El diputado provincial del PRO, Roy López Molina, presentó un pedido de informe junto a su compañero de bloque Federico Angelini sobre el accionar del Servicio Penitenciario (SP) de Santa Fe después de conocer que el jefe de la barra brava de Colón, Juan Abel "Quique" Leiva, utilizó su teléfono celular para dialogar con medios de comunicación de la capital provincial desde el penal de Coronda. "Nosotros seguimos manejando la hinchada desde la cárcel. Hablamos con gente buena del club", dijo el barra condenado a 17 años de prisión como autor del homicidio calificado de Walter González Montaner, en medio de una discusión en un boliche el domingo 13 de octubre de 2013.
El legislador, en ese marco, manifestó que "preocupa que el Servicio Penitenciario no advierta que se pueden seguir cometiendo delitos desde una celda, que se puede actuar con impunidad sin que medie castigo alguno. Deberían estar alertas sobre las acciones de un detenido con estas características, que utiliza teléfonos y dice que maneja a los barras desde una cárcel", cuestionó López Molina.
No se cumple la ley. "No podemos tolerar que un detenido con semejante prontuario diga por los medios de comunicación y desde una cárcel provincial que «está mal tener teléfono en la cárcel, pero lo necesito para hablar con mi familia», porque eso representa una falta absoluta de autoridad que resiente por completo la disciplina interna de cualquier penal. Por eso lamentamos que suceda en nuestra provincia y que nadie se haga responsable", refirió el legislador.
En el contacto con los medios, "Quique" Leiva dijo que "en Santa Fe el narcotráfico llegó pero es menor a lo que sucede en Rosario"; que su "primer abogado me dijo que la policía le pidió 200 mil dólares para salir en libertad"; que "nunca apreté a un jugador y nunca llegamos a molestar a ellos".
"No se cumple con el protocolo de una cárcel. Leiva dice en público que maneja la barra desde el penal y se siente con el poder de hacerlo", expresó López Molina. Y explicó que hará un pedido de informe "solicitando las condiciones por las cuales se le ha permitido, no sólo el uso de un celular, sino salir al aire en una radio desde su celda desafiando al Servicio Penitenciario, a las autoridades de la cárcel de Coronda y a todo el Ministerio de Justicia del gobierno de Santa Fe, de quien depende el sistema penitenciario".
Además, el diputado provincial sentenció que "de no haber sido autorizado a hacer ese llamado es aún más grave, puesto que es importante saber con precisión sobre las actuaciones administrativas y penales del Servicio Penitenciario responsables de su control, cuidado, custodia y vigilancia".
Por todo eso López Molina exigió que "las autoridades actúen con seriedad, compromiso y celeridad. Necesitamos respuestas concretas por parte de los ministerios de Seguridad y Justicia y un detalle sobre las responsabilidades".
Problema nacional. Vale recordar que días atrás el secretario de Asuntos Penitenciarios, Pablo Cococcioni, señaló que los inhibidores de señal de celulares que tienen para instalar en las cárceles no pueden usarlos por una orden del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), desde donde se alegó que su uso "perjudicaba a la empresa telefónica" Claro. Y manifestó que se "reclamará que se revea la medida porque los inhibidores tienen alcance acotado y hoy están tirados". Y contó que "los inhibidores se usan sólo en los sectores de las cárceles donde están alojados internos de alto perfil o integrantes de organizaciones criminales".
López Molina ya había planteado la necesidad de inhibir señales después de que Ramón Ezequiel "Monchi" Machuca, considerado un líder de Los Monos, hizo llegar un video a un canal de televisión porteño mostrando las condiciones de su celda y alertando que los carceleros provocaban a los detenidos con el fin de generar peleas que muchas veces pueden terminar trágicamente.
