El lunes a la mañana se escribirá un nuevo capítulo en la novela que llevó al comisario Hugo Tognoli a renunciar a la jefatura de la policía de la provincia en octubre del año pasado y en ser detenido el jueves último por segunda vez en cinco meses. Carlos Andrés Ascaini, el vecino de Villa Cañas que está sindicado como vendedor de drogas y que fue procesado en una causa por narcotráfico, será indagado por el juez federal Carlos Vera Barros bajo la acusación de integrar una "empresa criminal conjunta" junto a Tognoli y otros dos policías.
Además, el juez federal Vera Barros acumulará a la causa que investiga, el expediente generado a partir de las escuchas telefónicas en las cuales el 25 de noviembre de 2009 Ascaíni requirió en la comisaría de Villa Cañás que le averiguaran a quien pertenecían los dos vehículos que lo perseguían (una camioneta Isuzu y una Fiat Fiorino) y que se comprobó eran de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Vale recordar que por esta causa ya han sido procesados por la Justicia los otros dos integrantes de la presunta "empresa criminal conjunta": el comisario Néstor José Beto Fernández, quien en 2009 era jefe de la brigada antinarcóticos con asiento en Venado Tuerto y usuario de la clave con la que se averiguó en el Registro Nacional de Propiedad Automotor la pertenencia de los dos vehículos que perseguían a Ascaíni; y el cabo Carlos Alfredo Quintana, numerario de la comisaría de Villa Cañás que recibió el pedido del supuesto narco.
Procesado. Ascaíni, por otra parte, está procesado en una causa que instruye el juez federal Marcelo Bailaque. El hecho que le imputan en ese expediente ocurrió el 8 de mayo de 2012 cuando El Vasco, como se lo reconoce en el sur provincial, fue detenido en en el cruce de las rutas 90 y 94, en jurisdicción de Chapuy, en un operativo policial comandado por el subcomisario Alejandro Druetta.
La policía reportó que Ascaíni tenía en su auto una pistola Browning calibre 9 milímetros, 5.004 pesos en efectivo y 1,2 kilo de cocaína. Pero una pericia del laboratorio bioquímico de la ex Drogas Peligrosas determinó que la sustancia incautada era cocaína apenas en un 4,02 por ciento. El resto era azúcar y anestésicos. Ascaíni, quien pasó seis meses preso en la cárcel de Piñero, recuperó la libertad bajo fianza el 6 de noviembre, aunque sigue ligado a la causa.
¿Qué cambió? Como lo hizo durante 15 noches en octubre del año pasado, el comisario general Hugo Damián Tognoli duerme desde el jueves en uno de los precarios calabozos que tiene la PSA en el aeropuerto de Rosario. La pregunta que cabe ante esto es ¿qué cambió desde que el juez Carlos Vera Barros le dictara la falta de mérito en noviembre pasado hasta el presente para que vuelva a quedar tras las rejas?
La respuesta la dio el fiscal Juan Patricio Murray (quien sustituyó a la fiscal Liliana Bettiolo después de que ésta fuera desplazada por la Procuraduría General de la Nación) y la convalidó el juez Vera Barros. Una nueva prueba se generó a partir de la declaración testimonial brindada por Jorge Likerman, responsable del Departamento de Servicios Informáticos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios a la cual se consultó por la pertenencia de los vehículos que seguían a Ascaíni.
Ese testimonio se registró el 6 de diciembre pasado y le permitió al fiscal Murray realizar una nueva lectura de la causa y, además, cambiar la imputación a Tognoli, quien ahora está acusado de ser "coautor de tráfico de drogas en la modalidad de tenencia para la comercialización, agravado por el concurso organizado de tres o más personas y su actuación en calidad de funcionario destinado a reprimir esos delitos".
La nueva imputación que los fiscales Murray y Federico Reynares Solari —nombrado ad hoc— le atribuyeron a Tognoli se enmarca en lo que definieron como una "empresa criminal conjunta", una teoría jurídica moderna que suele emplearse en delitos de lesa humanidad y que tiende a impedir "los bolsones de impunidad", como lo definió ayer una alta fuente de los Tribunales Federales. "Es una teoría que postula que además del dominio del hecho mediante su producción, existe el dominio del hecho a través de la decisión sobre la realización del mismo y el dominio del hecho a través de la configuración del mismo", explicó el propio Murray el jueves. En criollo, se puede integrar una organización criminal sin tocar en este caso la droga o empuñar un arma. Una teoría superadora a la del delito de asociación ilícita, tan difícil de probar.
Para la acusación "Carlos Ascaíni traficaba con estupefacientes. Hugo Tognoli suministró la clave del RNPA a sus subordinados y convalidó las consultas ilegales realizadas por éstos. El comisario Fernández y el cabo Quintana utilizaron la clave para establecer que quienes se encontraban realizando seguimientos a Ascaíni eran agentes de la PSA y le suministraron la información. Esto le permitió a Ascaíni intentar evadir la investigación y la acción de la Justicia y continuar con el tráfico de estupefacientes con cuyas ganancias también se benefició la fuerza dirigida por Tognoli", explicó Murray.
El juez Vera Barros tiene ahora diez días hábiles para definir la situación procesal de Tognoli. Mientras tanto, ayer mismo la defensa del ex jefe de la policía santafesina pidió su excarcelación al entender que el estado de libertad provisional "no pondrá en riesgo los fines del proceso, no implicará riesgo de fuga y no entorpecerá la búsqueda de nuevas pruebas".
Piden traslado a Santa Fe
Eduardo Jauchen, abogado defensor de Hugo Tognoli, pidió ayer formalmente que su cliente sea trasladado a dependencias de la Policía Federal en la ciudad de Santa Fe hasta tanto se resuelva su situación procesal. La solicitud, hecha ante el juez Vera Barros, se basa en que allí vive su familia y allí está “bajo tratamiento médico psiquiátrico” desde octubre del año pasado, cuando fue apresado por primera vez, según se acreditó con un certificado médico.
