La Justicia penal de segunda instancia hizo lugar al pedido de hábeas corpus preventivo en favor de Brian F., un chico de 16 años que desde hace más de un año sufre el permanente acoso de agentes de la policía santafesina, situación sobre la cual se encuentra vigente una medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) del pasado 23 de mayo. La medida fue resuelta por el juez José Luis Mascali después de que el Ministerio Público de la Defensa, mediante el abogado Francisco Broglia, apelara el dictamen de la jueza Hebe Marcogliese, que rechazó el mismo planteo tras "escuhcar solamente el discurso policial de los hechos sin oir a la víctima".
La historia de Brian F. se remonta a agosto de 2015 cuando el menor fue baleado por un ex policía, vecino de su familia, cuando se encontraba paseando en moto junto a un amigo y el oficial retirado le gritó que "si seguían haciendo ruido con el caño de escape de la moto los iba a matar". Luego, sin mediar más palabras, el ex policía comenzó a disparar contra los jóvenes y Brian fue alcanzado por varios proyectiles. Una vecina que observó la escena denunció lo ocurrido al 911 e impidió la muerte de F. El joven fue derivado al Heca en grave estado y estuvo dos meses internado. Como consecuencia de ello y dos operaciones, en la actualidad tiene problemas respiratorios y dificultades para moverse.
Tras ese incidente, personal de la comisaría 18ª que intervino en el caso "falsificó la escena y montó un robo realizado por Brian F. contra el cuñado del atacante", dijeron desde la Defensa Pública que asumió la representación del chico. Así fue que, al recuperarse de sus lesiones, el adolescente interpuso una denuncia contra los agentes que realizaron el operativo. Como represalia, "el 23 de diciembre de 2015 policías de la 18ª ingresaron a la casa de F. de manera violenta y lo detuvieron por un supuesto robo". También fue detenida su madre por presuntas amenazas y ambos fueron liberados luego de un hábeas corpus presentado por la Defensa Pública, que fue rechazado por el juez penal Hernán Postma, quien no ordenó en ningún momento investigar la detención ilegal del adolescente.
El 15 de enero de este año Brian denunció un nuevo ataque policial. Según contó, todo ocurrió cuando iba en moto y la policía intentó detenerlo, pero él hizo caso omiso y siguió la marcha atemorizado. Según dijo F. ante el Ministerio Público de la Defensa, los agentes utilizaron balas de goma para frenarlo y dispararon hacia su casa con balas de plomo. Finalmente fue arrestado, golpeado y derivado a la 18ª donde lo amenazaron diciéndole que si no retiraba la denuncia contra los policías por el caso de agosto de 2015 iba a terminar muerto.
El 28 de abril último el chico fue llevado nuevamente a la seccional de Francia al 3600 donde "permaneció amarrado a los barrotes de una celda con las esposas puestas durante dos horas y sufrió golpizas para que se hiciese cargo de hechos que jamás cometió". Incluso, según dijo el joven, los oficiales le preguntaron si él era Brian Maciel (quien al día siguiente fue asesinado por un ex agente de seguridad en el barrio San Francisquito). Tras ello, fue derivado al Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario (Irara), donde permaneció "aislado y sin comida hasta el día siguiente cuando fue puesto en libertad por la Jueza de Menores". De todos modos, la magistrada dispuso que sea el mismo policía que lo golpeó en la 18ª quien verifique la permanencia de F. en su domicilio.
Finalmente, el pasado 4 de noviembre Brian vendía bolsas de residuos junto a su primo cuando fue detenido por un móvil policial cuyos ocupantes les exigieron identificarse. Cuando los jóvenes dieron su nombre y apellido trasladaron a Brian a la seccional 13ª "para ser identificado".
Rechazo "in límine"
Entonces la Defensa Pública presentó un hábeas corpus preventivo que el 6 de noviembre la jueza Penal de primera instancia Hebe Marcogliese rechazó "in limine". Anteriormente, y ante la gravedad del caso, la Defensoría presentó un recurso ante la Cidh que fue admitido y el organismo internacional solicitó al Estado argentino que "adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de F. y sus familiares directos; concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición".
En ese marco, el abogado Broglia apeló el rechazo de la jueza Marcogliese y esta semana se realizó la nueva audiencia ante el juez de segunda instancia, José Luis Mascali, ante quien el defensor denunicó "un hecho nuevo acaecido durante la tarde y noche del 27 de diciembre en perjuicio de Brian". Ese día "personal de la 18ª llegó a la casa del menor a las 14 sin orden de allanamiento e ingresó buscando una ametralladora". Ante la presencia de vecinos observando la escena los policías les advirtieron que "iban a hacer boleta" al adolescente; y a las 20 volvieron a registrar la casa sin orden alguna.
Solo y vulnerable
En su descargo Broglia explicó que "la jueza Marcogliese sólo escuchó la versión policial de los hechos" y agregó que "se violó el derecho del menor a ser oído, ya que jamás fue citada la Defensa a audiencia, no habiendo podido de esta forma la jueza resolver con equidad y atendiendo las circunstancias reales del caso".
"Nos encontramos frente a una situación de amenaza de la libertad ambulatoria, ya que Brian F. se encuentra sufriendo un hostigamiento constante por parte de personal policial, carente de motivación alguna", dijo el abogado tras remarcar la "situación de vulnerabilidad social" en la que encuentra el chico.
En la audiencia, los representantes de la Unidad Regional II de policía aseguraron que "no existe sobre Brian F. orden de captura ni requerimiento alguno" y el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, José Caterina, manifestó que en los libros de guardias de la comisaría 13ª (donde había sido enviado Brian el 4 de noviembre) "no figura el nombre del joven", que tampoco "fueron advertidas evidencias concretas del móvil que llevaría al personal policial a hostigar al chico" y que "en relación a la materialidad propia de los hechos, las evidencias del libro y las entrevistas al personal policial son contundentes", por lo que pidió confirmar lo actuado por Marcogliese.
Broglia replicó esas afirmaciones al entender que iban "en concordancia con la decisión de la jueza, en darle credibilidad al discurso policial" y recordó que estos hechos siempre ocurren "sin que exista un marco de legalidad acorde". En ese sentido cuestionó la postura de Caterina tildándola de "ingenua" ya que "quien quiere hostigar, agredir física y psicológicamente, más aún si es el aparato del Estado que tiene el monopolio de la violencia pública no va a dejar registrado en un libro de guardia o plasmar en un informe su propia ilegalidad".
Afirmaciones convincentes
Finalmente, el juez Mascali resolvió que "sin perjuicio que desde lo formal podría aceptarse la desestimación hecha por la jueza de 1ª Instancia del hábeas corpus, resultan muy convincentes las afirmaciones del menor y su representante en el sentido del temor que tiene de ser detenido ilegalmente". Y por ello revocó la resolución de Marcogliese e hizo lugar al recurso "en función de los antecedentes de la causa y sobre todo de las medidas cautelares dispuestas por la Cidh para que el amparado no sea perseguido, amenazado, hostigado o se restrinja su libertad personal, salvo que exista orden de autoridad competente". Y ordenó notificar al jefe de la Unidad Regional II, al titular de la Sección Tramitación de Hábeas Corpus y a los jefes de las comisarías 13ª y 18ª como así también al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe.
