Jueza ordena que cesen los hostigamientos en la cárcel de mujeres

La Justicia hizo lugar parcialmente a un hábeas corpus interpuesto por el Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP) a favor de internas de la cárcel de mujeres de Ingeniero Thedy al 300 que denunciaron prácticas violentas por parte del personal. En ese marco la jueza penal Hebe Marcogliese ordenó ayer, entre otras cosas, que cesen los actos de hostigamiento y amenazas de traslados y que se cumplan con los estándares en materia de requisas.

El pasado 27 de julio un grupo de reclusas denunció una requisa violenta que desembocó en traslados de cuatro internas. "Nos pegaron con las cachiporras, nos tiraron gas pimienta, hubo violencia de género y todo por un celular. Queremos que nos den autorización para tener celulares como hay en las cárceles de varones", contó una de las 48 internas en un audio que se viralizó sobre lo que el Ministerio de Seguridad informó como una requisa registrada por las cámaras en las que no se produjeron lesiones. La situación derivó en el traslado de cuatro reclusas a un penal de Santa Fe.

Audiencia

En ese marco, y mientras el Servicio Penitenciario denunció a las cuatro internas por agredir a una guardia, el SPPDP presentó un hábeas corpus que se trató ayer. En primer lugar la abogada de la defensoría, Soledad Carroza, expuso sobre los hechos de violencia denunciado por las internas que resultaron lesionadas en esa requisa. En ese marco detalló situaciones que calificó como provocaciones, amenazas de traslados forzosos, amedrentamientos y burlas por parte del personal.

Además de pedir que se amplíe el horario de visitas, que cesen las amenazas y que las requisas "se efectúen de manera tal que no afecten y atenten contra la integridad física de las internas", Carroza solicitó que una empleada sea retirada del penal y que una interna regrese desde su actual alojamiento en Santa Fe. La exposición de la abogada fue respaldad por dos internas que también concurrieron a la audiencia.

Luego fue el turno del SP, cuyo representante brindó su versión, expuso sobre las lesiones del personal interviniente y los posteriores trasladado de algunas internas. La funcionaria insistió en que todo el procedimiento denunciado está registrado en video, explicó que las requisas son filmadas, dio cuenta de daños materiales ocasionados por las detenidas y leyó informes de médicos. Además refirió que la empleada cuestionada ya no está en la Unidad Nº 5.

Luego de oír a las partes y la fiscal de Violencia Institucional Karina Bartocci, la jueza aceptó parcialmente el recurso. Ordenó que cesen los actos de hostigamiento, pidió mejorar las condiciones de visitas, ordenó que la dirección del penal evalúe el estado psicológico de las reclusas que lo pidan y, según el caso, provea el tratamiento. Finalmente instó a las partes para la continuidad de las mesas de diálogo como herramienta para canalizar planteos sobre la convivencia en el penal.