El juez penal Luis María Caterina resolvió aceptar en forma parcial el hábeas corpus correctivo presentado por la defensa pública de la provincia en favor de las adolescentes alojadas en los altos de la comisaría 7ª. El 12 de octubre pasado el Defensor General de la provincia, Gabriel Ganón; y el titular de la Secretaría de Prevención contra la Violencia Institucional, Enrique Font, habían denunciado torturas y malos tratos tras inspeccionar el presidio que depende de la Dirección de Justicia Penal Juvenil. En ese marco, el magistrado hizo lugar al reclamo y decidió que se deberá tener en cuenta el mismo protocolo que se aplica desde el 31 de octubre pasado para el Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario (Irar).
Con relación a las condiciones edilicias del establecimiento, la celda de aislamiento y los lugares de esparcimiento, el magistrado dispuso que "en 30 días la Dirección de Justicia Penal Juvenil presente un plan de adecuación". A su vez, "se deberá dejar constancia del cumplimiento y asistencia de las adolescentes a las tareas educativas, de capacitación y recreativas en el libro de guardia con las firmas de las internas".
Buena comida. Sin embargo, Caterina rechazó el hábeas corpus con relación a la alimentación de las menores y la limpieza de la unidad. "Más allá de algún caso puntual, no se han detectado deficiencias sutanciales que impacten negativamente en la salud de las internas", sostuvo el magistrado en la resolución.
Al respecto, desde el Servicio Público de la Defensa se señaló que "en ningún momento fue convocado un especialista en nutrición para comprobar si los alimentos eran aptos para ser consumidos. Pero el magistrado ponderó el informe de la médica forense Carolina Nagel en el que indicó que "la alimentación de las adolescentes es buena".
Una fuente de la Defensoría señaló que el 11 de octubre pasado Font realizó con integrantes de la Defensoría una inspección no anunciada a la Unidad de Detención de Mujeres situada sobre la seccional 7ª para constatar las condiciones en la que están alojadas las adolescentes. En la recorrida constató "serias irregularidades respecto del cumplimiento de los estándares mínimos en materia de condiciones de detención de niñas y adolescentes, que vulneran el ejercicio de sus derechos constitucionales y agravan ilegítimamente su estado de detención. Además, pudo identificar una situación de tortura tras el arresto de una chica".
Sin médicos. A su vez, los integrantes de la Defensa Pública señalaron que "no hay un médico a disposición de las internas las 24 horas y el servicio de odontología es deficiente". La asesora de Menores Mónica Sutter Schneider aportó que "existen problemas a la hora de que el Sies acuda ante alguna urgencia, y tanto el informe médico como la documentación aportada por la Dirección dejan serias incertidumbres sobre la administración de medicación.
En la audiencia, la abogada de la defensa pública María Mistura planteó que "no quedó claro y no existe apreciación de la profesional interviniente en cuanto a la medicación diaria que le brinda a las jóvenes como tampoco referencia a diagnóstico alguno".
