tomado con un grupo que prestaba plata en el Mercado de Productores de 27 de Febrero y San Nicolás.

Ese ataque, ocurrido en la zona oeste en la villa de Vía Honda, permitió desnudar las acciones de una estructura dedicada a otorgar préstamos usurarios, con formas cruentas para lograr el repago. Como resultado este viernes fueron imputados dos hombres que se establecieron en Rosario hace relativamente poco tiempo. Uno se llama José Francisco Chavarría, es ecuatoriano, tiene 47 años y quedó acusado de ser uno de los dos hombres que estaba en la moto desde la que le dispararon al hombre que se demoró en su compromiso. El otro es Rafael Guillermo Bernal Albarracín, es de nacionalidad colombiana y se le atribuyó ser una figura de peso en esa banda dedicada a la usura crediticia organizada, que se asegura sus cobranzas y la continuación de sus intereses de manera violenta. Si es necesario en los extremos que sufrió Ezequiel M., a quien su retardo en devolver la plata le dejó para siempre una bolsa de colostomía tras una operación de intestino.

El juez Héctor Núñez Cartelle dio por acreditada la existencia y el funcionamiento del grupo de usura. Le impuso a Chavarría prisión preventiva por el máximo plazo de dos años por estar acusado de un intento de asesinato. A Bernal le asignó lo mismo pero por el plazo de encierro de 90 días.

La fiscal Valeria Haurigot le imputó este mediodía a Bernal haber desempeñado la usura crediticia de forma profesional como ocupación estable, aprovechándose de la situación de necesidad y carencia de las víctimas, lo que les permitía explotar esa circunstancia ofreciendo acuerdos de dinero con prestaciones desproporcionadas hasta lo exorbitante: se verificaron tasas de retorno para los préstamos de hasta 360 por ciento anual.

El crédito que tomó Ezequiel M. es un ejemplo de la fragilidad extrema en la que están personas quienes, según los fiscales, por desesperación caen en las garras de estos grupos. Este muchacho de 21 años era un changarín que se quedó sin trabajo en la pandemia. Por un contacto en el mercado frotihortícula de zona oeste, dado que los prestamistas se desempeñan allí, tomó un crédito con esta organización. Al momento en que debía pagar una cuota semanal por la toma de un mutuo de 8 mil pesos se retrasó: no tenía trabajo, estaba cirujeando y por eso pidió un fin de semana. Se lo concedieron. Pero el lunes 25 de agosto pareció el día tope. Fue ahí cuando con un revólver calibre 38 le demostraron la inconveniencia de demorarse.

Ezequiel había pagado una parte de lo prestado pese a su apremio económico. Según se explicó en la audiencia el crédito tenía un interés del 353% en el plazo de 26 días. Con ello la organización explotó la extrema necesidad de la contraparte “logrando una ventaja patrimonial desproporcionada mediante el referido crédito”.

La investigación de los fiscales Haurigot y Federico Rébola, que contó con el apoyo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Brigada Operacional de Tribunales, estableció mediante escuchas y medios de prueba adicionales que en el breve lapso de un mes durante 2020 este grupo dio ocho préstamos de diversos montos que llegaban hasta 100 mil pesos. Varios tomadores que se identificaron fueron del todo reacios a dar información de estos desiguales contratos. En uno de los casos prestaron 6 mil pesos con la obligación de la contraparte de restituir el importe en cuatro pagos iguales de 1.950 pesos. Eso implica un interés compensatorio del 360 por ciento.

A la acusación se agregó la figura de una empleada policial que apareció imprevistamente en las escuchas telefónicas. Los diálogos de José Francisco Chavarría, cuya línea había sido interceptada, eran habituales con Rafael Bernal. El seguimiento a este ciudadano colombiano dejó en evidencia un episodio de encubrimiento de una mujer policía de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que movilizó sus influencias para ayudarlo cuando a Bernal lo detuvieron en un auto llevando 40 mil pesos de origen que no pudo justificar.

Esa detención fue en un retén de Camilo Aldao y Virasoro en noviembre pasado. Las escuchas revelan cómo la empleada policial habló con el encargado del operativo, se presentó como subinspectora de la AIC y le requirió que lo dejara marcharse con el dinero que era para pagar gastos de una persona que había fallecido en el Hospital Carrasco. Esta empleada se llama Liliana Almada y cumple funciones en el Laboratorio Biológico como policía.

Esta policía no estuvo presente en la audiencia por un bizarro motivo: el miércoles, al trascender el caso de la usura, la mujer se presentó en el Hospital Roque Sáenz Peña con un balazo en una pierna que le fracturó tibia y peroné. Según explicó, la herida se la hizo ella misma, al dispararse su arma mientras la limpiaba. Siguió la audiencia como imputada desde una cama en el Sanatorio Mapaci.

La fiscal Haurigot imputó a las tres personas. Al ecuatoriano Chavarría por ser coautor de intento de homicidio agravado por el uso de arma de y por usura crediticia agravada por habitualidad o profesionalismo, en carácter de autor. A Rafael Bernal por usura crediticia agravada por habitualidad o profesionalismo, lo que tiene penas que van de tres a seis años de prisión.

A la empleada policial Almada la fiscal le atribuyó los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público con encubrimiento por ostentar su cargo para volcar argumentos falsos de modo que el policía que había detenido a Bernal en el retén policial le permitiera marcharse con el dinero que llevaba. El juez la dio por imputada. La empleada aceptó una alternativa a la prisión que es el pago de 10 mil pesos como fianza y firmar en la Oficina de Gestión Judicial cuando le den el alta.

Los mecanismos de usura quedan plasmados, según los fiscales, en los diálogos telefónicos entre prestamista y clientes. En uno de los casos una mujer conversa con Bernal para tomar 10 mil pesos devolviendo en forma diaria 750 pesos. También se repara en este caso que la tomadora del crédito había tomado otros con anterioridad y conocía la tasa que era del 360 por ciento anual.

Dos asuntos destacados quedan corroborados en la pesquisa según los acusadores. Primero el hecho de que el mercado de productores es el dominio donde se mueve esta organización de prestamistas usurarios y el universo de personas que se mueven allí su clientela. También aparecen personas no identificadas fehacientemente, salvo por sus nombres de pila, que pertenecen a la organización.

El segundo punto es que de la documentación secuestrada en los allanamientos a objetivos del grupo queda claro que la asociación registraba 415 operaciones crediticias en el ámbito del mercado en troqueles. Algunas de estas están individualizadas con el vocablo “clavo” en alusión presunta a operaciones de difícil cobro. Las que suponen, siguiendo el ejemplo del muchacho de Vía Honda, el uso de mecanismos alternativos al diálogo para concretar la devolución del dinero.